Eso se derivaría de las cifras que acaban de publicar y sobre las que no tenemos capacidad para ofrecer una suficiente agregación de datos de contraste. Es el gran inconveniente de la escasa transparencia de la administración sanitaria de Canarias que no pone al servicio del control público un sistema de seguimiento continuo de las listas de espera. Es más, incluso nos han negado el acceso a la demora de las especialidades en la zona de influencia del HUC, como denunciamos el pasado 14 de mayo, frente a las citas para fechas escandalosamente tardías, pretendiendo que tales fechas no fueran objeto de fiscalización ni por los profesionales ni por los pacientes. Ahora cuadran la maniobra con unas listas de espera aligeradas. Por nuestra parte queremos poner de manifiesto que en el caso del HUC tenemos datos suficientes para demostrar lo que estamos afirmando, una relación de pacientes que estaban incluidos en listas de espera y dejaron de estarlo por arte del “maquillaje”, aunque por la protección de datos no podamos hacerla pública.

Toda la información que a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias le proporcionan profesionales y pacientes lleva a no dar demasiado crédito a ese anunciado descenso en las listas así como de los tiempos de espera. Estamos cansados de que nos notifiquen citas para el 2021 y esperas quirúrgicas de mucho más de 90 y de 150 días (tiempos máximos de acceso garantizado según la patología) aunque no dudamos de que se hayan incrementado las intervenciones.

La Consejería de Sanidad hace de la publicación de las listas de espera una auténtica campaña de marketing pretendiendo que olvidemos que el supuesto descenso de ahora se habría hecho recurriendo a recursos privados con financiación pública. Tenemos que insistir en que con ello se eterniza la no habilitación plena del sistema público al no poner a éste al día en recursos materiales y humanos para asumir plenamente lo que se está afrontando con recursos privados y que supone una auténtica potenciación con dinero público del negocio de la sanidad privada. Curiosamente el Consejero utiliza como argumento para la concertación con la privada el hecho de que la sanidad pública canaria, además de la falta de camas, es la última en número de quirófanos públicos.

Ante eso cabe preguntar, como botón, ¿qué pasó con los 18,5 millones de euros presupuestados para infraestructuras sanitarias en 2017 y que Baltar no invirtió?. En resumen, mientras Baltar se entretiene, y nos entretiene, con el marketing y la propaganda, el sistema público sigue sin suficientes quirófanos, ni con el debido personal sanitario y sus amigos empresarios de la sanidad privada hacen acopio de los fondos públicos procurando abarcar la máxima tajada de los 2.930 millones de euros del presupuesto para sanidad de este año 2018. ¡Y nos viene a vender la moto de los 2 millones para los “presupuestos participativos”!

En Canarias a 24 de julio de 2018

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Entre  los datos que desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias le solicitamos, en escrito presentado el 5 de marzo de 2018, a la Consejería de Sanidad, conforme a la Ley 12/2014 de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, estaban los referidos a las actividades de los centros concertados y al volumen de la correspondiente facturación hecha al Servicio Canario de la Salud, datos que fueron objeto de estudio y extracción de conclusiones por nuestra parte. También se solicitó en dicho escrito información respecto a “Presupuesto económico para el año 2018 de los Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad sin contar el correspondiente al Programa Vacunal.”

Han pasado 4 meses y esta última información no nos ha llegado. Pretendíamos con ello arrojar un poco de luz sobre un misterio o ¿secreto? al parecer vedado al interés público, en realidad fundamentalmente de profesionales que consideran la información solicitada como básica para el estudio de las políticas de Salud Pública y el análisis comparado de sistemas de salud. Tal cosa es particularmente importante en Canarias cuya población  registra malos indicadores de salud derivados de precarias condiciones de vida, en lo que se refiere a desempleo, pobreza, malnutrición, carestía, deterioro medioambiental,  vivienda insalubre, riesgos laborales, higiene alimentaria, contaminación, violencia machista y derechos de las mujeres, asistencia sanitaria, educación, servicios sociales….lo que a su vez requiere de un abordaje reforzado por parte del sistema sanitario que sea patente en las partidas que el presupuesto sanitario dedique a los Programas y actividades de Salud Pública.

Sabemos que en el marco europeo la media del presupuesto para prevención gira en torno a un 3% del total sanitario, sin embargo en el Estado Español el programa presupuestario de Salud Pública ha retrocedido a cifras muy inferiores aunque varían los porcentajes del gasto sanitario dedicados al mismo por las distintas CCAA. En Canarias contamos con una Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias pero somos la única Comunidad Autónoma que no tiene su propia legislación sobre Salud Pública lo que indica el bajo peso de la Salud Pública en el sistema canario de salud siendo, por todo lo dicho, absolutamente necesario conocer la realidad de las cifras de este capítulo del presupuesto canario.

Desde luego la mencionada Dirección General de Salud Pública ha sido incapaz o ¿no ha querido?, en 4 meses, de proporcionarnos los datos solicitados, lo cual ponemos en conocimiento de la opinión pública demandando que nuestra petición sea satisfecha urgentemente.

En Canarias a 10 de julio de 2018

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

El pasado jueves 28 de junio, el Grupo Editorial Sanitaria 2000 y su diario Redacción Médica reconoció, en la categoría de mejor consejero de los “XIV Premios a la Administración Sanitaria”, a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

El premio fue otorgado por un “prestigioso Jurado” formado por las destacadas figuras de la patronal sanitaria, y adláteres, siguientes: – Jesús Aguilar Santamaría, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. – Luis Campos Villarino, presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA). – Fernando Carballo Álvarez, presidente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme). – Miguel Carrero López, presidente de Previsión Sanitaria Nacional (PSN). – Cristina Contel Bonet, presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). – Ricardo De Lorenzo y Montero, abogado y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario. – Pilar Garrido López, presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. – Modoaldo Garrido Martín, vicepresidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA). – María Luz López-Carrasco Méndez, presidenta de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). – Luis Mayero Franco, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). – Francisco Miralles Jiménez, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). – Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería. – Francisco José Santolaya Ochando, presidente del Consejo General de Colegios de Psicólogos.

Como puede verse no hay ni un solo representante de la Sanidad Pública en el jurado que está conformado por la gran alianza corporativa que agrupa a empresas aseguradoras, empresas de informática y tecnología sanitaria, sociedades de gerentes y patronales privadas, representantes de la desacreditadas Organizaciones Colegiales, de  sociedades “más o menos científicas y académicas” y de los sindicatos corporativos.

Desde luego, para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, no hay nada más claro que exprese que para dicha alianza corporativa “Baltar es uno de los suyos” y que “lo está haciendo muy bien” y que para la Sanidad Pública Canaria constituye la más clara amenaza de que, si no lo impedimos con movilizaciones masivas, van a ultimar la privatización del sistema sanitario público, apoderándose de los enormes recursos económicos que se destinan al mismo, en Canarias de los 2.930 millones de euros del último presupuesto.

En Canarias a 2 de julio de 2018

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Dice el Consejero Baltar que “apuesta por el empoderamiento de los pacientes en la toma de decisiones compartidas” y lo relaciona con el llamado “Compromiso para la mejora de la Sanidad Pública” presentado el 15 de diciembre de 2017 fecha que, a juicio de la Consejería, debe suponer el punto que marca el antes y el después de la participación social y profesional en el sistema de salud canario. Por ello nos vemos obligados a hacer las correspondientes puntualizaciones ante semejante afirmación que ignora nuestra historia de modo flagrante y que además pretende apropiarse de la lucha y movilización desarrollada durante muchos años por los colectivos y organizaciones ciudadanas y profesionales articulando múltiples iniciativas de participación. No vamos a tolerar que el “recién llegado” Consejero de Coalición Canaria manipule y pretenda rentabilizar lo que es patrimonio de tanta gente.

Desde los años 70, cuando se luchaba en los prácticamente únicos frentes progresistas de las islas en el campo de la salud: la experiencia pionera en el campo preventivo y asistencial, desarrollada en el Centro de Salud de Tirajana (1976-1979); desde el año 1991 en Fuerteventura, con un seminario internacional cuyas conclusiones se recogieron en la Declaración de Fuerteventura de Reformas Sanitarias y cimentaron la capacidad histórica del pueblo majorero en la lucha por la salud y la sanidad pública; también en Salud Comunitaria se desarrollaron los casos de Palo Blanco (Tenerife) y El Patio (Telde), la experiencia de participación en Tijarafe y otros pueblos……

Mientras tanto fueron constantes las maniobras de la administración sanitaria canaria (básicamente de Coalición Canaria) para hacer fracasar los intentos por desarrollar los órganos de participación social en la gestión del Servicio Canario de la Salud como se establece en la Ley 14/86 General de Sanidad y en la Ley 11/94 de Ordenación Sanitaria de Canarias. Y lo consiguieron, ya que generalmente no existen Consejos de Salud en Canarias y en los pocos casos en que se constituyeron fueron inutilizados por acción u omisión de dicha administración sanitaria.

Ahora Baltar se ha sacado de la manga unos Consejos Insulares de Salud designados por arriba y totalmente alejados de la participación real de la ciudadanía y los profesionales. Sin embargo los Consejos de Salud de Zona Básica, pegados a los Centros de Salud y a los barrios y pueblos de nuestras islas, no los quiere ni en pintura porque no los podría controlar como hace con los “insulares”. También está reuniendo unos impresentables Consejos de Participación Hospitalaria que como el del Hospital Dr. Negrín tiene la escandalosa presencia de su jefe, el empresario privado del Grupo San Roque, Mario Rodríguez. Basta con saber esto para denunciar la intención de dar carta de naturaleza a la privatización mediante el planteamiento “participativo”.

Otro ejemplo histórico de participación social en salud fue el caso del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública, promovido por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, que se constituyó en la Jornada del 13 de marzo de 2010 con la participación de más de 30 colectivos sociales y sanitarios. El Foro presentó 25.000 firmas de apoyo a una Proposición de Ley de Iniciativa Popular, para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias, en octubre de 2010 en el Parlamento de Canarias y, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, se acordó en el Pleno del día 7 de marzo de 2012 la toma en consideración de la misma y partir de ahí no se ha avanzado más, para llegar a la necesaria Ley de Salud y Sanidad de Canarias, por falta de voluntad política de CC que ahora presume de abanderar la participación social en las cuestiones de salud. Consideramos que el bloqueo a la I.L.P. no es ajeno a que uno de sus ejes esenciales sea superar el modelo de asesoramiento y consulta (como el que se da en el famoso “Compromiso” y en los “Consejos” de Baltar) y hacer posible un mayor grado de participación en las decisiones sobre gestión sanitaria, con una mayor representatividad social y profesional en los Consejos, aumentando su peso en los mismos. Es necesario que los órganos de Participación tengan carácter decisorio sobre la identificación de los problemas de salud, la determinación de prioridades de actuación, la asignación de recursos y la evaluación.

Por eso consideramos como el colmo del cinismo y del ánimo de engañar a la ciudadanía la supuesta defensa de los “presupuestos participativos” que se está haciendo y para los que se asigna la estratosférica cifra de 2 millones de euros, ¡de un Presupuesto Sanitario de 2.930 millones de euros!. ¡Qué poca vergüenza!. Por el contrario, para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias la finalidad de los presupuestos participativos sería la de deliberar, planificar y elaborar las propuestas ciudadanas y profesionales para todo el presupuesto sanitario, comprendiendo Atención Primaria, Atención Especializada y las acciones de Salud Pública relativas a epidemiología y promoción de la salud, a sanidad ambiental e higiene de los alimentos y también a inspección y calidad sanitaria, a educación sanitaria…..

En Canarias a 25 de junio de 2018

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Recientemente han salido a los medios de comunicación, atacando a las Mareas Blancas de nuestras islas, los corifeos  sindicales del Consejero Baltar en el llamado “Compromiso para la mejora de la Sanidad Pública”. En las movilizaciones de las Mareas Blancas del 19 de Mayo participaron sectores ciudadanos, de pacientes, asociaciones, sindicatos y partidos políticos que piensan que la Sanidad Pública Canaria tiene arreglo, quienes piensan que las políticas del Gobierno de Canarias basadas en promesas, engaños y lucro, léase privatización, no son el camino y que solo llevan al deterioro de la Salud de la ciudadanía.

Se echó de menos ese día el grado de participación que diferencia una movilización “combativa”, que lo fue, de los sectores más conscientes y organizados, de otra en la que la presencia de un elevado número de personas desborda dichas características y la convierten en “definitiva”, tanto para el avance del movimiento social como para el retroceso de las políticas impugnadas por este. En parte es comprensible que mucha gente se haya desorientado y desmoralizado cuando los sectores más avanzados se ven boicoteados por los sectores más rezagados y complacientes con la estrategia diversionista y divisionista del  Consejero Baltar, basada en el llamado “Compromiso” un simple documento de intenciones con propuestas que siguen apostando por las concertaciones privatizadoras y lleno de promesas que se han repetido a lo largo de los años y que nunca se han cumplido.

Alguno de esos boicoteadores, firmantes del citado “Compromiso”, practican un sindicalismo más amarillista que de clase y por eso ignoran que nunca se debe violentar ante la patronal, en este caso la Consejería de Sanidad, la solidaridad y unidad con quienes luchan de modo decidido por objetivos comunes. Aunque ya no nos extraña al conocer su nulo cuestionamiento de la política de conciertos, ya que les parece de lo más normal que exista una potente Sanidad Privada potenciada con dinero público en vez de plantear lo que, precisamente por eso, una organización  de clase que se precie plantearía, es decir, la conversión en públicas de aquellas empresas de derecho privado que se financian con fondos públicos. También plantean sin rubor que las listas de espera simplemente forman parte, junto a la concertación privada, del conjunto estructural de la atención sanitaria en Canarias al necesitarse mutuamente justificándose, por tanto, la continuidad de la situación. Otras cosas que forman parte de ese “paisaje” y por lo visto no quieren ver son, en primer lugar el hecho cierto de que las listas de espera matan, las irregularidades manipuladoras en la gestión de las listas de espera, las coacciones y amenazas (de exclusión de la lista de espera que luego se materializa) a pacientes que se niegan a ser derivados a la sanidad privada, el fraude laboral del Grupo San Roque con el personal sanitario de ambulancias del sur de Gran Canaria, la tremenda sobrecarga laboral del personal que realiza la labor de hasta 4 personas por plazas no cubiertas, etc, etc.

Y que quede claro que diferenciamos la actuación de determinados dirigentes de la que tienen afiliados y afiliadas que nos mostraron su malestar con esa postura y nos hicieron saber de las presiones y las campañas en contra de la movilizaciones de las Mareas Blancas, de las contramedidas gubernamentales, de vídeos anónimos (según fuentes de todo respeto presuntamente editados por la propia Consejería), y demás escritos y declaraciones que no pudieron evitar la respuesta del sábado 19 de mayo en las calles de toda Canarias. Mejor hubiera sido gastar el dinero empleado para ello, y el que se gastan en publicidad, en contratar personal para acabar con las listas de espera. Esperamos que los “compromisarios” reflexionen y vuelvan al sendero de la ciudadanía para que entre todos y todas podamos lograr “definitivamente” una Sanidad Pública de Calidad para el pueblo canario.

Mientras tanto, la lucha continúa y sabemos que seguiremos contando con la colaboración de medios informativos, a pesar en algunos casos de las presiones de altas instancias, y con el apoyo de la ciudadanía y de asociaciones y sindicatos que han apostado por defender la Salud como derecho frente a su conversión en negocio. Por último, pedimos a los partidos políticos que nos han apoyado que continúen la presión en las instituciones públicas, pues también desde ellas pueden salir soluciones para la Salud y la Sanidad Pública de Canarias.

En Canarias a 11 de junio de 2018

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias