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INTERCAMBIO DE OPINIONES PREGUNTAS RESPUESTAS PROPUESTAS…EN EL ATENEO DE LA LAGUNA.

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Nov 29 2017

Sanidad Pública: el fraude del Compromiso de Baltar

 

Se anunció a bombo y platillo, el pasado 6 de marzo de 2017, un compromiso para la mejora de la sanidad pública de las islas que “cristalizará en un Pacto Social y Político por la Sanidad con los partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales y sociales, colegios profesionales, universidades y asociaciones ciudadanas”. Un compromiso que, decía el Consejero Baltar, “deberá estar finalizado antes del 15 de septiembre de 2017, para que pueda ser incluido y materializado en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2018”.

Y hete aquí que a estas alturas, ya prácticamente en el mes de diciembre, nada se ha concretado puesto que el famoso compromiso no ha finalizado, dos meses y medio después de la fecha prevista y sin visos de que se vaya a materializar en los Presupuestos de 2018 lo que quiera que se supone hayan aportado sus participantes, que esa es otra cuestión a analizar. Es decir, mucho humo y marketing, mucho anuncio y promesas para incautos como siempre ha hecho Coalición Canaria.

Deteniéndonos en el proceso del mencionado compromiso, no puede decirse que merezca el calificativo de participativo ya que nos consta que a la administración no le ha interesado la participación de los muchos colectivos que son críticos con la gestión sanitaria, ya sean sindicales, profesionales, de pacientes, familiares y personas usuarias, vecinales, etc., por lo que no han sido invitados en absoluto, como es el caso de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Por otro lado, tampoco consideramos que la participación social en salud se solvente con una simple invitación a un proceso consultivo planteado de modo unilateral por la administración, muy al contrario, es algo que tiene que ser deliberativo y corresponsable en la gestión del sistema sanitario. Para ser real y efectiva la participación comunitaria debe tener un carácter ejecutivo, un poder decisorio sobre la identificación de los problemas de salud, la determinación de prioridades de actuación, la asignación de recursos y la evaluación.

Ya en la ILP para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública, pendiente de tramitación en el Parlamento de Canarias desde el 7 de marzo de 2012 cuando se tomó en consideración, se proponía desarrollar la legislación sobre participación en dichos sentidos, haciendo posible que la misma promueva las decisiones por consenso y en cualquier caso con carácter ejecutivo, garantizando siempre voz y voto debidamente ponderado. La falta de constitución y funcionamiento de los Consejos de Salud, empezando por los de Zona Básica, debe ser corregida, dándoles carácter decisorio en planificación, gestión y evaluación de las políticas de salud y de asistencia sanitaria. Ampliar sus funciones y crear nuevos instrumentos de participación (foros participativos, nuevas tecnologías, presupuestos participativos, escuela de pacientes). El paripé de última hora de reuniones exprés con unos Consejos de Salud de nivel insular (que realmente no tienen actividad ni vinculación con las Zonas Básicas), no engaña a nadie pues los Consejos de Salud de primera línea de la Sanidad o no existen o ni siquiera se les consulta y ahí es donde está la verdad de un sistema sanitario sin participación de base democrática. Se precisa un trabajo intersectorial, una participación ciudadana real y el apoyo de las administraciones públicas para disponer de estructuras que permitan a la ciudadanía participar de una manera regular y efectiva en todos los niveles y no mediante iniciativas limitadas, mediatizadas y por tanto fraudulentas como la del “compromiso de Baltar”.

No queda otra que denunciar el fraude y exigir responsabilidades, por tanta desvergüenza y tomadura de pelo, en primer lugar al Consejero Baltar y a continuación a sus cómplices, muñidores y demás personal de “Palacio”, ya que solo se explica el actual estado de cosas, lo descrito y los pésimos indicadores de salud y de atención sanitaria de la población canaria, por la omisión y pasividad de las fuerzas sociales que tienen en su mano darle cumplida respuesta mediante la imprescindible lucha y movilización.

En Canarias a 30 de noviembre de 2017

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Nov 05 2017

¿Serán posibles unas Listas de Espera transparentes?

 

Hace unos días el Presidente  Sr. Clavijo dijo que las Listas de Espera sanitaria bajarían un 10%, y dado que al Sr. Clavijo le gusta siempre adelantarse a todo para obtener titulares de prensa, no nos extrañan unas declaraciones que vienen a confirmar, no por repetida menos falsa, la afirmación de un supuesto descenso de aquellas.

 

La percepción que se tiene desde la ciudadanía o sea desde los pacientes, es muy distinta, pues no hay día que no recibamos denuncias de aquellos a los que se les han suspendido consultas o pruebas diagnósticas, cambiándoselas, dándole fecha para muchos meses más tarde o en muchos casos ni siquiera dándole fecha. Si a eso sumamos los famosos cierres de agendas y otras artimañas que buscan jugar con las cifras de las listas, se comprenderá que no son de extrañar nuestras dudas sobre los datos que se publicitan.

 

Considerando los esfuerzos que se puedan estar haciendo para mejorar, sin embargo estos nos parecen insuficientes, pues entre otras cosas mientras los porcentajes de la Cirugía Mayor Ambulatoria no superen el 60% y el rendimiento de los quirófanos de mañana no sean mayores del 70% etc. no nos debemos dar por satisfechos.

 

Hace unos meses el Responsable de Transparencia del Gobierno de Canarias en unas declaraciones a la prensa dijo que la Consejería de Sanidad era de las menos transparentes del Gobierno, por esto y dado que en diciembre se deben publicar los nuevos datos sobre Listas de espera, nos gustaría que en defensa de la necesaria transparencia que debe presidir la comunicación de datos tan sensibles para la ciudadanía, se nos hicieran llegar por parte de la Consejería de Sanidad las siguientes aclaraciones:

 

1-  Relación de listas de espera de todas las pruebas diagnosticas, para lo que se deberán publicar aquellas que hasta ahora se ocultan.

 

2-  Número de agendas que se cierran y tiempo medio del cierre.

 

3-  Número de pacientes que son dados de baja de las diversas listas de espera por:

 

  1. a)  Ya haber sido tratados o realizadas las pruebas fuera del Sistema Público

 

  1. b)  Haber fallecido

 

  1. c)  Baja voluntaria o curación

 

  1. d)  No haberlos localizado

 

  1. e)  Otras causas

 

Sería de desear clarificación en cuanto a las entradas y salidas de las listas, así como otros datos complementarios que les parezcan relevantes.

 

Sr. Consejero, nosotros no somos matemáticos como usted, se supone que el manejo de cifras es lo suyo, nosotros somos trabajadores sanitarios, y también pacientes, con muchos años de experiencia en la Sanidad Pública y solo solicitamos la VERDAD, por cierto, deje fuera las campañas publicitarias y los “ Mantras” como el de “los trabajadores sanitarios son magníficos etc. etc.”, eso no hace falta decirlo, lo saben los sanitarios y los pacientes, es una pena que, por parte de la Consejería, solo sea un reconocimiento de palabra no con hechos.

 

Sr. Consejero, denos cifras y hechos, tiene 2 meses, hasta diciembre, para completar los datos en la línea que le pedimos, si quiere que sean creíbles, en caso contrario permítanos que aunque nos presente la anunciada reducción de su Presidente Clavijo dudemos de ella.

 

En Canarias a 6 de noviembre de 2017

 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Oct 02 2017

Defender el Sistema Público de Pensiones es vital para la Salud Pública

 

Entre los meses de octubre y noviembre se van a tomar, en el Congreso de los Diputados, decisiones importantes que van a afectar al futuro inmediato de las pensiones públicas y a su poder adquisitivo. En este sentido y desde el punto de vista de la Salud Pública ya hay datos contrastados acerca de como repercute el recorte de las pensiones en la misma que no hacen sino confirmar lo que era más que previsible.

 

Medidas que ya afectaron a la capacidad adquisitiva de las personas pensionistas fueron primero la desfinanciación de medicamentos y luego el copago farmacéutico que el RDL 16/2012, entre otras medidas regresivas, estableció. Posteriormente la reforma de las pensiones del 2013, con un máximo de aumento anual del 0,25%, supone la reducción continuada de las pensiones a lo largo de los años, perdiendo poder adquisitivo permanentemente por lo que cada pensionista, actual y futuro, será más pobre a medida que va cumpliendo años, empeorando sus condiciones de vida, de alimentación, de vivienda, etc. y afectando a su salud física y mental.

 

Encuestas realizadas en centros de salud a pensionistas que acudieron a consulta no urgente y elegidos de manera aleatoria, arrojaron el balance de que un 16,83% de las personas no retiran los medicamentos de la farmacia por motivos económicos. No hay que olvidar que en el Estado español un 29% de la población está en serio riesgo de pobreza y que los copagos penalizan de manera directa a las personas más pobres y más enfermas, acumulando riesgos sobre su salud. El 27,29% de los que tenían una renta inferior a 400 € mensuales no retiraron de la farmacia los medicamentos prescritos. Un 60,08% de pensionistas consumían alguno o varios de los medicamentos excluidos de la financiación pública. De ellos solo el 25% del total siguieron haciéndolo con un coste medio mensual que habría que sumar en estos casos al copago farmacéutico.

 

El copago en los pensionistas ha producido el efecto esperado, y ya objetivado en otros países, es decir los pensionistas han dejado de consumir medicamentos prescritos, en porcentaje mayor según menor es su nivel de renta, por lo que ha perjudicado sobre todo a los más pobres y más enfermos. La repercusión sobre la salud de esta no utilización de medicamentos recetados ya ha producido un empeoramiento de las enfermedades de base, una descompensación de las mismas e incluso un aumento de la mortalidad.

 

La pérdida de poder adquisitivo de las personas pensionistas las disuaden de seguir su medicación a costa de su salud. No permitamos que sigan robando las pensiones y la salud. Si queremos pensiones dignas y salud mañana las tenemos que defender hoy.

 

Por todo lo señalado desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), exigimos la retirada del copago farmacéutico de los pensionistas, en particular, la derogación del RDL 16/2012, en general, y nos sumamos a la manifestación unitaria para la defensa de las pensiones que convocan partidos, sindicatos y colectivos sociales para el domingo 8 de octubre a las 11 h. desde la Plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife.

 

En Canarias a 3 de octubre de 2017

 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Sep 10 2017

El Servicio Canario de la Salud fomenta la obesidad

 

La obesidad es una enfermedad que además está directamente relacionada con otras enfermedades y padecimientos graves como la diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, el cáncer de mama y de colon, la arteriosclerosis que a su vez se manifiesta con la elevada mortalidad de los infartos de miocardio, ictus, insuficiencia cardiaca y renal, etc. También produce aumento de las artrosis y problemas respiratorias como la apnea del sueño.

Aunque tradicionalmente la pobreza se asociaba con desnutrición y hambre, tanto en los países desarrollados como en los empobrecidos también ha pasado a relacionarse, de forma aparentemente paradójica, con la obesidad. La pobreza se asocia, además, con sedentarismo y menores gastos en alimentación, a expensas sobre todo de un menor consumo de frutas y verduras, y con un predominio de dietas de bajo coste, con alta densidad energética y mayores contenidos en grasa y azúcar. Esto tiene mucho que ver con que en Canarias haya un 30 % de obesidad y que seamos líderes en todos los tipos de obesidad: mórbida, en personas mayores y sobre todo en obesidad infantil (el 18 %), situación muy grave y que va en aumento. Como consecuencia de ello tenemos los peores índices en enfermedades cardiovasculares,  las complicaciones y la mortalidad  por diabetes triplican la media estatal, contamos con el mayor índice de infartos, estamos a la cabeza en colesterol elevado e insuficiencia renal y somos la comunidad autónoma con mayor número de diálisis.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) rechazamos responsabilizar individualmente a la ciudadanía de lo que son los factores sociales, económicos y por tanto políticos de la Salud Pública evitando referirnos exclusivamente, en el caso de la obesidad, a los hábitos alimentarios individuales, particularmente si hablamos del programa de intervención para la prevención de la obesidad infantil. Un ejemplo claro lo tenemos en la ingesta diaria de bebidas azucaradas que se sabe que eleva en un 13 % el riesgo de padecer diabetes en 10 años. En concreto la revista Circulation afirma que el consumo diario de bebidas azucaradas supone a nivel mundial 130.000 muertes por diabetes, 45.000 muertes por enfermedad cardiovascular y 6.450 por diferentes tipos de cáncer. En dicha ingesta intervienen no solo la decisión individual sino también los factores mencionados, entre los que se encuentran los intereses de la industria apoyados en una potente publicidad, así como la complicidad, por acción u omisión, de las instituciones políticas públicas.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone la creación de un impuesto que grave las bebidas azucaradas y la bollería, como medida política para reducir las altas tasas de sobrepeso y obesidad.  Hay pruebas científicas suficientes que demuestran que esta medida es efectiva. Algunas publicaciones en las más prestigiosas revistas del mundo, como British Medical Journal y Lancet, afirman que la reducción  del consumo nocivo es directamente proporcional al porcentaje del impuesto, de tal manera que si gravamos la bebida con un 15 % habrá un 15 %  de reducción de la sustancia nociva  y eso ayuda a reducir la obesidad en un 1,5 %  y en un 2,5 % la diabetes de tipo 2. Además la recaudación por dicho impuesto se aplicaría a la financiación sanitaria, particularmente para prevención y promoción de salud.

Sin embargo el Gobierno de Canarias no solo es incapaz de asumir la medida propuesta, dado su más absoluto sometimiento a la industria que se opone a la misma, sino que además predica con el ejemplo de todo lo contrario: facilita el consumo de bebidas azucaradas en los mismísimos centros sanitarios como puede verse en la foto hecha en el Centro de Salud Laguna-Mercedes en la que aparece una máquina para la venta de bebidas azucaradas.

Con tal nivel de irresponsabilidad para lo más sencillo no cabe ninguna esperanza para lo más complejo, es decir, afrontar los factores sociales, económicos y por tanto políticos que definen una auténtica Salud Pública al servicio de la ciudadanía canaria. Salvo que esta consiga el cambio político necesario para lograrlo.

Canarias a 11 de septiembre de 2017

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

 

Sep 03 2017

Quieren engañar aún a costa de la Salud de la población

 

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) queremos poner de manifiesto lo bochornoso de la actuación, en relación con el fenómeno de las llamadas microalgas, por parte del Consejero de Sanidad que no ha parado de desgañitarse afirmando que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las cianobacterias, denominación científicamente adecuada para el citado fenómeno, son consideradas NO NOCIVAS, por lo que no estaríamos ante un problema de Salud Pública, así como que están totalmente desvinculadas de los vertidos a la mar de aguas residuales. Sin embargo, basta con consultar fuentes de la OMS para comprobar la falsedad de la afirmación de Baltar, así como, una vez más, su dejación de las obligaciones de la Consejería de Sanidad para con la Salud de la población canaria.

En el enlace que figura más abajo se contiene una información que pone sobradamente de manifiesto lo que estamos afirmando: “Las cianobacterias……Bajo determinadas condiciones ambientales pueden formar floraciones algales, algunas veces con formación de una variedad de toxinas que afectan a los animales y humanos. Los factores ambientales que proporcionan desarrollo de floraciones algales incluyen aporte desmedido de nutrientes de las descargas cloacales y fertilizantes (como fósforo y nitrógeno) que ocasionan eutrofización de los cuerpos de agua. Hay una diversidad de toxinas con diversas sustancias químicas que varían de acuerdo con los géneros de cianobacterias, cepas, y también con factores ambientales, tales como contenido de fosforo y nitrógeno.” Es evidente que cuando se da la presencia de toxinas no se puede hablar de un carácter no nocivo de las cianobacterias que las producen y además continúa diciendo la OMS que “las toxinas pueden ser, según el sistema u órgano diana afectado, hepatotoxina, neurotoxina, citotoxina general, dermotoxina e incluso posible gastrointestinal.” (http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7398%3A2012-cianobacteria-cianotoxinas-salud&catid=4716%3Ageneral&Itemid=39623&lang=es)

Se ha hecho más que evidente que la batalla fundamental ha de ser contra los ingentes vertidos de aguas residuales sin depurar, a la mar y al subsuelo, y por ahí viene la imprescindible movilización ciudadana que tendrá una oportunidad cercana de expresarse de modo contundente en la manifestación que saldrá el próximo día 9 de septiembre a partir de las 11 horas desde la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife.

Pero también es fundamental el desarrollo de la Ley General de Salud Pública (LGSP) que entró en vigor el 6 de octubre de 2011 en el Estado, y particularmente en Canarias aprovechando la ILP para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública, como coincidieron en decir todos los grupos del Parlamento de Canarias el 7 de marzo de 2012 con ocasión del pleno de toma en consideración. Es fundamental la intervención mediante la necesaria Ley Canaria de Salud Pública y Sanidad que podría derivarse de aquella, articulando los principios de “Salud en todas las políticas”, así como de “Evaluación del Impacto en Salud” de dichas políticas, incluidas, por supuesto, las que hacen referencia a las aguas residuales tanto industriales como urbanas. Se precisa acabar, con la falta de control sobre la presencia de residuos tóxicos que hace posible que tanto nuestros acuíferos como las aguas marinas se conviertan en una fuente notable de aquellos para la población de estas islas. Se precisa en suma que la Salud Pública sea una auténtica prioridad y no una figura decorativa a la que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no llega a dedicar ni siquiera un 1% de su presupuesto.

Y se precisa ir más lejos, superar un sistema que movido por el acicate de la máxima ganancia para los poderes oligárquicos depreda la biosfera, avanzando hacia una organización social y política ecológicamente compatible con La Salud.

Basta de CORTINAS DE HUMO para tapar la incompetencia y la falta de voluntad de las instituciones públicas, tanto de ayuntamientos, cabildos, como Consejerías del propio Gobierno de Canarias, para solucionar los problemas que afectan a la Salud de nuestra población.

En Canarias a 4 de septiembre de 2017

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

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