Como si de un espectáculo de transformismo se tratara hemos asistido, con el telón de fondo de nada más y nada menos que una pandemia con su cohorte de sufrimiento, al enésimo ajuste a conveniencia politiquera en la Consejería de Sanidad de Canarias. Según parece han cambiado a un director del Servicio Canario de Salud, Alberto Pazos, que según los medios de comunicación no avalaba las irregularidades detectadas respecto a determinados gastos en la gestión derivada de la pandemia por otro director, Conrado Domínguez, que se atreve con todo. En realidad Conrado ya estaba en camino de regresar del todo al ser integrado por el Gobierno “de las flores”, el pasado mes de marzo, en el Comité para la emergencia sanitaria de la Covid-19. Por tanto, no es ajeno a la mencionada gestión de la pandemia. Para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) lo señalado constituye un auténtico escándalo, en cuanto a los principios democráticos y ya veremos cuánto se tarda en demostrar si también lo es respecto a la honestidad y ética en la administración pública.

Por otro lado, con Conrado Domínguez y otros altos cargos nombrados el mismo día que él vuelve el equipo completo del Consejero Baltar, dudoso papel el del actual Consejero Blas Trujillo que estará a la sombra del auténtico Consejero en la sombra, José Manuel Baltar, con la patronal del sector sanitario privado detrás suyo. También llama la atención que Blas Trujillo habiendo nombrado a Alberto Pazos, con quien había trabajado en cargos anteriores, por ser de su absoluta confianza no presente la dimisión por mínima coherencia. La ADSPC proseguirá denunciando los presuntos chanchullos que se produzcan ya sean respecto al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Dr, Negrín, respecto a los tratamientos de Oncología Radioterápica, respecto a la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud, etc. Todos ellos casos en los que tanto el señor Baltar como Conrado Domínguez han de rendir cuentas.

Por ilustrar cómo se las gasta el señor Domínguez, queremos señalar que en el último caso mencionado referido a la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, siendo el titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias  José Manuel Baltar en situación de manifiesta incompatibilidad, pues tan solo un año antes, desempeñaba el puesto de Director de Operaciones de la Entidad Hospitales San Roque, así como el de Director/Gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en dicha adjudicación, había dictado durante el concurso la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al concurso.

Así mismo un día antes de que finalizara el plazo de suspensión para exigir los requisitos establecidos a las clínicas privadas, nuevamente atentando contra las normas más básicas del procedimiento administrativo, mediante una carta/oficio que lleva por título “Medidas urgentes necesidad camas hospitalarias” firmada el 5 de abril de 2019 por el Director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, se comunica a las entidades adjudicatarias de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, de forma arbitraria, mediante una actuación sin legitimación del Director del Servicio Canario de Salud, que se prolonga durante otro año más (hasta el 5 de abril del año 2020) la suspensión de los requisitos establecidos. Al amparo de la misiva remitida por el responsable del SCS que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente para alterar la Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de marzo de 2018, los Centros Sanitarios Privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente. Todo ello generando perjuicios a las y los usuarios del sistema público de salud.

Está claro que al señor Domínguez no se le puede dar ni un solo día de tregua. Conocemos su andadura de años y por tanto no nos va a coger desprevenidos aunque despliegue sus tácticas de manipulación de cifras, cortinas de humo y encantamiento de serpientes. Ante todo lo señalado, procede continuar sin desmayo la lucha por la Salud y la Sanidad Pública de Canarias que de modo ininterrumpido llevamos sosteniendo, contra viento y marea, desde hace 12 años justamente en este mes de septiembre.

En Canarias a 7 de septiembre de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) queremos manifestar nuestra valoración y propuestas ante la preocupante evolución de la pandemia por coronavirus en el conjunto del Estado español y particularmente en Canarias.

En primer lugar cabe señalar que la epidemia nunca remitió por completo porque tiene su base de desarrollo en una estructura social especialmente desigual en comparación con la media europea, tiene su base de contagios en el sistema productivo, en las actividades laborales calificadas como esenciales y otras que lo son menos (salvo para generar ganancias a los poderes económicos), en la economía sumergida, en el trabajo precario, precariedad y capacidad de contagiarse que se extiende a los barrios obreros, que se potencia en las viviendas insalubres y con el hacinamiento…..

Posteriormente se añadió, precisamente por la presión del sistema productivo, la precipitación en la desescalada en el conjunto del Estado y con una enorme presión en Canarias de la patronal hotelera y turística que en su momento la ADSPC denunció públicamente por activa y por pasiva. Ahora, sin dudas, estamos viviendo un desarrollo prematuro de la prevista segunda oleada para la estación otoñal que tiene su raíz coyuntural en la precipitada apertura a las actividades turísticas y de ocio cuya responsabilidad soslayan atribuyendo sus consecuencias exclusivamente al comportamiento individual en las relaciones sociales.

El empeoramiento de la situación de salud y la amenaza de colapso sanitario vuelven a estar muy presentes en varias CCAA, en Canarias ahora es en la isla de Gran Canaria donde más se manifiesta pero avanza proporcionalmente en otras islas, Lanzarote, El Hierro….. Y ahora hay que recordarle al señor Presidente y a todo el Gobierno de Canarias varios de sus compromisos cuyo incumplimiento nos está llevando al desastre. En primer lugar respecto a su obligación de garantizar el cumplimiento general de las normas de seguridad sanitaria actuando con notable desidia, tampoco ha cumplido con la potenciación de la Atención Primaria ni con las ratios de “rastreadores”. Se ha duplicado el trabajo sin cumplir la promesa de contratar a más personal y además no se sustituye al personal de vacaciones aunque hay gente comprometida que echa una mano,  e incluso dobla, pero todo tiene un límite. Además cabe señalar que ya los hospitales no tienen capacidad para dar el resultado de la PCR en 24 horas.

Podemos decir que “gracias a las medidas que han adoptado” estamos peor que en plena primera oleada de la pandemia. Por otro lado, también queremos recordarle su insistencia, que no dudamos en calificar de demagógica, acerca del papel que en la pandemia debía tener la sanidad privada porque, particularmente ahora en Gran Canaria, se lavan olímpicamente las manos de pacientes de Covid-19 alegando que no tienen infraestructura para atenderlos y los remiten a los centros del SCS.

Otra cuestión esencial es el comienzo presencial del curso escolar con un mínimo de seguridad para lo cual, según Michael T. Osterholm, uno de los mayores expertos mundiales en epidemiología, se precisa que la tasa de incidencia de casos no sobrepase la de 25 casos por 100.000 habitantes al día. Para tener una mayor seguridad considera que el requisito debería ser el de tener menos de 5 casos/100.000 habitantes/día con decrecimiento durante las dos últimas semanas, debiéndose abrir los colegios con las correspondientes medidas de prevención y seguridad sanitaria. Evidentemente Canarias no cumple estos parámetros globales por lo que no puede comenzar el curso escolar presencial de modo global en nuestra comunidad. Consideramos que ese necesario objetivo de la educación presencial hay que plantearlo solo en los municipios donde a día de hoy la situación epidemiológica lo permita y en los que eso no ocurra se deben  valorar incluso confinamientos como en el caso de Las Palmas y de Arrecife que presentan tasas de íncidencia de contagios diarios de 500/100.000 habitantes. En aquellos colegios que comiencen su actividad es preciso articular, con el personal que se precise para ello, la coordinacion de los mismos con los centros de salud para asesoramiento y seguimiento.

Como debe comprenderse todo lo apuntado es más que suficiente para exigir muchas dimisiones. También aportamos soluciones desde lo situado más en la superficie, como sería la emisión de una orden terminante del Presidente para imponer al sector privado la obligación que él dice tener clara y también sería necesaria una actuación decidida respecto al curso escolar. Por otro lado, intervenir en la profundidad de la pandemia ya que es un problema que no es estrictamente sanitario sino social, depende de la actividad laboral, de donde se viva (vivienda, barrio), etc. en definitiva de la clase social y de la mayor o menor desigualdad. Depende por tanto de la transformación social y política. Por ello la ADSPC reclama una acción política radical para cambiar las estructuras sociales y políticas, mejorando las condiciones de vida y trabajo de la población con su participación directa en la toma de decisiones y en su ejecución. Nada mejor que potenciar el poder de la ciudadanía y del conjunto del personal sanitario para en coordinación monitorizar y rastrear las bases y raíces descritas de la pandemia.

Otras políticas de salud y de atención sanitaria son posibles pero para ello hay que cambiar las prioridades, hay que poner por encima de los intereses económicos, de las ganancias de los dirigentes del sistema productivo los intereses de la inmensa mayoría de la población que porta en su capacidad para el trabajo, para la generación de riqueza y para la solidaridad las armas con las que derrotar a la pandemia y al sistema que la hace posible. Habrá que hacerlo, con mascarillas y distancia de seguridad, pero habrá que hacerlo sí o sí.

En Canarias a 1 de septiembre de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Tras haber presentado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) una solicitud ante la Consejería de Sanidad/ Gobierno de Canarias el 20 de mayo de 2019 y un recurso de alzada el 25 de noviembre de 2019 la ADSPC ha interpuesto ahora recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Sanidad del Gobierno de  Canarias en relación con la adjudicación de los Acuerdos Marco para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud.

Tal acción judicial se plantea para que se acuerde la suspensión y/o en su caso revocación, de la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia con relación a las plazas de los centros que no cumplan los requisitos de homologación y en su caso, para que se proceda a la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de hospitalización de media estancia afectados de nulidad de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Se da el caso de que en esos momentos el titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias era  José Manuel Baltar en situación de manifiesta incompatibilidad, en los términos que constan en el escrito, pues tan solo un año antes, desempeñaba el puesto de Director de Operaciones de la Entidad Hospitales San Roque, así como el de Director/Gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en el Acuerdo Marco de Contratación objeto del presentado Contencioso Administrativo. El señor Baltar había dictado durante el concurso para los nuevos contratos de Acuerdo Marco la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al nuevo concurso de Acuerdo Marco.

Así mismo un día antes de que finalizara el plazo de suspensión para exigir los requisitos establecidos en la citada Orden de 28 de noviembre de 2006 a las clínicas privadas, nuevamente atentando contra las nomas más básicas del procedimiento administrativo, mediante una carta/oficio que lleva por título “Medidas urgentes necesidad camas hospitalarias” firmada el 5 de abril de 2019 por el Director del Servicio Canario de Salud Don Conrado Jesús Domínguez Trujillo, se comunica a las entidades adjudicatarias de los Acuerdos Marco de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, de forma arbitraria, mediante una actuación sin legitimación del Director del Servicio Canario de Salud, que se prolonga durante otro año más (hasta el 5 de abril del año 2020) la suspensión de los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006. Al amparo de la misiva remitida por el responsable del SCS que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente para alterar la Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de marzo de 2018, los Centros Sanitarios Privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente. Todo ello generando perjuicios a los usuarios del sistema público de salud.

Con la presentación de este contencioso se continúan así las acciones judiciales de distinta índole que, ya en curso, ha puesto en marcha la ADSPC conforme al compromiso adquirido con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que se organizó con dicha finalidad.

En Canarias a 27 de julio de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Ante todo, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, le deseamos lucidez y suerte en su nuevo puesto en un Área tan sensible y complicada como es la de Sanidad, aunque como persona y economista de profesión nos merece todos nuestros respetos nos gustaría hacer unas reflexiones, que quizás le ayuden en su cometido.

La Covid-19 no es el problema de la Sanidad y la Salud en Canarias, el problema es el estado de la Salud y de la Sanidad en Canarias que nos ha conducido a estar en la cola de las CCAA con unos índices de Salud y Sanitarios que dan pena y que desdicen de lo que es una buena gestión a lo largo de los años por parte de los diversos Partidos Políticos.

Como usted bien sabe, administrar no es lo mismo que gestionar, según la Real Academia de la Lengua administrar es dirigir una institución o bien ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda y los bienes, gestionar es llevar adelante una iniciativa o un proyecto.

El mayor problema de la Sanidad en Canarias es la mala gestión que se ha transformado en un problema estructural y fundamentalmente porque se necesitan personas con conocimiento y haber vivido la problemática desde el campo de batalla que es el contacto en primera línea con el diario quehacer de la Sanidad y de la problemática de la Salud y esos conocimientos no se obtienen por muchos años que se haya trabajado en la administración sanitaria pues, para más inri, esa administración es propiamente la responsable de la actual situación que padecemos con los resultados  que estamos sufriendo y este ha sido el error que se ha cometido durante todos estos años. En este sentido queremos resaltar la importancia de la participación profesional y ciudadana en las decisiones de la propia gestión sanitaria, como se reconoce en la normativa incumplida sobre los Consejos de Salud, en cuanto a “identificación de los problemas de salud, la determinación de prioridades de actuación, la asignación de recursos y la evaluación”.

Siempre que se habla del tema sanitario surge la palabra gasto que tanto aterra a los administradores, pero es que gasto no es lo mismo que inversión y si no ahí tenemos un ejemplo reciente, se hizo un enorme gasto en construir un Puerto en Granadilla que actualmente ya se reconoce que no tiene razón de ser o sea que se ha hecho un gasto multimillonario, pero como inversión ha sido un fracaso.

Si algo nos ha enseñado esta Pandemia es que no haber invertido correctamente en personal, infraestructuras, Salud Pública, Atención Primaria, etc. y haber apostado por el eufemismo de la externalización, para encubrir la inacción en el sector público y usar sus presupuestos para dirigirlos al sector privado, somos la tercera CCAA mas privatizada después de  Madrid y Barcelona que “casualmente” son las que peor se han comportado en esta Pandemia, son las que nos han llevado a descubrir por si alguien no se había enterado de lo mal que estamos en Salud y Sanidad Pública.

Son muchos los retos que tiene sobre la mesa y solo un giro de 180º puede salvar la salud de la población canaria. Hace unos días publicamos un manifiesto que pensamos le puede dar algunas ideas de lo que necesitamos en la Sanidad Canaria. Podrá encontrarlo en “los medios” y en nuestra web http://www.asociacionparaladefensadelasanidadpublicadecanarias.com/uncategorized/manifiesto-de-2020-por-la-salud-y-la-sanidad-publica-canaria/

El futuro nos dirá si hemos aprendido algo del gran problema que ha sido y seguirá siendo esta Pandemia, pero no debemos olvidar que lo más importante es lo que se ha hecho evidente de un modo más manifiesto aún, la grave situación de la Sanidad y de la Salud en Canarias.

En Canarias a 6 de julio de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Este año 2020 se cumplen 12 años de la actual segunda etapa de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) y lo hacemos con una situación de salud y de asistencia sanitaria marcadas por la pandemia por Covid-19 y todas las consecuencias y efectos concurrentes de una crisis, además de sanitaria, de carácter global, social, económica y posiblemente política.

Por eso es momento de hacer una actualización de nuestro Manifiesto de modo que recojamos las realidades actuales y las medidas que se precisa adoptar por las Administraciones Públicas Canarias.

La pandemia puso de relieve con especial crudeza que la Sanidad Pública universal y de calidad es un pilar esencial para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad dado que las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos llevaron a una descapitalización que se tradujo en recortes, desmantelamiento y privatización favoreciendo el negocio privado con la sanidad y debilitando sobremanera el derecho a la salud de las personas.

Sin embargo, la privatización no se ha realizado de la misma manera en todas las CCAA, porque depende de la voluntad política de los gobiernos autonómicos frente a la que se tiene que desarrollar la capacidad de la ciudadanía y de las fuerzas sociales para evitarla. En Canarias han sido los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, en solitario o en alianzas alternantes con PSOE o PP, los que han utilizado fundamentalmente el dinero público mediante la vía de los conciertos o convenios singulares con las empresas privadas para debilitar a la Sanidad Pública y fortalecer a la sanidad lucrativa.  Tampoco el gobierno del “Pacto de las flores” marca distancias con los anteriores al promover la llamada “colaboración público-privada” en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Por tanto hacemos un llamamiento al Gobierno central y al de Canarias para que se deroguen la Ley 15/97, el RD 16/2012 y toda aquella normativa que legaliza y posibilita la externalización de servicios y/o su privatización. Canarias ha sido de las CCAA que mejor está soportando la pandemia, pero no por su estructura sanitaria o por su desarrollo de la Salud Pública, los resultados deben mucho a nuestro aislamiento insular y además a un desempeño profesional que se ha saldado con una de las tasas de contagio más elevadas en el conjunto del Estado.

Siempre ha sido muy débil en Canarias el reconocimiento de que la salud está fuertemente determinada por el entorno social, económico y cultural (y por tanto por la política), y no se interviene con profundidad (desde la política) en ámbitos económicos, laborales, educativos, de servicios sociales, medioambientales, etc, dejando que se llegue a la enfermedad con todo el cortejo de manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y tratamientos varios, lo que en suma hace que sea en el terreno sanitario donde se acumulen enormes problemas asistenciales. Hemos insistido en el pasado sobre la precariedad de los dispositivos de Salud Pública en nuestra comunidad a la que se le ha venido destinando tan solo un 0,98 %, incluidas las vacunas, del presupuesto de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, lo que hemos relacionado a su vez con los malos indicadores de salud de la población canaria que derivados de las desigualdades sociales en salud por el desempleo, la pobreza, marginación social, etc., se traducen en la esperanza de vida más baja del Estado español, menos la de Andalucía, por la mortalidad por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica….y que también ha manifestado sus debilidades en el desarrollo de la pandemia en Canarias. Además en estos momentos hay que añadir la particular dificultad por el deterioro de la salud de la población canaria que supone la mayor agudeza del empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo derivada del modelo económico altamente dependiente del turismo.

En cuanto a la Atención Primaria la “nueva relevancia” que se le ha adjudicado como pieza clave para el control de la pandemia, choca con la realidad de que su gasto en Canarias, de media, de 176,26 euros por cada habitante, la coloca, después de Extremadura, como la comunidad con la inversión más baja en esta área asistencial. El incremento en 2018 con respecto a 2010 es de apenas 35 céntimos por paciente. La media española se sitúa en 197,47 euros. El porcentaje destinado en Canarias a la Atención Primaria con respecto al total reservado al sistema de salud apenas ha variado, en 2010 ascendía al 13,58% y ocho años después, al 13,71%. Destaca además en Canarias el alto porcentaje de médicos de familia que tienen más de 1.500 pacientes asignados, el límite que se considera recomendable no superar para evitar la sobrecarga laboral de los profesionales y para prestar la asistencia debida a la población.

Medidas necesarias

1) Financiación suficiente de la Sanidad Pública: incremento del presupuesto en general y particularmente en Salud Pública y Atención Primaria. Aunque es necesario elaborar en el conjunto del Estado el Plan Integrado de Salud que establezca las necesidades de salud de la población y cuantifique las exigencias presupuestarias para hacerles frente, es importante avalar una financiación finalista, con un fondo específico para rescatar la Sanidad Pública gestionado por el Consejo Interterritorial, que complemente los presupuestos autonómicos y disminuya de forma significativa las diferencias en los presupuestos por habitante que existen actualmente entre las CCAA (y que en 2020 superaban los 500€). En Canarias se precisa aumentar el presupuesto de AP hasta el 25% del presupuesto  total de la Consejería de Sanidad y el de SP hasta el 2,5% del total al menos.

2) Potenciar la Salud Pública, además de presupuestariamente, mediante el desarrollo de la Ley de Salud Pública, aprobada en 2011 y puesta en hibernación por los gobiernos del PP y con su concreción en Canarias en base a la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Parlamento de Canarias que ya está en la cuarta legislatura de espera para ser útil en la elaboración de la necesaria Ley Canaria de Salud y Sanidad que además establezca la prioridad de blindar el carácter público, universal y gratuito de la atención sanitaria. Los servicios de Salud Pública deberían coordinar sus estrategias con la Atención Primaria y las administraciones locales para combatir los determinantes de las enfermedades crónico degenerativas (pobreza, alimentación, contaminación, salud laboral, sedentarismo, tabaquismo, etc.)  y los sistemas de alerta y contención de las nuevas epidemias de enfermedades contagiosas (Gripe A, Ebola, SARS, Coronavirus…) asociados al cambio climático y la globalización neoliberal. Los servicios de epidemiologia y lucha con las enfermedades infecciosas deberían reforzarse y mejorar su capacitación. Se debe tener muy en cuenta que la baja prevalencia de Covid-19 en Canarias implica la mayor amenaza de rebrote ya que la proporción de susceptibles a infectarse es particularmente alta.

3) Potenciar y desmedicalizar la Atención Primaria. Este nivel asistencial ha demostrado su capacidad para acercar los servicios asistenciales a la población y gracias al conocimiento de los antecedentes personales, familiares y de su historial clínico, garantizar una atención cercana y segura a las personas y familias que forman la comunidad. Se precisa recuperar las plantillas perdidas y mejorar las condiciones laborales ya que ahora hay que cubrir 2 circuitos, el Covid y el no Covid, recuperar el personal que se fue despedido que no se ha recuperado y el necesario en una pandemia. Para que pueda funcionar adecuadamente se precisa reforzar su papel en el sistema sanitario, aumentado su presupuesto (hasta el 25% del total sanitario), el personal, sobre todo el de enfermería (potenciando la enfermería comunitaria) y otras categorías profesionales como la de psicología, fisioterapia, trabajo social para desmedicalizar las consultas y satisfacer las demandas de la población,  que el actual modelo transforma en enfermedades y tratamientos medicamentosos, estableciendo criterios mínimos por Tarjeta Sanitaria Individual, mejorando sus medios y potenciando la atención domiciliaria, la prevención y la promoción. Los profesionales médicos y de enfermería no deberían asumir cupos de más de 1.300 pacientes y los pediatras no superar las 1.000 tarjetas sanitarias asignadas. A corto plazo debe ser objetivo prioritario garantizar que no existan profesionales con más de 1.500 personas asignadas y que el 95% de la demanda se atienda en 24 horas. La gestión de los procesos asistenciales deberían estar coordinados desde la Atención Primaria.  Una renovada AP debería recuperar su carácter comunitario mejorando su coordinación con los hospitales, servicios de salud pública, alerta epidemiológica, recursos sociales, atención a la dependencia e instituciones municipales, con la participación e implicación de la población en el marco de las Áreas Sanitarias insulares y de las Zonas Básicas de Salud municipales en los Consejos de Salud. La Atención Primaria debería hacerse responsable de la asistencia a las personas mayores en las residencias,  lo que exige que los Centros de Salud donde haya residencias deberían incrementar sus equipos especialmente en enfermería, psicología, fisioterapia y  trabajo social, con protocolos claros de actuación y adecuada coordinación del personal de AP con el personal propio de las residencias.

4) Afrontar las listas de espera mediante un Plan de abordaje de las mismas que necesita recursos humanos específicos y el reforzamiento del funcionamiento al 100% de los centros sanitarios públicos. Todo esto conlleva recuperar las plantillas perdidas, potenciarlas y mejorar las condiciones laborales. Se evitará al máximo la aplicación de la normativa que posibilita la externalización de servicios, hasta que sea derogada, de modo que no vaya ni un euro público más para la sanidad privada. Este plan tiene que articular  los recursos del conjunto de la Sanidad Pública (primaria y especializada) y sumar una garantía de derechos más recursos más sistemas organizativos más sistemas de información y rendición de cuentas, tiene que tener un carácter estable. En la gestión de las listas de espera los pacientes deben tener una información real de las esperas en el momento de su inclusión y debe articularse también la necesaria implicación de los profesionales debiéndose consensuar que no todos los procesos son iguales y hay diferentes grados de prioridad.

5) Ampliar camas de media y larga estancia. Tenemos un déficit muy importante de camas hospitalarias, la mayoría de ellas de larga y media estancia. El posible bloqueo de camas de los hospitales de agudos por los pacientes contagiados por el virus y la paralización de la atención a enfermos con otras patologías plantea la necesidad de crear una red de camas de crónicos de las que apenas disponemos que sirva de colchón para futuras pandemias y mejore la eficiencia hospitalaria. Convendría también a medio plazo realizar un plan estratégico de atención especializada para adaptarla a los nuevos retos de salud, también cabría exigir el cumplimiento de las incompatibilidades y la dedicación exclusiva a los trabajadores del sistema público.

6) Ley Canaria de Salud y Sanidad que establezca y regule de modo tasado el funcionamiento general de la Consejería y del Servicio Canario de la Salud en todos los aspectos mencionados de modo que garantice la estabilidad organizativa y de las políticas públicas de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria poniéndolas a resguardo de variaciones partidistas o intereses espúreos. Que deje claro en ese contexto el papel de las distintas gerencias, del Plan de Salud de Canarias, que afronte la necesidad de materializar realmente los hospitales comarcales…..y que garantice la participación social y profesional en los Consejos de Salud, órganos de participación en la gestión del Servicio Canario de la Salud contemplados en la normativa general y que no se cumplen..

Por todo ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía canaria a apoyar todos estos objetivos, impulsando un potente movimiento de defensa de la Salud y la Sanidad Pública siendo necesario que cuanto antes, si la pandemia lo permite, sigamos planteando acciones que pueden ir desde movilizaciones en centros sanitarios o en la calle a la reactivación de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Parlamento de Canarias, pasando por las acciones judiciales que ya hemos puesto en marcha conforme al compromiso adquirido con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que organizamos con dicha finalidad.

Canarias a 28 de Junio de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias