Manifiesto

palabrasLa Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), integrada en la Federación estatal (FADSP), surge con el objetivo de actuar como plataforma de denuncia ante la opinión pública de cuantas anomalías, irregularidades o arbitrariedades puedan cometerse por una incorrecta utilización de los recursos económicos, tanto en el sector público como en las demás entidades que confluyan en el sistema sanitario.

Así mismo, para propiciar una alternativa racional y equilibrada al actual sistema de salud en Canarias, haciendo valer la necesidad de consolidar y mejorar la estructura actual y el funcionamiento de nuestra sanidad,  procurando mantener, potenciar,  ampliar y racionalizar los recursos personales, materiales, financieros y organizativos del sector público de la salud.

La Sanidad Pública universal y de calidad es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad.

En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.

Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.

Sin embargo, la privatización no se realiza de la misma manera en todas las CCAA, porque depende, en gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA gobernadas por el PP donde se han producido ataques más serios contra la Sanidad Pública, además del caso particular de Canarias donde ha sido Coalición Canaria la que se adelantó al PP en la furia privatizadora. En este caso, potenciando la sanidad privada mediante el dinero público de los conciertos o convenios singulares.

En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial que, con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.

Además, al no querer reconocer que la salud está fuertemente determinada por el entorno social, económico y cultural (y por tanto por la política), y no intervenirse con profundidad (desde la política) en ámbitos económicos, laborales, educativos, de servicios sociales, medioambientales, etc, dejando que se llegue a la enfermedad con todo el cortejo de manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y tratamientos varios, lo que en suma hace que sea en el terreno sanitario donde se acumulen enormes problemas asistenciales.

También cabe citar la evidencia científica que la investigación en servicios sanitarios nos puede ofrecer, como es el caso de estudios que analizan los patrones de derivación de consultas a especialistas privados por parte de los centros de atención primaria en el Reino Unido y en los que se llega a la conclusión de que la red privada no actúa como sustituta de la pública, especialmente en áreas con mayor deprivación económica en las que la pública ofrece mayor accesibilidad y presenta mayor demanda. Es decir que la sanidad pública es insustituible, salvo que se la destruya, evitando que la privada tenga una competidora a la que no puede sustituir, cosa que debemos temer por parte de PP y CC dada su vinculación a los empresarios e intereses de la sanidad privada.

Consideramos que se debe potenciar prioritariamente la Atención Primaria y también la Especializada en el ámbito de los Centros de Salud en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, dotándolos de los correspondientes recursos materiales y humanos de los que actualmente carecen. Así mismo, es fundamental que los centros, servicios y establecimientos de entidades privadas en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, dejen de ser objeto de conciertos o convenios singulares, dedicándose los fondos públicos a los centros del sector público para reducir las listas de espera y consiguientemente el tiempo de la misma.

Además, potenciar la infraestructura de los servicios de Salud Pública, en cuanto a prevención y control de enfermedades infecciosas y parasitarias, mejorando la higiene alimentaria y la salubridad ambiental, así como para la prevención de la siniestralidad en el lugar de trabajo y de las drogodependencias fundamentalmente.

Los órganos de participación social en la gestión del Servicio Canario de la Salud deben salir de su hibernación siendo activados para que la ciudadanía pueda aportar respecto a la orientación y evaluación de los servicios sanitarios como se establece en la Ley 14/86 General de Sanidad y en la Ley 11/94 de Ordenación Sanitaria de Canarias y que no se cumplen.

Por último, exigimos la necesaria construcción de los hospitales comarcales en el sur y en el norte de Tenerife con servicios como los de urgencias hospitalarias, medicina interna, cirugía (con dotación de camas quirúrgicas, no sólo para cirugía mayor ambulatoria ), diálisis y tratamientos oncológicos, entre otros.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía canaria a apoyar a nuestra Asociación y a sus objetivos, impulsando un movimiento de defensa de la Salud y la Sanidad Pública y es necesario que cuanto antes, lleguemos a plantear acciones que pueden ir desde movilizaciones puntuales a un proceso de puesta en marcha de alguna iniciativa legislativa popular.