El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de las pruebas presentadas y sin realizar ninguna diligencia, no ha admitido a trámite la querella, presentada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) el pasado 15 de enero de 2020, contra los responsables de la trama del negocio con los tratamientos de Oncología Radioterápica en la isla de Gran Canaria. 

De esa manera pretendíamos cumplimentar la vía judicial, para revertir el proceso privatizador, comprometida con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que organizamos con dicha finalidad.

El principal querellado era Pedro Lara, Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Dr. Negrín, durante los años que figuran en la querella, por presuntos delitos al pretender «compatibilizar», desde hace años, dicho puesto con la misma labor como Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica de la Clínica San Roque a la cual se derivan, por el Concierto de la Radioterapia, los pacientes del Hospital Dr. Negrín. 

Todo ello con la presunta colaboración de José Manuel Baltar, que era Director de Operaciones de entonces en San Roque, ocupándose de enviar y autorizar los pacientes de Radioterapia que se conciertan con esa clínica, con un coste de la concertación y un número de derivaciones mantenido sin que mediara concurso y con independencia de las necesidades del servicio y de las fluctuaciones de la lista de espera. 

En la actualidad Lara, a partir de denuncias en prensa y en el Parlamento de Canarias, según se ha publicado se vio obligado a dimitir de su plaza de Jefe de Servicio así como de la de Catedrático de la Universidad de Las Palmas, ocupando en la actualidad la Jefatura de Servicio en la Clínica San Roque.

Recopilando datos de esas derivaciones se ha constatado que en los años en que el propio José Manuel Baltar era Consejero de Sanidad los tratamientos derivados fueron 249 en 2017, 272 en 2018 y hasta octubre de 2019 ascendían a 211, reportando un ingreso promedio anual a este centro privado de 1,6 millones de euros públicos. 

Estos presuntos hechos se relatan en la querella y de los que el Consejero Baltar no podría afirmar que no tenía conocimiento, aunque después se viera obligado a intervenir cuando el escándalo fue público. 

La querella no se ha admitido a trámite aunque tipifica posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública entre otros.

Para frenar el saqueo y la corrupción sanitaria hay que abolir toda forma de privatización. En  la mayoría de las Comunidades Autónomas se ha traducido en los mismos problemas, se multiplica entre cuatro y siete veces el coste, hay irregularidades en la adjudicación de las concesiones o conciertos, recortes y deterioro en edificios y equipamiento, en la calidad de los materiales, sobrecostes no contemplados en los contratos, contrataciones de personal amañadas, trampas y sobreprecios en la publicitación e información al público, etc.

En las tramas que se desarrollan se involucran empresas y responsables políticos, como ha sido presuntamente el caso en Canarias, por parte de sucesivos responsables de la Consejería de Sanidad. El más expresivo el del Consejero José Manuel Baltar. 

Desde la ADSPC hace años que venimos denunciando en foros profesionales y sociales, los graves riesgos para pacientes, sistema sanitario, trabajadores y arcas públicas de la privatización y nos hemos enfrentado a los grupos de presión profesional que la promueven (financiados por laboratorios, empresas tecnológicas, empresas consultoras, compañías de seguros médicos, fondos de inversión, etc,)  que han visto en la sanidad un enorme negocio, dados los importantes recursos públicos que se destinan a la misma.

La privatización que  se presenta como alternativa a la gestión pública a la que se acusa de costosa, burocrática e ineficiente, no ha evidenciado las prometidas ventajas en eficiencia, transparencia y  calidad, a lo que habría de añadir unos costes disparatados imposibles de sufragar a medio y largo plazo, así como la secuela grave de la generalización de la corrupción pública, como se ha podido demostrar en otras CCAA.

Desde la ADSPC hacemos un llamamiento para poner freno a este saqueo de dinero público, para lo que proponemos: 

1. Abrir auditorías en el Parlamento Autonómico para analizar la aplicación de las concesiones o conciertos y sus consecuencias para la Sanidad, la población y las arcas públicas.

2. Apertura de procesos de denuncia progresiva de las concesiones o conciertos y su reintegración al sistema público.

3. Sanciones ejemplares para los implicados en cualquier trama de corrupción, dada la trascendencia de ello para la salud de la población.

En Canarias a 16 de septiembre de 2021

Comenzamos de nuevo con las típicas maniobras de camuflaje a las que nos tiene acostumbrado un especialista, Conrado Domínguez, tal como se demostró en la anterior legislatura. 

Según informa la Consejería de Sanidad la demora media de las intervenciones bajó de 150,58 días a 126,3 días y el número de personas que espera más de seis meses experimentó una disminución al pasar de 6.512 a 5.306. No obstante, el primer semestre de 2021 concluyó con 27.499 personas en lista de espera quirúrgica, lo que representa un incremento de un 12,3% en comparación con diciembre del pasado año, cuando había 24.495. Las consultas de Atención Especializada, en cambio, aumentaron un 16,1% en el mismo espacio temporal, ya que entre julio y diciembre de 2020 hubo 1.366.264 y entre enero y junio del presente año 1.586.173. Así mismo, a la espera de una prueba diagnóstica había hasta junio 28.755 personas, 4.788 más que en el semestre anterior.

Sin embargo, de lo que no informan es de: a) teniendo en cuenta los retrasos diagnósticos, por tanto de cuántos más pacientes entrarían en listas de espera si no hubiera retraso de pruebas diagnósticas; b) cuántos pacientes de más de 6 meses han rechazado temporalmente la intervención por la pandemia, cuántos han fallecido o han sido intervenidos en el sector privado donde se han incrementado las pólizas y donde al no tener traslados de pacientes con Covid tienen camas libres; c) cual es la demora en los programas preventivos de detección de procesos oncológicos, donde tanto la ciudadanía como las diversas Sociedades Científicas están denunciando, es el caso de la Sociedad Europea de Oncología Médica que cifra en más de un millón los tumores que no van a ser diagnosticados por culpa de la pandemia; d) Igualmente, en cuanto a otras patologías, falta saber cuál es su retraso diagnóstico y por tanto su agravamiento, y también cuantas consultas de seguimiento de enfermedades crónicas se están posponiendo con el consiguiente agravamiento de las mismas.

También se informa de que en el ámbito de Atención Primaria hubo 5.012.025 de consultas en los primeros seis meses del año, un 5,3% más que entre julio y diciembre de 2020, cuando se registraron 4.731.447, pero lo que tampoco dicen es que en  el incremento de Atención Primaria habría que distinguir entre las consultas de la Covid y de seguimiento de esta de las de pacientes con  otras enfermedades que denuncian día a día las plantillas claramente insuficientes lo que hace más grave el problema. Es lógico que en la pandemia aumenten las consultas, más si tenemos en cuenta que la Atención Primaria es utilizada no solo para el diagnóstico de los casos sino para su rastreo. 

El aumento de consultas de Atención Primaria y el de consultas de  Atención Especializada explican el aumento de las listas de espera quirúrgica y de pruebas diagnósticas. Se opera más rápido pero insuficientemente para impedir el aumento de las listas de espera quirúrgica y tampoco se agilizan lo necesario las pruebas diagnósticas como para evitar que también aumente su lista de espera.

Debe ser que, como denunció en su momento la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, la financiación de 200 millones de euros y el personal contratado se ha demostrado insuficiente, siendo por otro lado personal temporal con un contrato por un periodo que abarca el tiempo que dura el programa. Tampoco informa la Consejería de cuántos de esos 200 millones se han “derivado” a la Sanidad Privada y no precisamente para tratamientos de Covid, sino para prestaciones más lucrativas.

También cabe insistir en que en el plan de la Consejería de Sanidad no aparece debidamente el eslabón básico del sistema sanitario y de salud que es la Atención Primaria cuya potenciación es fundamental para atender a la prevención de la enfermedad, así como a la promoción de salud, evitando la ampliación de las listas de espera.  La Atención Primaria está derivando hacia un proceso de destrucción que se escenifica claramente en las dificultades de la población para acceder a una cita, y en las demoras para citas telefónicas y no digamos presenciales, y al hecho de que en muchos casos ambas se suman (primero te dan una cita telefónica y después la presencial) y que dificulta la accesibilidad y la calidad asistencial y que arroja a la población a las urgencias hospitalarias y/o a la medicina privada. Por eso es necesario y urgente incrementar los recursos, acabar con las limitaciones e inequidades de acceso, la medicalización, la masificación y las malas condiciones laborales del personal.

Lo mismo ocurre con Salud Pública cuya partida presupuestaria del 1,19% no llega al mínimo imprescindible (2,5%) y con más necesidad aún en medio de una pandemia. También se manifiesta incapacidad política para la Salud Pública en Canarias. Es revelador oír, a estas alturas, decir a algún oráculo del «gobierno de las flores», que en relación a la pandemia arrastramos una deficiencia básica sobre Salud Pública en la «ley general de salud pública de 1986» (al referirse a la Ley General de Sanidad de dicho año), ignorando que tenemos desde 2011 una auténtica Ley General de Salud Pública, la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

Esa ley no se ha desarrollado suficientemente en el marco estatal al ser aprobada un poco antes de la entrada, ese año 2011, del PP en el Gobierno central que “la guardó en un cajón” y aunque sirvió de matriz para diversas leyes autonómicas, cabe señalar que en Canarias no fue ese el caso, de hecho es la única comunidad autónoma que carece de Ley autonómica de Salud Pública.

Sin embargo en la ADSPC, aún antes de la ley estatal, éramos plenamente conscientes de su necesidad y por eso en 2010 redactamos una Proposición de Ley de Iniciativa Popular que elevaba la Salud Pública a la más alta consideración en nuestra sanidad autonómica y avalada por 25000 firmas entró en el registro del Parlamento de Canarias en octubre de dicho año, acordando en el Pleno del día 7 de marzo de 2012 su toma en consideración y procediendo a abrir el periodo de presentación de enmiendas. Desde entonces la falta de una voluntad política mayoritaria del Parlamento se ha traducido en ignorarla durante 4 legislaturas hasta ahora.

Ahora nos causa estupor, y crece con ello la indignación, oír también al Presidente Torres, así como a otros voceros como el Consejero Trujillo, hablar de déficit jurídico y legislativo sobre Salud Pública cuando desde hace casi 10 años está esperando, y sigue pendiente en la agenda del Parlamento de Canarias, una propuesta emanada de la iniciativa democrática de profesionales y ciudadanía a la que tenían que haber prestado atención y «utilizado» en el mejor de los sentidos para procurar al pueblo canario un dispositivo de Salud Pública adecuado y digno.

Señor Presidente, Señor Consejero y Señor Director del Servicio Canario de Salud, no tienes ustedes la más mínima credibilidad, escuchen a los profesionales de a pie y a la ciudadanía y……..dejen de echarse “flores”.

En Canarias a 17 de agosto de 2021

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Pan para hoy, hambre para mañana,… ¿y también enfermedad y muerte?

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad  Pública de Canarias manifestamos nuestra más absoluta defensa de la ciencia epidemiológica y la salud pública en relación con las restricciones del Nivel 3 para Tenerife en el ámbito de la restauración y la hostelería, debiendo evitarse la preponderancia de la economía, en la que cabe distinguir entre necesidades elementales y aspectos lucrativos, sobre la salud y la vida.

Nos alarma sobremanera que se prescinda de la evidencia científica de, como mínimo, 20 estudios que investigaron el papel de la hostelería en la epidemiología de la COVID-19 y llegaron a la conclusión de que hay una gran consistencia en señalar que el cierre de los locales de hostelería es una de las medidas más efectivas para disminuir la incidencia y la mortalidad de la COVID-19. Además, se señalan algunas medidas, como la limitación de aforos y la ventilación, como aspectos a monitorizar en los procesos de reapertura de estos locales.

Aún con la situación de muchas personas que sobreviven trabajando en la hostelería y la restauración, es el empresariado el que se aprovecha de la precaria situación de todas esas personas. El círculo se cierra al no darse la necesaria intervención de las Administraciones públicas del Estado para evitar que las consecuencias de la reducción de restricciones, de la falta de control de las normas y las correspondientes sanciones a quien incumple, de la falta de diligencia en el rastreo, de las incongruencias en el plan de vacunación, las pague el conjunto de la población con una potenciación del pico epidémico que está sufriendo actualmente la isla de Tenerife, con las consiguientes secuelas de sufrimiento y muerte.

Evidentemente, entre las necesarias intervenciones de las Administraciones públicas deben materializarse las que garanticen ayudas económicas y sociales a todas las personas cuya actividad laboral se vea imposibilitada por la epidemia y las imprescindibles medidas restrictivas. Al respecto cabe decir que el llamado escudo social no ha sido tal, baste señalar que el ingreso mínimo vital no llega a la mayoría de las víctimas de la crisis económica y sanitaria. Ha sido solicitado por más de un millón de personas y se ha concedido, a diciembre de 2020, a un total de 160.000.

Es preciso salir de esta trampa. La sociedad no se enfrenta solo a un auténtico desafío sanitario sino a una crisis global. Hay que llamar por su nombre al sistema que la produce: un capitalismo en crisis, es este “sistema económico, social y político” que sufrimos lo que debemos identificar claramente, el capitalismo en su era neoliberal, cuyas leyes, vía organizaciones empresariales y poderes institucionales ha inspirado e incluso dictado todas las decisiones políticas desde hace muchos años (en sanidad ha sido determinante la ley neoliberal privatizadora 15/97). Hay que salir de él,  debemos recuperar todo aquello que cuarenta años de gestión neoliberal nos ha quitado. Muchos de los que nos parecían derechos adquiridos fueron conquistas de las luchas. La actualidad ha puesto en primer plano la destrucción metódica de nuestro sistema de salud y los múltiples golpes a la seguridad social, la educación, el sistema de pensiones, el derecho del trabajo y otros derechos sociales, la vivienda y los servicios públicos, condenados a la liquidación y/o la privatización.

Mientras tanto, la solución oficial ahora es una vacunación masiva que por otro lado suscita interrogantes sobre la disponibilidad de dosis, sobre todo ante el surgimiento de nuevas variantes del virus. Pero además, queremos exigir a las Administraciones públicas las correspondientes políticas públicas que sobrepasen la  estrechez de intereses haciendo posible el apoyo sanitario, económico y social al conjunto de la población (evidentemente, también en el caso que nos ocupa, a la que trabaja en hostelería y restauración) para que pueda ponerse a salvo de la miseria, la enfermedad y la muerte.

En Canarias a 5 de julio de 2021

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias