Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias consideramos que por más que se empeñen nuestras “autoridades sanitarias” en actuar como bomberos que corren a apagar fuegos, en el auténtico colapso que sufren las urgencias hospitalarias en nuestro archipiélago, su responsabilidad es más que patente.

En primer lugar, la Consejería de Sanidad, tras los recortes de los últimos años, no ha resuelto la escasez de recursos materiales y humanos que se da en el ámbito de la Atención Primaria, impidiéndole jugar el decisivo papel para el que fue concebida,  “actuar como gestora y coordinadora de casos y reguladora de flujos, así como de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad y asistencia sanitaria”. No existen programas de cuidados en domicilio para pacientes crónicos y dependientes cuando la contratación de cuidadores y terapeutas profesionales, junto a una adecuada coordinación con Atención Especializada y con una Atención Sociosanitaria bien dotada de camas públicas, minimizaría la sobrecarga de urgencias en los hospitales. Su precariedad favorece que los enfermos acudan a las urgencias hospitalarias lo que además expresa el fracaso de la campaña del Servicio Canario de la Salud culpabilizándolos por “hacer mal uso de los servicios”. También refleja la desastrosa implantación del Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias (PLUSCAN).

Así mismo, se mantiene el efecto negativo, sobre la salud de la población, de las desigualdades sociales, del desempleo, de la pobreza, de la marginación social que no se abordan coherentemente por las políticas públicas. Tal cosa y el deficiente funcionamiento del Servicio Canario de la Salud lleva a que los indicadores del mismo, de listas de espera quirúrgica y de primera consulta de especialistas, sean los peores del conjunto del Estado Español.

En Canarias los indicadores de esperanza de vida, de esperanza de vida con buena salud y el porcentaje de población con limitación de actividad son mucho peores que la media estatal (en Canarias vivimos una media de 58,3 años de vida con salud, frente a la media estatal de 72,3 años). La gripe se extiende más y se complica más en una población de enfermos precoces y crónicos resultado de la falta de políticas serias de prevención (en Canarias el presupuesto de 2018 en Salud Pública, descontando vacunas, fue del 0,5% del presupuesto del SCS). Además, el cierre de camas públicas y la creciente privatización, vía conciertos con la sanidad privada, favorece que en momentos de picos de la demanda, cosa que ocurre con la agudización de procesos catarrales y gripales propios de la estación del año en que nos encontramos, se produzcan cuellos de botella en las urgencias de los hospitales públicos.

Aunque las “autoridades sanitarias” parezcan desconocerlo, la gripe es una enfermedad epidémica que se produce todos los años y además aproximadamente en las mismas fechas, por lo que caben pocas sorpresas. Por otro lado aunque la virulencia de la epidemia depende del tipo concreto de virus y el pico de la enfermedad está muy relacionado con la climatología, una adecuada vigilancia epidemiológica puede detectar el aumento de casos y predecir el momento más álgido de la epidemia. Es decir es un fenómeno previsible que se produce todos los años en invierno y que puede detectarse a tiempo. Por supuesto nada impide, y es más, la lógica lo aconseja, el realizar planes de respuesta que se puedan activar cuando se comprueba que empieza la epidemia, incrementando los recursos en atención primaria y hospitalaria, abriendo salas que se cerraron por los recortes, etc. No es difícil para cualquier persona con unos conocimientos básicos de planificación sanitaria.

Ningún parecido con el funcionamiento de nuestros “irresponsables” sanitarios que una vez más ponen al descubierto que están más preocupados por deteriorar y privatizar la Sanidad Pública que por atender con eficacia a los problemas de salud de la ciudadanía que tiene que seguir manifestando sus quejas, convirtiendo éstas en protesta organizada y finalmente consiguiendo que la misma derive en una política alternativa que defienda la Salud y la Sanidad Pública de Canarias. Sobre todo esto, y mucho más, se tratará en la presentación del libro de la ADSPC, editado por el Centro de la Cultura Popular Canaria, los días 23 y 24 de enero a las 19 horas, primero en el Círculo de la Amistad de Santa Cruz y luego en el Club de La Provincia en Las Palmas, contando con la intervención de Marciano Sánchez Bayle portavoz estatal de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

En Canarias a 21 de enero de 2019

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Ante la denuncia hecha pública por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, en rueda de prensa celebrada el pasado día 27 de diciembre de 2018, aparece una respuesta de la Consejería de Sanidad, en la página 14 del periódico El Día de 28 de diciembre, que sin dudas merece ser catalogada de inocentada propia de esa fecha.

Cita la Consejería como fuente al Ministerio de Sanidad que sin embargo conviene aclarar que publica los datos remitidos por las comunidades autónomas, en este caso correspondientes a la lista de espera a 30 de junio de 2018. Por tanto, los datos contenidos en la respuesta de la Consejería son los datos oficiales de ella misma y ya es de sobra conocido el afán por la “cocina” de nuestra Consejería. Es el gran inconveniente de la escasa transparencia de la administración sanitaria de Canarias que no pone al servicio del control público un sistema de seguimiento continuo de las listas de espera.

Canarias, con una espera media oficial de 147 días encabeza la clasificación del conjunto de las CCAA. De los pacientes que esperan, el 24 % esperan más de 6 meses para ser operados, mientras que en el País Vasco y en Asturias no habría ningún paciente esperando más de 6 meses.

En cualquier caso, la supuesta rebaja de la lista de espera se habría hecho recurriendo a las clínicas privadas y con financiación pública lo que supone la potenciación con dinero público del negocio de la sanidad privada. Curiosamente, el Consejero utiliza como argumento para recurrir a la privada el hecho de que la sanidad pública canaria, además de la falta de camas, es la última en número de quirófanos públicos. ¿Quién es responsable de eso?, por ejemplo, es conocido que Baltar no invirtió 18,5 millones de euros presupuestados para infraestructuras sanitarias en 2017.

Pero cuando se llega al éxtasis de la desvergüenza es al referirse al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Dr. Negrín, señalando que desde 1991 ha estado concertado por lo que niega que se dé una nueva privatización, pretendiendo ignorar que en el año 2015 finalizó el contrato, y sus prórrogas, por lo que desde esa fecha el servicio de Medicina Nuclear ha seguido gestionado por San Roque en una situación de alegalidad. A esto cabe añadir que hay “informes”, que no se han publicado y que hemos solicitado conforme a la Ley de Transparencia y no se nos han facilitado, que indican que la privatización del servicio es “ventajosa” por lo que, blanco y en botella, se va a formalizar una nueva privatización, más claramente tras el rechazo a su carácter público en el Parlamento por parte de CC, PP y ASG.

En cuanto a las Ofertas Públicas de Empleo, cabe decir que carecen de credibilidad tanto en cuanto a la oferta de plazas reales como en cuanto a su cobertura efectiva final. Son expertos en sacarlas en vísperas de elecciones y si tenemos en cuenta que aún no se ha terminado la del año 2007 prácticamente queda todo dicho al respecto.

Solo podemos añadir que duele tanto cinismo y burla a trabajadores y ciudadanía en general a los que llamamos una vez más a reaccionar con indignación para acabar lo antes posible con estos dirigentes que no se merecen.

En Canarias a 29 de diciembre de 2018

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Desde hace años la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) viene denunciando que la situación que padecíamos en la Sanidad de Canarias estaba creando  un verdadero problema de Salud para la ciudadanía, el tiempo desgraciadamente nos ha dado la razón. Y no solo es que estemos a la cabeza de las Comunidades Autónomas (CCAA)  en diversas patologías, es que en el último informe de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias es la región donde más aumentó la mortalidad, un 10.2% respecto al año anterior.

No caben discursos demagógicos por parte de la Consejería de Sanidad sobre lo bien que lo está haciendo o como bajan las listas de espera, cuando Canarias sigue siendo la Comunidad Autónoma con mayor espera de todas. Finalmente, los datos les delatan.

La cruda realidad es que tenemos la peor Sanidad del conjunto del Estado Español y unos índices de mortalidad y de prevalencia de patologías graves que son los más altos de todas las CCAA, unos índices de Salud inaceptables. Continuamos siendo una de las CCAA donde la esperanza de vida es más baja.  Y por primera vez desde el año 2004, ambas provincias Canarias registran una mortalidad infantil peor que la media estatal.

La razón, una mala gestión que solo se ocupa de privatizar y de medidas electoralistas basadas en falsedades y medias verdades, una escasa inversión en Salud y una financiación sanitaria insuficiente (la segunda más baja por habitante de todo el Estado).

Esta semana se aprobarán en el Parlamento unos presupuestos que nos van a dar más de lo mismo con una Consejería de Sanidad que lo único que dice es que se pondrá en la cola de  la Consejera de Hacienda para ver si rebaña algo.  A pesar de las múltiples reclamaciones, necesidades y demandas la Consejería de Sanidad hace oídos sordos, solo prevalece su afán privatizador.

Por ello finalmente, desde la ADSPC y la Marea Blanca Canaria queremos solucionar los  problemas de Salud de la población canaria recurriendo a la vía judicial, la única que hoy por hoy nos queda para defender nuestro derecho constitucional a la Salud. Para eso hemos puesto en marcha un crowfunding o colecta (disponible en https://goteo.cc/defensasanidad) con el objetivo de conseguir fondos para los gastos jurídicos y demás actuaciones, ya que no recibimos subvenciones de ningún tipo.

En Canarias a 18 de diciembre de 2018

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Una de las deficiencias más escandalosas del Plan de Salud de Canarias es al realizar un diagnóstico de la situación de la atención psiquiátrica y la salud mental en Canarias,   no   Cuantificar ni analizar si en la actualidad, se cuenta en los diferentes niveles asistenciales con el número de profesionales necesarios en cada categoría profesional o si esto es proporcional a las poblaciones de referencia. Así mismo, tampoco valora ni analiza si nuestra comunidad cuanta con el número de camas hospitalarias suficientes, o equipos comunitarios de salud mental o plazas de rehabilitación, alojamiento, ocupacionales o de empleo óptimas.

Se espera que un Plan de Salud Mental cuente con una estimación de estos indicadores de estructura para conocer y analizar si puede considerarse que la atención psiquiátrica y de salud mental se encuentra en un nivel óptimo de recursos, pues como sabemos, en esta área de la medicina, la mejor tecnología son los profesionales de calidad y unos dispositivos adecuados. La ausencia de este análisis impide contar con un marco de referencia para poder realizar comparaciones y valoración si la población canaria dispone de la cobertura asistencial necesaria en materia de salud mental. Pues bien, este análisis no se aporta en el PSMC, y es más grave su ausencia cuando se propone poner en marcha una serie de nuevos dispositivos, centros, programas , sin tener una evaluación de los recursos necesarios para ello. Probablemente esta ausencia será reflejo que lo único que se pretende es hacer más con unas plantillas saturadas, más aún, cuando viene bien detallado los indicadores de productividad. Girar el calcetín del modelo ambulatorio reforzado se queda en mera declaración.

Por esto, entre las 16 medidas del Plan de Acción que la ACN ha propuesto como prioridad y marco de consenso financiero, reclamamos un análisis en profundidad de la situación de la salud mental en Canarias en base a los indicadores de estructura y de resultados, para realmente hacer un análisis fecundo de la situación actual y construir las base de su mejora y profundización. Este PSMC con las ausencias que señalamos junto con la improvisación presupuestaria apunta más  a  un canto de sirena que la profunda transformación de una atención ambulatoria reforzada en una verdadera psiquiatría comunitaria.

La ACN esperaba que este Plan de Salud Mental actualizara las ratios de cobertura asistencial de la población canaria en materia de atención psiquiátrica y Salud mental ya que hasta ahora solo se han realizado al calor del I Plan de Salud De Canarias hace ya más de veinte años. En estos años, la población residente y transeúnte han sufrido incrementos sustanciales, en más de trescientos mil hablantes, las pirámides de población insular han sufrido modificaciones, y la dispersión geográfica y la fragmentación, requieren de una nueva valoración de las necesidades y análisis técnico.

En la actualidad, hay un considerable desequilibrio entre la oferta y la demanda asistencial, lo cual también parece repercutir en algunos de los problemas de la red asistencial: desánimo profesional ante la fuerte demanda, reducción de la calidad asistencial, tendencia al biologicismo y retorno al hospital como recurso, críticas a los procesos reformadores, etc. Profundizar en la reforma psiquiátrica es algo que exige mucho más que voluntad y entusiasmo. La reforma de servicios de salud mental es actualmente un proceso que implica mudanzas de paradigmas cuyas raíces datan de muchos siglos y que exige la capacidad de articular acciones políticas y organizativas a diversos niveles: financieros, técnicos y derechos.

En la red de salud mental aún hoy hay profesionales que trabajan a tiempo compartido y equipos que no disponen de todo el personal necesario, y redes de atención insuficientes. En esta situación cuando se nos habla de la creación de nuevos dispositivos, sin estimación del número de profesionales necesarios y con un improvisado presupuestaria, hacen que una asociación independiente como la ACN se les salten las alarmas y exija a la fueras políticas parlamentarias un mayor compromiso en materia sanitaria en la atención psiquiátrica y Salud mental.

Junta Directiva ACN

26 de Noviembre 2018

La sostenibilidad del Plan de Salud Mental de Canarias (PSMC) requiere mayor inversión económica, consenso institucional y cronograma preciso

La Consejería de Sanidad recientemente al presentar los presupuestos para la sanidad canaria para el año 2019 nos anunció que el mismo supera el umbral de los 3.000 millones, un incremento con respecto al año anterior de un 2,69%, es decir 77.320.405 millones más. A pesar de este tímido incremento lo cierto es que el presupuesto público de la Consejería de Sanidad, está lejos de corregir el decrecimiento del por término medio del 3.9% en cada año durante el periodo 2009-2013. Nos parece que la propia Consejería al negar la mayor somete al propio sistema sanitario a una arriesgada inestabilidad. Y si se analiza la distribución interna del presupuesto en los niveles asistenciales, comprobamos como la atención hospitalaria y especializada cuadriplica su dotación presupuestaria en relación a la atención primaria, y la salud pública apenas ha merecido atención por esta Consejería.  En este contexto, el III Plan de Salud (2017-2018), pretendía quizás ingenuamente revertir este modelo, pero se ha diluido intencionalmente su visión y objetivo y se han liquidado sus elementos más innovadores como su apoyo a la participación, la cogestión y las políticas de salud pública en todas las políticas.

Tres años de la IX legislatura han pasado y las demandas sanitarias en materia de salu d mental siguen sin resolverse. En este contexto aparece con un año de retraso, la propuesta en el mes de abril del 2018, a menos de un año de las elecciones autonómicas, un borrador del PLan de Salud Mental sin consultar ni debatir en los propios propios órganos de la Consejería y del SCS (Comisión Asesora Regional de Salud Mental, Consejo Insular de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria) ni con un presupuesto asignado, y menos aún detallado. La ACN con el fin de garantizar la transparencia del PSMC, ha requerido desde entonces que las fuerzas políticas parlamentarias tomen una posición al respecto para el logro de un consenso y mejoras sustantívamente el Plan de Salud Mental.

Recientemente la Consejería de Sanidad, ante las presiones de algunos sectores, ha asignado un presupuesto para el Plan de Salud Mental de Canarias (PSMC,2018-2023) de 15,3 millones para todo el periodo, de los que, 4,2 millones de euros se distribuyen para recursos humanos y el resto para infraestructuras. La Administración Pública Canaria dedicará durante seis años. cada año 2 millones, a nuevas inversiones para salud mental. De estos 2 millones, el 80% irá dedicado a infraestructuras y menos del 20% se dedicará a contratación de personal. Según datos del PSMC el gasto en salud mental en el 2015 era algo más de 113.000 mil millones de euro.

Estas son las cifras que ha publicitado la Consejería pero la ACN exige a la Consejería que haga pública y que especifique qué infraestructuras estarán en marcha cada año y que dotación de las diferentes categorías de profesionales serán necesarias para hacer electivas sus medidas. Muchas son las deficiencias del sector en todos los niveles asistenciales pues aún ni tan siquiera la atención en salud mental está dotada suficientemente de profesionales a tiempo completo para las poblaciones de referencia, Para la ACN la asignación presupuestaria al PSMC es a todas luces insuficiente y tiene toda la naturaleza de una improvisación al no facilitarse y detallar en que año se podrá en marcha las infraestructuras ni cuantos profesionales se van a contratar en cada uno de los años.

La ACN reclama que para que el PLAN DE SALUD MENTAL realmente se pueda realizar según lo que dice en el mismo hace falta una inversión para el periodo de tres veces más de lo asignado por la Consejería. Se exige unos 45 millones de euros, para corregir el déficit histórico con el sector, la fragmentacion insular y para permitir estar la salud mental en nuestra comunidad en unos niveles de financiación mínimo de acuerdos de los estándar internacionales que giran en torno al 5-10% del presupuesto sanitario público. La ONU estima que cada euro invertido en tratamientos para problemas mentales, supone un retorno de cuatro euros en mejoras de salud y capacidad de trabajo. La inversión en salud mental beneficia a las personas y a la economía.

21 de Noviembre 2018

Junta Directiva ACN