Ante todo, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, le deseamos lucidez y suerte en su nuevo puesto en un Área tan sensible y complicada como es la de Sanidad, aunque como persona y economista de profesión nos merece todos nuestros respetos nos gustaría hacer unas reflexiones, que quizás le ayuden en su cometido.

La Covid-19 no es el problema de la Sanidad y la Salud en Canarias, el problema es el estado de la Salud y de la Sanidad en Canarias que nos ha conducido a estar en la cola de las CCAA con unos índices de Salud y Sanitarios que dan pena y que desdicen de lo que es una buena gestión a lo largo de los años por parte de los diversos Partidos Políticos.

Como usted bien sabe, administrar no es lo mismo que gestionar, según la Real Academia de la Lengua administrar es dirigir una institución o bien ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda y los bienes, gestionar es llevar adelante una iniciativa o un proyecto.

El mayor problema de la Sanidad en Canarias es la mala gestión que se ha transformado en un problema estructural y fundamentalmente porque se necesitan personas con conocimiento y haber vivido la problemática desde el campo de batalla que es el contacto en primera línea con el diario quehacer de la Sanidad y de la problemática de la Salud y esos conocimientos no se obtienen por muchos años que se haya trabajado en la administración sanitaria pues, para más inri, esa administración es propiamente la responsable de la actual situación que padecemos con los resultados  que estamos sufriendo y este ha sido el error que se ha cometido durante todos estos años. En este sentido queremos resaltar la importancia de la participación profesional y ciudadana en las decisiones de la propia gestión sanitaria, como se reconoce en la normativa incumplida sobre los Consejos de Salud, en cuanto a “identificación de los problemas de salud, la determinación de prioridades de actuación, la asignación de recursos y la evaluación”.

Siempre que se habla del tema sanitario surge la palabra gasto que tanto aterra a los administradores, pero es que gasto no es lo mismo que inversión y si no ahí tenemos un ejemplo reciente, se hizo un enorme gasto en construir un Puerto en Granadilla que actualmente ya se reconoce que no tiene razón de ser o sea que se ha hecho un gasto multimillonario, pero como inversión ha sido un fracaso.

Si algo nos ha enseñado esta Pandemia es que no haber invertido correctamente en personal, infraestructuras, Salud Pública, Atención Primaria, etc. y haber apostado por el eufemismo de la externalización, para encubrir la inacción en el sector público y usar sus presupuestos para dirigirlos al sector privado, somos la tercera CCAA mas privatizada después de  Madrid y Barcelona que “casualmente” son las que peor se han comportado en esta Pandemia, son las que nos han llevado a descubrir por si alguien no se había enterado de lo mal que estamos en Salud y Sanidad Pública.

Son muchos los retos que tiene sobre la mesa y solo un giro de 180º puede salvar la salud de la población canaria. Hace unos días publicamos un manifiesto que pensamos le puede dar algunas ideas de lo que necesitamos en la Sanidad Canaria. Podrá encontrarlo en “los medios” y en nuestra web http://www.asociacionparaladefensadelasanidadpublicadecanarias.com/uncategorized/manifiesto-de-2020-por-la-salud-y-la-sanidad-publica-canaria/

El futuro nos dirá si hemos aprendido algo del gran problema que ha sido y seguirá siendo esta Pandemia, pero no debemos olvidar que lo más importante es lo que se ha hecho evidente de un modo más manifiesto aún, la grave situación de la Sanidad y de la Salud en Canarias.

En Canarias a 6 de julio de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Este año 2020 se cumplen 12 años de la actual segunda etapa de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) y lo hacemos con una situación de salud y de asistencia sanitaria marcadas por la pandemia por Covid-19 y todas las consecuencias y efectos concurrentes de una crisis, además de sanitaria, de carácter global, social, económica y posiblemente política.

Por eso es momento de hacer una actualización de nuestro Manifiesto de modo que recojamos las realidades actuales y las medidas que se precisa adoptar por las Administraciones Públicas Canarias.

La pandemia puso de relieve con especial crudeza que la Sanidad Pública universal y de calidad es un pilar esencial para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad dado que las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos llevaron a una descapitalización que se tradujo en recortes, desmantelamiento y privatización favoreciendo el negocio privado con la sanidad y debilitando sobremanera el derecho a la salud de las personas.

Sin embargo, la privatización no se ha realizado de la misma manera en todas las CCAA, porque depende de la voluntad política de los gobiernos autonómicos frente a la que se tiene que desarrollar la capacidad de la ciudadanía y de las fuerzas sociales para evitarla. En Canarias han sido los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, en solitario o en alianzas alternantes con PSOE o PP, los que han utilizado fundamentalmente el dinero público mediante la vía de los conciertos o convenios singulares con las empresas privadas para debilitar a la Sanidad Pública y fortalecer a la sanidad lucrativa.  Tampoco el gobierno del “Pacto de las flores” marca distancias con los anteriores al promover la llamada “colaboración público-privada” en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Por tanto hacemos un llamamiento al Gobierno central y al de Canarias para que se deroguen la Ley 15/97, el RD 16/2012 y toda aquella normativa que legaliza y posibilita la externalización de servicios y/o su privatización. Canarias ha sido de las CCAA que mejor está soportando la pandemia, pero no por su estructura sanitaria o por su desarrollo de la Salud Pública, los resultados deben mucho a nuestro aislamiento insular y además a un desempeño profesional que se ha saldado con una de las tasas de contagio más elevadas en el conjunto del Estado.

Siempre ha sido muy débil en Canarias el reconocimiento de que la salud está fuertemente determinada por el entorno social, económico y cultural (y por tanto por la política), y no se interviene con profundidad (desde la política) en ámbitos económicos, laborales, educativos, de servicios sociales, medioambientales, etc, dejando que se llegue a la enfermedad con todo el cortejo de manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y tratamientos varios, lo que en suma hace que sea en el terreno sanitario donde se acumulen enormes problemas asistenciales. Hemos insistido en el pasado sobre la precariedad de los dispositivos de Salud Pública en nuestra comunidad a la que se le ha venido destinando tan solo un 0,98 %, incluidas las vacunas, del presupuesto de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, lo que hemos relacionado a su vez con los malos indicadores de salud de la población canaria que derivados de las desigualdades sociales en salud por el desempleo, la pobreza, marginación social, etc., se traducen en la esperanza de vida más baja del Estado español, menos la de Andalucía, por la mortalidad por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica….y que también ha manifestado sus debilidades en el desarrollo de la pandemia en Canarias. Además en estos momentos hay que añadir la particular dificultad por el deterioro de la salud de la población canaria que supone la mayor agudeza del empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo derivada del modelo económico altamente dependiente del turismo.

En cuanto a la Atención Primaria la “nueva relevancia” que se le ha adjudicado como pieza clave para el control de la pandemia, choca con la realidad de que su gasto en Canarias, de media, de 176,26 euros por cada habitante, la coloca, después de Extremadura, como la comunidad con la inversión más baja en esta área asistencial. El incremento en 2018 con respecto a 2010 es de apenas 35 céntimos por paciente. La media española se sitúa en 197,47 euros. El porcentaje destinado en Canarias a la Atención Primaria con respecto al total reservado al sistema de salud apenas ha variado, en 2010 ascendía al 13,58% y ocho años después, al 13,71%. Destaca además en Canarias el alto porcentaje de médicos de familia que tienen más de 1.500 pacientes asignados, el límite que se considera recomendable no superar para evitar la sobrecarga laboral de los profesionales y para prestar la asistencia debida a la población.

Medidas necesarias

1) Financiación suficiente de la Sanidad Pública: incremento del presupuesto en general y particularmente en Salud Pública y Atención Primaria. Aunque es necesario elaborar en el conjunto del Estado el Plan Integrado de Salud que establezca las necesidades de salud de la población y cuantifique las exigencias presupuestarias para hacerles frente, es importante avalar una financiación finalista, con un fondo específico para rescatar la Sanidad Pública gestionado por el Consejo Interterritorial, que complemente los presupuestos autonómicos y disminuya de forma significativa las diferencias en los presupuestos por habitante que existen actualmente entre las CCAA (y que en 2020 superaban los 500€). En Canarias se precisa aumentar el presupuesto de AP hasta el 25% del presupuesto  total de la Consejería de Sanidad y el de SP hasta el 2,5% del total al menos.

2) Potenciar la Salud Pública, además de presupuestariamente, mediante el desarrollo de la Ley de Salud Pública, aprobada en 2011 y puesta en hibernación por los gobiernos del PP y con su concreción en Canarias en base a la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Parlamento de Canarias que ya está en la cuarta legislatura de espera para ser útil en la elaboración de la necesaria Ley Canaria de Salud y Sanidad que además establezca la prioridad de blindar el carácter público, universal y gratuito de la atención sanitaria. Los servicios de Salud Pública deberían coordinar sus estrategias con la Atención Primaria y las administraciones locales para combatir los determinantes de las enfermedades crónico degenerativas (pobreza, alimentación, contaminación, salud laboral, sedentarismo, tabaquismo, etc.)  y los sistemas de alerta y contención de las nuevas epidemias de enfermedades contagiosas (Gripe A, Ebola, SARS, Coronavirus…) asociados al cambio climático y la globalización neoliberal. Los servicios de epidemiologia y lucha con las enfermedades infecciosas deberían reforzarse y mejorar su capacitación. Se debe tener muy en cuenta que la baja prevalencia de Covid-19 en Canarias implica la mayor amenaza de rebrote ya que la proporción de susceptibles a infectarse es particularmente alta.

3) Potenciar y desmedicalizar la Atención Primaria. Este nivel asistencial ha demostrado su capacidad para acercar los servicios asistenciales a la población y gracias al conocimiento de los antecedentes personales, familiares y de su historial clínico, garantizar una atención cercana y segura a las personas y familias que forman la comunidad. Se precisa recuperar las plantillas perdidas y mejorar las condiciones laborales ya que ahora hay que cubrir 2 circuitos, el Covid y el no Covid, recuperar el personal que se fue despedido que no se ha recuperado y el necesario en una pandemia. Para que pueda funcionar adecuadamente se precisa reforzar su papel en el sistema sanitario, aumentado su presupuesto (hasta el 25% del total sanitario), el personal, sobre todo el de enfermería (potenciando la enfermería comunitaria) y otras categorías profesionales como la de psicología, fisioterapia, trabajo social para desmedicalizar las consultas y satisfacer las demandas de la población,  que el actual modelo transforma en enfermedades y tratamientos medicamentosos, estableciendo criterios mínimos por Tarjeta Sanitaria Individual, mejorando sus medios y potenciando la atención domiciliaria, la prevención y la promoción. Los profesionales médicos y de enfermería no deberían asumir cupos de más de 1.300 pacientes y los pediatras no superar las 1.000 tarjetas sanitarias asignadas. A corto plazo debe ser objetivo prioritario garantizar que no existan profesionales con más de 1.500 personas asignadas y que el 95% de la demanda se atienda en 24 horas. La gestión de los procesos asistenciales deberían estar coordinados desde la Atención Primaria.  Una renovada AP debería recuperar su carácter comunitario mejorando su coordinación con los hospitales, servicios de salud pública, alerta epidemiológica, recursos sociales, atención a la dependencia e instituciones municipales, con la participación e implicación de la población en el marco de las Áreas Sanitarias insulares y de las Zonas Básicas de Salud municipales en los Consejos de Salud. La Atención Primaria debería hacerse responsable de la asistencia a las personas mayores en las residencias,  lo que exige que los Centros de Salud donde haya residencias deberían incrementar sus equipos especialmente en enfermería, psicología, fisioterapia y  trabajo social, con protocolos claros de actuación y adecuada coordinación del personal de AP con el personal propio de las residencias.

4) Afrontar las listas de espera mediante un Plan de abordaje de las mismas que necesita recursos humanos específicos y el reforzamiento del funcionamiento al 100% de los centros sanitarios públicos. Todo esto conlleva recuperar las plantillas perdidas, potenciarlas y mejorar las condiciones laborales. Se evitará al máximo la aplicación de la normativa que posibilita la externalización de servicios, hasta que sea derogada, de modo que no vaya ni un euro público más para la sanidad privada. Este plan tiene que articular  los recursos del conjunto de la Sanidad Pública (primaria y especializada) y sumar una garantía de derechos más recursos más sistemas organizativos más sistemas de información y rendición de cuentas, tiene que tener un carácter estable. En la gestión de las listas de espera los pacientes deben tener una información real de las esperas en el momento de su inclusión y debe articularse también la necesaria implicación de los profesionales debiéndose consensuar que no todos los procesos son iguales y hay diferentes grados de prioridad.

5) Ampliar camas de media y larga estancia. Tenemos un déficit muy importante de camas hospitalarias, la mayoría de ellas de larga y media estancia. El posible bloqueo de camas de los hospitales de agudos por los pacientes contagiados por el virus y la paralización de la atención a enfermos con otras patologías plantea la necesidad de crear una red de camas de crónicos de las que apenas disponemos que sirva de colchón para futuras pandemias y mejore la eficiencia hospitalaria. Convendría también a medio plazo realizar un plan estratégico de atención especializada para adaptarla a los nuevos retos de salud, también cabría exigir el cumplimiento de las incompatibilidades y la dedicación exclusiva a los trabajadores del sistema público.

6) Ley Canaria de Salud y Sanidad que establezca y regule de modo tasado el funcionamiento general de la Consejería y del Servicio Canario de la Salud en todos los aspectos mencionados de modo que garantice la estabilidad organizativa y de las políticas públicas de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria poniéndolas a resguardo de variaciones partidistas o intereses espúreos. Que deje claro en ese contexto el papel de las distintas gerencias, del Plan de Salud de Canarias, que afronte la necesidad de materializar realmente los hospitales comarcales…..y que garantice la participación social y profesional en los Consejos de Salud, órganos de participación en la gestión del Servicio Canario de la Salud contemplados en la normativa general y que no se cumplen..

Por todo ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía canaria a apoyar todos estos objetivos, impulsando un potente movimiento de defensa de la Salud y la Sanidad Pública siendo necesario que cuanto antes, si la pandemia lo permite, sigamos planteando acciones que pueden ir desde movilizaciones en centros sanitarios o en la calle a la reactivación de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Parlamento de Canarias, pasando por las acciones judiciales que ya hemos puesto en marcha conforme al compromiso adquirido con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que organizamos con dicha finalidad.

Canarias a 28 de Junio de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Acaba de ver la luz el llamado Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias que, en lo que se refiere a los aspectos sanitarios, aunque en el papel contempla con acierto las prioridades para la Salud Pública y la Asistencia Sanitaria Públicas así como en relación con la Asistencia Sociosanitaria en nuestra Comunidad Autónoma, continúa situándose en los presupuestos de la llamada “colaboración público-privada” para “desarrollar las capacidades sanitarias”. Por cierto, no sabemos si tener un Director del Servicio Canario de la Salud que dice la barbaridad de que “el coronavirus ya no está en las calles de Canarias” está comprendido dentro de las “capacidades sanitarias” para seguir desescalando.

Nuestro sistema sanitario ha estado orientado esencialmente al tratamiento de enfermedades crónicas originadas en determinantes económicos, sociales y medioambientales. Pero los cambios introducidos por el neoliberalismo (contaminación, recortes de los servicios públicos y una globalización incontrolada con un incremento exponencial de desplazamientos de personas y mercancías) ha reintroducido las epidemias infecciosas que parecían superadas para siempre y reducidas a países pobres, para las que nuestro sistema no está adaptado para hacerles frente.

Si algo ha puesto en evidencia la pandemia es la debilidad de nuestros servicios de Salud Pública, poco desarrollados desde siempre pero penalizados especialmente con los recortes. Hay que reforzar el dispositivo de la Salud Pública y desarrollar la Ley General de Salud Pública, aprobada en 2011 y  puesta en hibernación por los gobiernos del PP. Estos servicios deberían coordinar sus estrategias con la Atención Primaria y las administraciones locales para combatir los determinantes de la enfermedades crónicas (pobreza, alimentación, contaminación, sedentarismo, tabaquismo, etc.)  y con los sistemas de alerta y contención de las nuevas epidemias de enfermedades contagiosas (Gripe A, Ébola, SARS, Covid-19…) asociados al cambio climático y la globalización. Los servicios de epidemiologia y lucha con las enfermedades infecciosas deberían reforzarse y mejorar su capacitación.

En Canarias al contrario de otras CCAA no existe Ley autonómica de Salud Pública aunque tras la entrada en vigor, el 6 de octubre de 2011, de la Ley General de Salud Pública tocaba concretar en nuestro archipiélago la organización y funcionalidad en dicho terreno. A estas alturas del año 2020, y con mucha más fuerza si cabe, seguimos precisando en Canarias una Ley de Salud y de Sanidad con mayor nivel e integración de lo epidemiológico, sanitario, sociosanitario, social, preventivo, asistencial…., una Ley que integre la “Ley de Sanidad” y la “Ley de Salud Pública”. Que por un lado actualice la obsoleta Ley 11/94 de Ordenación Sanitaria de Canarias y por otro lado concrete en Canarias la Ley General de Salud Pública.

En Canarias el marco legislativo sanitario actual es claramente insuficiente para acometer las medidas de cambio necesarias en la atención sanitaria y mucho más para incorporar los presupuestos epidemiológicos y salubristas así como, ahora con muchísima más fuerza, para grabar a fuego la prioridad de blindar el carácter público, universal y gratuito de la atención sanitaria y de salud pública. Esas fueron las motivaciones esenciales para la presentación en 2010 de las 25.000 firmas para la Iniciativa Legislativa Popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias en el Parlamento de Canarias que fue tomada en consideración el 7 de marzo de 2012 y, desde entonces, la actual es la cuarta legislatura en la que espera para ser útil en la elaboración de la necesaria Ley Canaria de Salud y Sanidad.

En cuanto al supuesto instrumento de la colaboración público-privada, mantra de los gobiernos neoliberales como el de la “necesidad de crear riqueza”, cuando lo primero es una falacia dada la divergencia de intereses de ambos sectores y lo segundo una ambigüedad que sugiere que todos vamos a ganar algo, cuando las evidencias revelan su verdadero significado: “riqueza para unos pocos y aumento de la desigualdad social” como se ha demostrado en la crisis del 2008.

La realidad es muy diferente de esta pretendida armonía igualitaria: las empresas sanitarias privadas y los seguros “de salud” en Canarias han crecido y crecen a expensas del deterioro y desmantelamiento de la Sanidad Pública. Para frenar el saqueo de los presupuestos públicos en beneficio del sector privado y la corrupción sanitaria hay que abolir toda forma de privatización lo que debe quedar establecido mediante la derogación estatal de la Ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión” ley privatizadora de la Sanidad Pública impulsada por el PP y apoyada por el PSOE, Coalición Canaria, PNV y CiU. También mediante la necesaria Ley Canaria de Salud y Sanidad que apueste por la atención sanitaria y de salud públicas.

Mientras tanto, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias hacemos un llamamiento para poner freno al saqueo de dinero público analizando la aplicación de los conciertos y sus consecuencias para la Sanidad Pública y para la población, denunciándolos de modo progresivo y reintegrándolos al sistema público de modo que en un periodo transitorio la política de concertación cubra, solamente y por tiempo muy definido y siempre después de conseguir el máximo rendimiento del Sector Público, las carencias que las desidias de los Gobiernos de las últimas décadas han dejado situando a Canarias a la cola de las CCAA.

En Canarias a 7 de mayo de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

El Comité científico asesor para la emergencia sanitaria del Gobierno de Canarias a través de su portavoz, Luis Serra Majem, considera que no podemos “tardar en abrir…..ciertos hoteles o apartamentos en mayo”. Esta afirmación claramente dictada por la patronal de hostelería que no ha parado para que el Gobierno de Canarias adelante el desconfinamiento (llegando a proponerlo Ángel Víctor Torres a Pedro Sánchez) ahora se traduce en un “Plan canario de desconfinamiento” que remitirá para su consideración por el Gobierno central el próximo domingo. Sobre el citado portavoz además cabe señalar que hace unas semanas insistía en que deberían salir de sus casas personas de especial riesgo ante la Covid-19 como pacientes diabéticos, hipertensos y cardiovasculares y que incurre al parecer en “conflicto de intereses” por la financiación que recibe, en sus proyectos de investigación, de la citada patronal de hostelería.

El susodicho “Plan canario de desconfinamiento” es un dislate epidemiológico al pretender su aplicación desde el lunes 27 de abril ya que en Canarias al ser la prevalencia (proporción de casos) de Covid-19 baja eso implica que la proporción de susceptibles a infectarse es alta. Por otro lado la incidencia diaria (número de casos nuevos) se mantiene muy baja gracias al aislamiento insular y al confinamiento de las personas. La precipitación en relajar el confinamiento se puede traducir en un disparo hacia arriba de la incidencia dada la elevada proporción de susceptibles (según los datos del Ministerio de Sanidad, en Canarias no está garantizada una inmunidad poblacional alta que nos daría protección de grupo). Por eso tal relajación solo se podrá hacer cuando además de la incidencia diaria cercana a cero haya transcurrido el plazo prudencial que lleva hacer la PCR a la proporción requerida de la población, detectando así a las personas asintomáticas que portan el virus y que para desconfinarse deberán antes cumplimentar el correspondiente aislamiento añadido de 2 semanas. Tal cosa podría ser realizable a corto plazo en las islas de La Graciosa, El Hierro, La Gomera e incluso quizás hasta en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote pero llevará mucho más tiempo aplicarlo también en Gran Canaria y en Tenerife.

De todos modos el epidemiólogo Fernando Simón nos remite a una valoración dentro de 2 semanas ya que de momento no se dan las condiciones en ningún sitio, es decir, habrá que esperar ese plazo para entonces diseñar la forma de “relajar las medidas del estado de alarma” y que no se den precipitaciones. Solo entonces se podrán plantear más salidas programadas, por horas y para distintos grupos vulnerables, véase población mayor o con patologías tipo diabetes, enfermedad mental, cardiovascular, etc. siendo la fecha indicativa la del 10 de mayo. Por supuesto, deberá ser más tarde cuando se plantee la posibilidad de “abrir ciertos hoteles o apartamentos”. Por otro lado, también Fernando Simón insiste en que “no solo se trata de la magnitud de la epidemia en cada momento y lugar sino de la capacidad para responder a ella, tanto de recursos de asistencia sanitaria como de medios preventivos y de salud pública (capacidad de detección precoz y de diagnóstico, aislamiento de casos y seguimiento de contactos)”.

En el período de retirada progresiva de las medidas de confinamiento la Atención Primaria debe ser una pieza clave en la nueva fase de atención a la pandemia, debe desempeñar un papel esencial para vigilar posibles repuntes epidémicos, mantener el tratamiento y cuidados domiciliarios de los afectados, realizar pruebas diagnósticas y mantener la información y educación de la población. Para una Atención Primaria deficitaria como la canaria se necesita recuperar recursos recortados, ampliar plantillas y los recursos actuales, garantizar medios materiales suficientes (material de aislamiento personal, test diagnósticos, etc) sin los cuales no podría desempeñar esta importante actividad. También se precisa reforzar los recursos de Salud Pública que en Canarias reciben un miserable 0,98% del presupuesto sanitario como ha denunciado repetidamente en el pasado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC).

Desde la ADSPC exigimos rigor científico al mencionado Comité científico asesor y al Gobierno de Canarias contención a la hora de anteponer la salud pública a los intereses económicos de los empresarios turísticos salvaguardando de sus presiones la aplicación de las recomendaciones de la ciencia epidemiológica. Por todo ello creemos que antes que preocuparse por abrir hoteles y apartamentos, el Gobierno de Canarias debe potenciar la Atención Primaria y la Salud Pública que son esenciales para asegurar una atención de calidad a la salud de toda la población canaria.

No cometamos los errores del comienzo de la pandemia que desconociéndola la despreciamos, ahora que sin conocerla del todo vemos su gravedad no lo echemos todo por la borda.

En Canarias a 24  de abril de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

 El Gobierno de Canarias se equivoca por completo cuando en plena emergencia de Salud Pública en vez de dotar de solidez al equipo directivo de la Sanidad Pública nombra para dirigirla a la directiva de la patronal sanitaria privada, no hay sino que ver lo que hay detrás de los pomposos currículums de los elegidos, y no se trata de un episodio de demencia transitoria del Presidente Torres sino de una impresentable actuación colectiva.

Creíamos que lo habíamos visto todo en cuanto al sometimiento a intereses bastardos por parte del sistema político institucional de nuestras islas pero el asalto que acaba de ocurrir ante nuestras narices por parte del régimen eterno de las oligarquías insularistas empresariales que, como siempre, se autogenera para seguir controlando el poder político y de modo innovador nada más y nada menos que desde las mismísimas entrañas de lo que esas oligarquías han venido calificando como “gobierno de comunistas” y encima en medio de una grave crisis de salud pública, supera la mayor de las capacidades de imaginación.

De resultas de tal ejercicio de funambulismo tenemos a los intereses de la llamada sanidad privada, en realidad la única que reconocemos digna de ese nombre es la pública porque lo otro son actividades empresariales que por definición buscan el máximo beneficio con la mínima inversión posible, ahora controlando de nuevo nuestra Sanidad Pública a través del cuadro de mando de la Consejería de Sanidad, del Servicio Canario de la Salud y del Comité para la emergencia sanitaria del Covid-19.

Todo eso se traduce en continuismo respecto a la gestión sanitaria de los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria. Ya lo han conseguido, con complicidades como la de algunas cúpulas sindicales y la responsabilidad por acción u omisión de las fuerzas políticas del llamado “Gobierno de las flores” que a estas alturas ya están más que marchitas, porque unas flores que se marchitan en primavera son solo flores de un día, pensamos que más que Gobierno de las flores se debían llamar “Gobierno de Carnaval” puesto que al fin se han quitado la careta. También por los errores que en su momento le criticamos a la Consejera Teresa Cruz y que han sido utilizados para desgastarla y finalmente destituirla al sumarle además a conveniencia la difícil situación creada por la emergencia del coronavirus que creemos es la propia del marco de las dificultades generales que afectan al conjunto de las CCAA siendo la situación en Canarias de las menos alarmantes. Consideramos que la desprotección del personal sanitario se ha dado de modo generalizado y no de modo particular en Canarias pudiéndose deber la mayor proporción de positivos al Covid-19 en sanitarios de Canarias a una proporción también mayor en la utilización de la prueba diagnóstica entre los mismos siendo menor entre la población.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública hace años que viene denunciando los graves riesgos, para pacientes, sistema sanitario, trabajadores y arcas públicas, de la privatización y nos hemos enfrentado a los grupos de presión que la promueven que han visto en la sanidad un enorme negocio, dados los importantes recursos públicos que precisa la sanidad, y de cuya apropiación las consecuencias se están pagando en estos momentos, con la vida de los pacientes, por la epidemia de Covid-19.

En la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias lo tenemos claro y aunque seguiremos arrimando el hombro en estos duros momentos de emergencia por el coronavirus declaramos que proseguiremos con la lucha frontal contra las tramas que se desarrollan e involucran a empresas y responsables políticos, como  ha ocurrido desgraciadamente también en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias donde ahora tenemos un gobierno que declarándose progresista va a continuar con las políticas neoliberales que han demostrado mundialmente su fracaso al llevarnos a la situación que padecemos (la más extrema Madrid) y que durante lustros han conseguido que Canarias esté en la cola de la atención en Sanidad, Salud, Dependencia, Educación y con el mayor índice de pobreza.

En Canarias a 30 de marzo de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias