Intersindical Canaria ha mantenido en los últimos meses tres reuniones con los responsables sanitarios de Canarias para abordar lo que considerábamos actuaciones urgentes para la mínima sostenibilidad de este servicio. Para ser más precisos, hemos mantenido sendas reuniones de trabajo con el Consejero, Sr Morera, en diciembre del pasado año, con el presidente del Gobierno, Sr Clavijo en abril de este año y con la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, el pasado mes de Mayo. Los encuentros fueron acompañados de las correspondientes propuestas para iniciar un proceso de recuperación del servicio público. Pese al compromiso de responder de inmediato a los asuntos planteados, hoy aún esperamos. Se confirma, por tanto que nos encontramos ante una Consejería de Sanidad ausente del área que tiene encomendada, pero también, junto a ella, de un Gobierno autista (sin capacidad de reacción, que no sabe, que no responde).

FINANCIACIÓN

En su lugar, y frente a la incapacidad presupuestaria que alega, la única e inaudita medida económica del Ejecutivo canario para “posibilitar” recursos para sanidad, ha sido la condonación de la deuda económica que el Estado tenía reconocida (2.400 millones de euros) con Canarias, anunciada por el Consejero Moreno hace ahora un año.

En cambio, nada hemos sabido de nuestras propuestas de recuperación financiera mediante la disminución del excesivo e innecesario número de puestos directivos y de libre designación que saquean cada mes las arcas públicas. Tampoco sobre nuestra petición de racionalizar los conciertos con la sanidad privada a la que el PSOE ha acabado renunciado y que supondría un importante y añadido ahorro del gasto para atender las necesidades del servicio público. Por ejemplo, las concertaciones de las resonancias magnéticas hay que calificarlo como fraude a la hacienda pública.

 REALIDAD ASISTENCIAL

Con la gestión y contabilización de las listas de espera, el PSOE practica la misma política que antes condenaba en los demás. Los últimos datos, aparte de contradictorios, han sido sometidos a maquillaje contable. De hecho los datos reales son considerados en los centros sanitarios materia reservada y confidencial para que no sean filtrados al exterior. Pera mejor entenderse, el Gobierno tiene institucionalizado un servicio que se dedica a presionar a los pacientes para que acepten ser atendidos en la privada, adelgazando falsamente el número en lista de espera oficial. (a esto lo llaman depuración)

A falta de capacidad para gestionar, esta Consejería y este Gobierno se han destacado por su afición a los fuegos de artificio. Primero con un Plan de Urgencias irrealizable en un contexto sanitario global en el que el sector de primaria es muy deficiente en cuanto a medios y organización y que tampoco tienen en cuenta la necesidad de métodos de drenaje para la descongestión de los servicios de urgencias ante la grave deficiencia de camas hospitalarias. Pero además y también, la inexistencia de partida económica alguna para realizarlo. Otro tanto ha supuesto el resucitado Plan de Salud de Canarias elaborado hace dos años por el anterior Ejecutivo y que continúa sin visos de materialización.

La red directiva dependiente de la Consejería de Sanidad, es una parte más de este desolador panorama. Desde Fuerteventura y La Palma en las que se repiten los abandonos y dimisiones de cargos y mandos intermedios, hasta en Tenerife y Gran Canaria en las que el servicio sanitario público ha sido ocupado por incapaces, arribistas y autoritarios que actúan mayoritariamente a su libre albedrío y capricho ante la evidente y peligrosa falta de autoridad del Consejero y su entorno.. En esta situación son algunos técnicos y funcionarios listillos, ajenos al servicio público y a su problemática real, los que se han hecho con el control de la gestión.

REALIDAD LABORAL

Además del aumento de la jornada laboral, los trabajadores se encuentran con la manipulación de la misma mediante la utilización de un programa informático de control anual que incrementa fraudulentamente las horas de trabajo sin que la administración haya accedido a su revisión o sustitución. Frente a ello, los representantes de los trabajadores se ven obligados a realizar controles mensuales de nóminas para corregir los perjuicios de un sistema perverso que el SCS se empeña en mantener y dar por positivo.

Son decenas de miles las horas que los trabajadores han realizado de más en los últimos años sin que hayan sido compensadas con libranzas o económicamente por la dirección. Como vemos, cuando hablamos de esclavización de los trabajadores sanitarios no exageramos.

Además de la férrea congelación salarial que sufren los trabajadores en los últimos años, el gobierno de Canarias continúa adeudando la parte de incentivos detraídos indebidamente y correspondiente al año 2011. También adeuda la mitad de la paga extra de 2012. Además en ese mismo año, la Consejería dejó en suspenso el abono de la carrera profesional, siendo repetidamente incumplida su promesa de proceder al abono de esa deuda. La mentira es otra de las características de esta administración sanitaria

En cuanto a la política de empleo, la actual Consejería y su gobierno, persisten en empeorar la situación heredada de anteriores ejecutivos, manteniendo y agravando el déficit de plantilla básico para atender las demandas de los pacientes En una radicalización extrema de esta medida, ahora han comunicado y amenazado con no sustituir las ausencias que se produzcan por permisos, vacaciones o bajas por enfermedad. Además del interminable proceso para ultimar la oferta de empleo correspondiente al 2007, suman ya casi diez años en que no se crea una plaza fija, convirtiendo a la sanidad pública en el servicio público con menor calidad de empleo, ello conlleva importantes perjuicios también para la asistencia sanitaria por su altísimo porcentaje de relevo laboral y la imposible especialización de los profesionales.

SUSTITUCIÓN DEL CONSEJERO DE SANIDAD

La permanencia de esta Consejería sumará cada día más sufrimiento a los usuarios y mayor esclavización a los trabajadores, motivo por el que debe ser de inmediato sustituida. Es esta una exigencia prácticamente unánime en los centros de trabajo.