En 2005 se diseñó la privatización del Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Dr. Negrín. En medio de la boyante situación económica del momento, se argumentó que era más barato y rápido implementar el nuevo servicio “externalizándolo” y dejándolo en manos de una empresa privada. El resultado fue llamativo, desde entonces funciona en los sótanos del Dr. Negrín una unidad dirigida por Hospitales San Roque y pagada con dinero público.

En el año 2015 finalizó el contrato, y sus prórrogas, por lo que desde esa fecha el servicio de Medicina Nuclear ha seguido gestionado por San Roque en una situación de alegalidad y con la connivencia del Gobierno de Canarias. En el año 2016, Jesús Morera, consejero de Sanidad en aquel momento, anunció la recuperación pública  de la medicina nuclear del Dr. Negrín, cuestión que podía realizarse pues ya no había contrato vinculante, se contaba con los informes favorables sobre su viabilidad financiera y el apoyo de la dirección y del personal del propio Hospital.  De ese momento data un informe que indicaba un ahorro de casi 785.000 euros anuales para el Servicio Canario de la Salud en caso de que la gestión pasara a manos del Hospital Dr. Negrín.

No duró mucho la iniciativa, pues en diciembre de ese mismo año, Jesús Morera fue destituido y en su lugar nombrado JM Baltar como Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Como es sabido, JM Baltar era, hasta ese momento, director de operaciones del Grupo San Roque, principal perjudicado de la recuperación para lo público del servicio de Medicina Nuclear.

Nos enteramos por la prensa ahora, de la existencia de un informe que justamente señala en la dirección contraria a los informes que realizó el propio Hospital Doctor Negrín. Al parecer, los nuevos informes, que no se han publicado, indican que la privatización del servicio es ventajosa. Anuncian además la publicación de un nuevo concurso de privatización que no ha sido consensuado ni en el Parlamento, ni en el llamado Compromiso por la Sanidad, tampoco con los profesionales sanitarios, ni con los colegios profesionales ni con los sindicatos.

Además, es sospechoso que en ese mismo Hospital se haya destapado un caso tan vergonzoso como el del Jefe de Oncología Radioterápica, que mantenía negocios millonarios precisamente con la Clínica San Roque.

Está claro que el equipo actual de la Consejería de Sanidad busca el consenso en cuestiones de tipo menor, pero que las cuestiones esenciales que afectan al presente e hipotecan el futuro no son motivo de discusión. La privatización plena del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Dr. Negrín supone un nuevo agravio a la sanidad pública canaria.

Por todo lo dicho, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias nos oponemos totalmente a esta nueva privatización.

En Canarias a 15 de octubre de 2018

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En reunión conjunta de las Mareas Blancas de Gran Canaria y Tenerife , celebrada en La Laguna el pasado sábado día 6 de octubre, hemos acordado confluir en una Marea Blanca Canaria.

La Marea Blanca Canaria se enfrenta al desmantelamiento de la Sanidad Pública Canaria que se está perpetrando a través de los recortes, de los conciertos con la privada y de la entrega de patrimonio y servicios públicos para la gestión privada, implicando todo ello la infrautilización de los servicios sanitarios públicos y la precariedad del personal y recursos materiales.

La Marea Blanca Canaria apuesta por acabar con las listas de espera, en las que miles de personas ven agravadas sus patologías esperando por un diagnóstico o un tratamiento. Esta apuesta pasa por no infrautilizar, ni externalizar, los recursos públicos. La lucha contra las listas de espera se inscribe en un marco más amplio de lucha por la equidad del sistema garantizando un acceso universal a toda la población, de tal forma que ninguna persona quede sin tratamiento por motivos sociales o económicos.

La Marea Blanca Canaria apuesta por la inversión sostenida y sostenible en los adecuados y suficientes recursos humanos e infraestructuras de los servicios de salud garantizando su carácter humanizado al apostar por las personas y por los profesionales que lo hacen posible redundando todo ello en la estabilidad y mejora continua de una Sanidad Pública que además promueva una cultura de la salud, no centrada en la enfermedad sino en su prevención y en la promoción de la salud.

La Marea Blanca Canaria apuesta por seguir ampliando la confluencia organizativa de todos los movimientos afines de las distintas islas y les hace un llamamiento para sumarse a la misma, siempre desde el respeto a las especificidades de las dinámicas insulares pero apostando por el refuerzo de la unidad de acción y organizativa para la defensa de la Salud y de la Sanidad Pública de Canarias.

En Canarias a 8 de octubre de 2018

Marea Blanca Canaria

Si alguien ha dudado del proteccionismo del Sr. Consejero hacia el sector sanitario privado, que ya temíamos desde el principio de su mandato, los hechos acontecidos últimamente han despejado toda duda.

Los sistemas sanitarios públicos se basan en una concepción que choca frontalmente con los mecanismos de mercado, se fundamentan en que las personas reciban la atención sanitaria según sus necesidades y aporten por la vía de los impuestos según sus posibilidades. Por tanto, si así se hiciera pocas posibilidades de “negocio” quedarían para las empresas privadas de provisión y aseguramiento sanitario, salvo que, como ocurre en Canarias, sea la propia Consejería de Sanidad la que deje servicios sin cubrir, de modo interesado en unos casos o por infravaloración en otros. Esto ocurre con los Servicios de Urgencias Pediátricas, las pruebas de detección precoz del cáncer y con la pobrísima dotación para Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.

Es conocida la proliferación, con anuncios en los medios incluso, de ofertas para la detección precoz del cáncer de colon, de Servicios de Urgencias Pediátricas por parte de varias empresas privadas, la primera y muy destacada este verano la del Grupo Hospitalario San Roque los antiguos y seguros futuros patronos del Sr. Baltar, lo que nos da que pensar. El Sr. Consejero se ha cansado de decir que no consigue pediatras para el Servicio Canario de la Salud, debe ser que las empresas privadas los crean por generación espontánea, pero lo cierto es que los que completan su formación se van, ¿no será que su oferta laboral, de precaria, más que una oferta es un insulto para los profesionales? y ¿quizás también porque a los pocos que hay les permite usted trabajar tanto para la empresa privada como en la Sanidad Pública?.

Precisamente esta última pregunta nos permite enlazar con otro hecho lamentable denunciado en las últimas semanas, nos referimos al caso del Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Dr. Negrín que “compatibilizaba”, desde hace años, dicho puesto con la misma labor, ¡Oh Casualidad!, como Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica de la Clínica San Roque a la cual se derivan, por el Concierto de la Radioterapia, los pacientes del Hospital Dr. Negrín. Es muy escandaloso que dos personas que tuvieron alto nivel de responsabilidad en la creación y gestión del nuevo Servicio de Oncología Radioterápica de la Clínica San Roque (José Mauel Baltar, su Director de Operaciones de entonces y Pedro Lara, Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Dr. Negrín) se ocuparan de enviar y autorizar los pacientes de Radioterapia que se conciertan con esa clínica, y que el coste de la concertación haya aumentado significativamente.

También en el Hospital Dr. Negrín, no puede ser casualidad que en el Servicio de Medicina Nuclear cuyo contrato de gestión privada con el grupo San Roque expiró en 2015, la Consejería de Sanidad lo prorrogue mes a mes a pesar de que la reversión pública del citado servicio supondría el ahorro de casi 785.000 euros anuales. Es el único caso de un servicio asistencial de esa entidad dentro de un hospital público de Canarias “externalizado” siguiendo la estela de servicios de limpieza, cocina, gestión de residuos, etc.

Tampoco es casual que con alevosía veraniega la Consejería de Sanidad haya rebajado los requisitos de Homologación de los Conciertos, dando más tiempo para su cumplimento, requisitos “teóricos” del 2006 y que ahora son alargados hasta 2019, también se mantienen en suspenso las sanciones en caso de incumplimiento y se dan facilidades para mantenerlos aunque pierdan camas homologadas, además de la grave eliminación de las limitaciones porcentuales a la subcontratación de personal. Esa modificación de la renovación de Conciertos es al parecer para los Hospitales de Mediana Estancia ¿y los otros Hospitales?. Debe ser un olvido del Consejero… de Agricultura y Pesca que fue el que, tirando de triquiñuelas legales ante el impresentable conflicto de intereses de Baltar, firmó la nueva Orden de Homologación publicada en el BOC.

Por otro lado, sigue sin resolverse el problema de las ambulancias en el que solo se ha producido un cambio, en concreto en el sur de Gran Canaria, donde han tenido que suspender un contrato, otra casualidad de nuevo, con el Grupo San Roque, después de una sentencia judicial que lo condenaba por unos “problemitas” en la contratación del personal.

Como podemos ver, la gestión de Baltar al servicio del sector privado con los recursos públicos sigue ofreciendo muchas muestras mientras que las condiciones en las que se encuentra la Sanidad Pública han demostrado, también este verano, que se pueden generar situaciones de grave riesgo como sucedió en el caso del incendio provocado en el Servicio de Urgencias del Hospital de La Candelaria. Y no nos llamemos a engaño, hay otra clase de “pirómanos” y también generadores de cortinas de humo.

Solo nos queda desear y trabajar para ver cumplido nuestro deseo de que en los próximos meses, decisivos, seamos capaces de dar adecuada respuesta tanto a unos como a otros, frente a la propaganda incesante de Baltar y mediante las movilizaciones de profesionales y ciudadanía que reactiven la Marea Blanca en confluencia con el conjunto de reivindicaciones de los sectores populares perjudicados por las políticas neoliberales del gobierno de Coalición Canaria.

En Canarias a 3 de septiembre de 2018

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Eso se derivaría de las cifras que acaban de publicar y sobre las que no tenemos capacidad para ofrecer una suficiente agregación de datos de contraste. Es el gran inconveniente de la escasa transparencia de la administración sanitaria de Canarias que no pone al servicio del control público un sistema de seguimiento continuo de las listas de espera. Es más, incluso nos han negado el acceso a la demora de las especialidades en la zona de influencia del HUC, como denunciamos el pasado 14 de mayo, frente a las citas para fechas escandalosamente tardías, pretendiendo que tales fechas no fueran objeto de fiscalización ni por los profesionales ni por los pacientes. Ahora cuadran la maniobra con unas listas de espera aligeradas. Por nuestra parte queremos poner de manifiesto que en el caso del HUC tenemos datos suficientes para demostrar lo que estamos afirmando, una relación de pacientes que estaban incluidos en listas de espera y dejaron de estarlo por arte del “maquillaje”, aunque por la protección de datos no podamos hacerla pública.

Toda la información que a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias le proporcionan profesionales y pacientes lleva a no dar demasiado crédito a ese anunciado descenso en las listas así como de los tiempos de espera. Estamos cansados de que nos notifiquen citas para el 2021 y esperas quirúrgicas de mucho más de 90 y de 150 días (tiempos máximos de acceso garantizado según la patología) aunque no dudamos de que se hayan incrementado las intervenciones.

La Consejería de Sanidad hace de la publicación de las listas de espera una auténtica campaña de marketing pretendiendo que olvidemos que el supuesto descenso de ahora se habría hecho recurriendo a recursos privados con financiación pública. Tenemos que insistir en que con ello se eterniza la no habilitación plena del sistema público al no poner a éste al día en recursos materiales y humanos para asumir plenamente lo que se está afrontando con recursos privados y que supone una auténtica potenciación con dinero público del negocio de la sanidad privada. Curiosamente el Consejero utiliza como argumento para la concertación con la privada el hecho de que la sanidad pública canaria, además de la falta de camas, es la última en número de quirófanos públicos.

Ante eso cabe preguntar, como botón, ¿qué pasó con los 18,5 millones de euros presupuestados para infraestructuras sanitarias en 2017 y que Baltar no invirtió?. En resumen, mientras Baltar se entretiene, y nos entretiene, con el marketing y la propaganda, el sistema público sigue sin suficientes quirófanos, ni con el debido personal sanitario y sus amigos empresarios de la sanidad privada hacen acopio de los fondos públicos procurando abarcar la máxima tajada de los 2.930 millones de euros del presupuesto para sanidad de este año 2018. ¡Y nos viene a vender la moto de los 2 millones para los “presupuestos participativos”!

En Canarias a 24 de julio de 2018

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Entre  los datos que desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias le solicitamos, en escrito presentado el 5 de marzo de 2018, a la Consejería de Sanidad, conforme a la Ley 12/2014 de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, estaban los referidos a las actividades de los centros concertados y al volumen de la correspondiente facturación hecha al Servicio Canario de la Salud, datos que fueron objeto de estudio y extracción de conclusiones por nuestra parte. También se solicitó en dicho escrito información respecto a “Presupuesto económico para el año 2018 de los Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad sin contar el correspondiente al Programa Vacunal.”

Han pasado 4 meses y esta última información no nos ha llegado. Pretendíamos con ello arrojar un poco de luz sobre un misterio o ¿secreto? al parecer vedado al interés público, en realidad fundamentalmente de profesionales que consideran la información solicitada como básica para el estudio de las políticas de Salud Pública y el análisis comparado de sistemas de salud. Tal cosa es particularmente importante en Canarias cuya población  registra malos indicadores de salud derivados de precarias condiciones de vida, en lo que se refiere a desempleo, pobreza, malnutrición, carestía, deterioro medioambiental,  vivienda insalubre, riesgos laborales, higiene alimentaria, contaminación, violencia machista y derechos de las mujeres, asistencia sanitaria, educación, servicios sociales….lo que a su vez requiere de un abordaje reforzado por parte del sistema sanitario que sea patente en las partidas que el presupuesto sanitario dedique a los Programas y actividades de Salud Pública.

Sabemos que en el marco europeo la media del presupuesto para prevención gira en torno a un 3% del total sanitario, sin embargo en el Estado Español el programa presupuestario de Salud Pública ha retrocedido a cifras muy inferiores aunque varían los porcentajes del gasto sanitario dedicados al mismo por las distintas CCAA. En Canarias contamos con una Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias pero somos la única Comunidad Autónoma que no tiene su propia legislación sobre Salud Pública lo que indica el bajo peso de la Salud Pública en el sistema canario de salud siendo, por todo lo dicho, absolutamente necesario conocer la realidad de las cifras de este capítulo del presupuesto canario.

Desde luego la mencionada Dirección General de Salud Pública ha sido incapaz o ¿no ha querido?, en 4 meses, de proporcionarnos los datos solicitados, lo cual ponemos en conocimiento de la opinión pública demandando que nuestra petición sea satisfecha urgentemente.

En Canarias a 10 de julio de 2018

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias