Parece que los sectores sanitarios del “Compromiso con Baltar” damnificados por la derrota de Coalición Canaria, léase patronal privada y cúpulas de sindicatos y asociaciones del “régimen”, que de momento no están pudiendo manejar en su propio beneficio a la Consejera de Sanidad de Canarias, están lanzando una ofensiva encaminada a retomar los resortes de poder que han perdido, para ello pretenden la destitución de la actual Consejera y su sustitución por la “buena pieza” que para sus intereses ha sido siempre el señor Conrado Domínguez, director de SCS con Baltar y actual Secretario General Técnico en la Consejería de Obras Públicas (debe ser por su capacidad para “flotar”) del que aún no sabemos por qué sigue en un gobierno que se autodenomina progresista.

Precisamente desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública celebramos que la instrucción que firmó a principios de abril el anterior director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, para facilitar un incremento de las derivaciones hacia las clínicas privadas haya sido declarada “nula de pleno derecho”, en un dictamen de los servicios jurídicos de la Secretaría General Técnica del SCS, que han dado indicaciones a las direcciones de área para impedir que los hospitales concertados puedan ocupar tres camas por habitación y saltarse así la limitación de los dos pacientes por estancia, un requisito que figura en la orden de homologación que regula las condiciones de contratación con la administración pública.

Eso fue lo que en el año 2019 exigimos desde la ADSPC al anterior Gobierno de Canarias mediante una solicitud por escrito en su Registro  y que el mismo ignoró. Es una buena noticia que se produzca este freno al afán de lucro de las clínicas privadas concertadas y tan sabiamente “representadas” en sus intereses por la gestión del señor Domínguez.

Estos intereses son los que están realmente detrás de esta campaña contra las, para la ADSPC, aún tímidas actuaciones de la Consejera de Sanidad y su equipo. La posible afección a los mismos desencadena la actuación mancomunada del sector lucrativo privado, al que tan bien le fue con Baltar  y Domínguez al haberle hincado el diente a la Sanidad Publica, así como de toda la cofradía de estómagos agradecidos integrados en aquel bochornoso “Compromiso con Baltar”.

Por todo ello, animamos a la Consejera a que profundice en desmontar los chiringuitos de los distintos grupos de presión que han venido “campando a sus anchas” en nuestra Sanidad Pública Canaria.

En Canarias a 20 de Enero de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Ha comenzado un nuevo año y nuestra Sanidad sigue en precario, los presupuestos para 2020 aunque mejoran los anteriores no son suficiente para el despegue urgente que necesita la Salud de la población canaria. Seguimos con un gasto per cápita por debajo de la media estatal y situada nuestra Sanidad la 6ª por la cola de las 17 CCAA, con unos malos indicadores de Salud que no se puede dejar para más adelante su recuperación necesitándose una financiación por encima de la media para que lo antes posible podamos equipararnos a la media estatal en cuanto a Sanidad y Salud.

Está claro que la “herencia” de CC, y sus distintos socios en los sucesivos gobiernos, no se puede sanear fácilmente en una legislatura, pero hay problemas importantísimos, alguno de ellos sin coste o con coste económico mínimo, que hay que solucionar de manera urgente.

Para empezar, afrontar el pésimo comienzo de año que han tenido las personas pensionistas más precarias en Canarias (por debajo de los 18.000 euros de ingreso) por una clara dejadez del “gobierno de las flores”. Desde el mismísimo día 1 de enero los pensionistas más precarios se encuentran al ir a retirar sus medicamentos en las farmacias con que tiene que pagar su porcentaje al haber caducado, por no renovación por parte del nuevo Gobierno de Canarias, la subvención de gratuidad que venían disfrutando desde el mes de mayo de 2019 respecto a uno de los copagos introducidos por el PP en su RDL 16/2012. Esa subvención era absolutamente electoralista, ya que la adoptó en plena campaña electoral el gobierno de Clavijo, aunque no deja de ser absurdo que el  nuevo gobierno de Canarias no haya tomado alguna medida paliativa hasta ver si se confirmaba por el Gobierno Central la derogación del referido RDL 16/2012. No se puede ser más torpe al dejar que Coalición Canaria siga dañando a la población después de haber sido derrotada y que encima sea el nuevo gobierno canario el que asuma las consecuencias políticas.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias exigimos que se adopten por el Gobierno de Canarias, de modo inmediato, medidas que supriman de hecho, con efectos del 1 de enero, esta carga económica para las personas más pobres y enfermas de nuestras islas.

Efectivamente está en el acuerdo de coalición para el gobierno que se constituya a partir de hoy día 7 de enero la anulación de los copagos y las exclusiones del RDL 16/2012 y esperemos que cuanto antes se aborden aspectos muy importantes y muy negativos de los copagos de los medicamentos (2,18 millones de personas no retiran medicamentos prescritos por motivos económicos según el Barómetro Sanitario), y los otros copagos que no se llevaron a cabo pero que siguen vigentes (transporte, dietas, medicamentos de farmacia hospitalaria, etc). Es una medida urgente y que solo fomenta desigualdad impidiendo a las personas más pobres y más enfermas el acceso a la prestación farmacéutica. Aunque tiene un cierto impacto económico, no resulta fácil entender que no se hayan tomado medidas al respecto mientras se aprobaban otras partidas de gasto muy superiores.

Por otro lado tenemos la impresión de que a este Gobierno de Canarias, ante los problemas que denuncian colectivos y los medios de comunicación, todo se le va en salir inmediatamente  en estos diciendo que son conscientes del problema y que están las soluciones en marcha pero ¡cuánto tardan!.

No olvidemos que es un principio básico el “prevenir más que curar” y eso queremos verlo ya, que se dediquen muchos más recursos a la prevención y la salud pública ( y podrían empezar por gravar las bebidas azucaradas y la bollería industrial), que se empiece a actuar con más agilidad respecto a toda la agenda pendiente en sanidad porque ya nos estamos cansando de que se imponga la dinámica anterior marcada por Coalición Canaria y los grupos de presión empresariales que siguen haciendo de la sanidad un enorme negocio.

¡Ya está bien Sra. Consejera de Sanidad! ¡No más buenas palabras ni intenciones que se dilatan y no se concretan!

En Canarias a 7 de Enero de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Durante el mes de noviembre han tenido lugar varias reuniones para la constitución de esta plataforma de la Marea Blanca. Se trata de que dada la situación preocupante del Hospital Universitario de Canarias (HUC) se requiere un esfuerzo especial por parte de la administración sanitaria, y también de un impulso conjunto de su personal y de la población atendida, para mejorar su atención sanitaria y evitar el empeoramiento de la salud de las personas de las que es responsable, así como de su personal.

Porque un tercio de las listas de espera actuales de toda Canarias tienen que ver de modo directo con la situación del HUC que presenta la relación personal/población atendida más baja de los 4 grandes hospitales de Canarias. Este dato ha sido extraído de la única fuente a la que hemos podido acceder, la página web del Servicio Canario de la Salud que contiene las memorias de los hospitales no plenamente actualizadas, confirmando la aún no superada falta de transparencia que en anteriores ocasiones hemos criticado. Otro dato es que el HUC tiene el presupuesto más bajo de los 4 hospitales. Con la deficitaria plantilla que mantiene el HUC no se podrá esperar nunca que índices tan importantes para la población como son las famosas listas de espera a todos los niveles, de quirófanos, consultas, pruebas etc., bajen algún día en lugar de seguir subiendo y además, lo mas importante, que mejore la calidad de esos servicios.

A pesar del enorme esfuerzo de su personal, sobrecargado con miles de horas extraordinarias, el HUC tiene un problema muy serio de falta de especialistas que ha llevado incluso al cierre de consultas. Presenta el mayor porcentaje de “deserción” hacia otros hospitales, públicos y privados, así como la proporción más elevada de personal a tiempo parcial haciendo “doblete” en el sector privado y además en la Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermería.  El HUC es el único hospital de Canarias en el que no hay Unidad de Cuidados Paliativos, ni camas ni facultativos de paliativos, lo que se traduce también en que Canarias esté a la cola en estos cuidados en el conjunto del Estado.

Tampoco se ha desarrollado el cribado poblacional de Cáncer colo-rectal en el área de influencia del HUC ya que, en palabras de Baltar, “no tiene medios para asumir las colonoscopias”.  En el Servicio de Urgencias hay ya saturación, que ya se ha hecho crónica, antes de que comiencen a llegar los afectados por gripe,  al haber permitido la “selección de pacientes” por los centros concertados que sigue dejando estancados en ese servicio a los pacientes no “rentables”.

En otro orden de cosas cabe señalar que las infraestructuras del HUC (instalaciones eléctricas, laboratorios, farmacia, cocina, aislamiento térmico y acústico, habitaciones, etc.) siguen pendientes de adecuación año tras año y que presenta una mayor obsolescencia de aparataje y equipos que los otros hospitales.

Frente a la situación someramente descrita, queremos contribuir desde la organización y la movilización ciudadana y profesional al necesario esfuerzo conjunto por superarla. Queremos conseguir que el HUC vuelva a ser el hospital público de calidad y prestigio que fue, que deje de ser un instrumento en manos de intereses privados, personales y políticos, que la población de su área de actuación sea debidamente atendida dejando también de lado las justificaciones de necesidad de la privatización debida a la deficitaria atención que se puede constatar con el notable incremento de las suscripciones de pólizas de seguros privados. No puede ser que esa sea la salida a la que estén abocados los pacientes (si tienen recursos económicos para ello), ni tampoco la de empadronarse en el área sur para tener como hospital de referencia al HUNS de Candelaria. Volvemos a insistir en la necesidad, ya señalada en ocasiones anteriores, de aplicar la Ley de Incompatibilidades sanitarias para que los profesionales trabajen plenamente en el sector público con una remuneración acorde con su categoría y trabajo.

Hacemos un llamamiento a apoyar la iniciativa de “Salvar al HUC” y en particular queremos dirigirnos a los grupos municipales de los ayuntamientos de la zona de influencia del HUC para que aprueben mociones referentes a esta problemática que afecta a la ciudadanía de sus municipios. Para ello les vamos a enviar la correspondiente solicitud.

En Tenerife a 18 de noviembre de 2019

Plataforma “Salvar al HUC”- Marea Blanca

La Rehabilitación en Canarias ha mantenido uno de los más altos niveles en las listas de espera (LE) desde el año 2003 siendo el último dato publicado en junio de 2019 de 11.000 personas, datos por otro lado sesgados e incompletos, que no muestran la brutal realidad de aquellos pacientes que se encuentran en espera de un tratamiento que no les conduzca a una situación irreversible, pérdida de autonomía personal y/o discapacidad.

Por otro lado, la incesante sangría de dinero público empleado en concertar estos servicios de rehabilitación de forma privada ascendió a 41.000.000 € entre 2015-2018 destacando algunos hospitales como el de La Candelaria que derivó 7234 pacientes a centros concertados y atendió a 6630 en 2017, datos inexplicables frente a la realidad asistencial: servicios de rehabilitación prácticamente inexistentes por la tarde. Además habría que sumarles todos aquellos pacientes, los que pueden, que tienen que sufragarse de su bolsillo los tratamientos ante la inoperancia de los Servicios Públicos. Capítulo aparte lo constituye el desastroso servicio de transporte para estos pacientes que tienen que ponerse en otra lista de espera, la del transporte, para ir a rehabilitación una vez se la han concedido o costeárselo por su cuenta con lo que esto puede conllevar, tanto en cuanto a posible pérdida de su cita como en gasto personal.

El complejo escenario de un incremento de atención por causas demográficas, los intereses privados que hacen negocio con nuestro derecho a la salud, a una vida independiente, y las sospechosas situaciones que hospitales de la categoría del HUNS de Candelaria presentan, en el que un 80% de los pacientes ingresados por un proceso agudo con rehabilitación hospitalaria son dados de alta sin que lleguen si quiera a ser incluidos en la LE para tratamiento solo tiene una lectura: El sistema no está respondiendo a las necesidades reales de nuestra población y la nefasta gestión persistente durante estos últimos años es la directa responsable de las consecuencias a las que nos enfrentamos.

Hospitales cronificados que no dan respuesta a los procesos agudos, donde se bloquea sistemáticamente la participación profesional, una red asistencial de atención primaria, infradotada,  en la que se ha excluido el concepto de “prevención de la discapacidad” en sus políticas de crecimiento, ausencia de comunicación y coordinación entre primaria-especializada, gestores enemigos de lo público dentro de nuestros hospitales y la perversa concepción de considerar la salud como una transferencia mercantil hace imprescindible un rediseño de todo el sistema, una intervención de precisión quirúrgica.

Mientras tanto los profesionales que intervienen en esta área, sin medios, sin expectativas, maltratados por un sistema diseñado para considerarles operarios de una línea de producción en la que el pensamiento, la iniciativa, la aportación de conocimiento y experiencia están penalizadas, perseguidas y destinadas al fracaso por inanición.

La consecuencia de tal situación de emergencia que vive nuestra población más vulnerable, aquella que por su edad o patología se encuentra abocada a engrosar ese cúmulo de personas dependientes sin expectativas de ayudas, es la lamentable constatación de múltiples casos que son abandonados (si tienen suerte en unas LE extraordinariamente mal gestionadas) durante meses y meses, viendo el deterioro progresivo de su estado ante la impotencia material de sus familias para abordar una solución en solitario.

Frente a esta situación no caben fórmulas dilatorias en la necesaria actuación de la nueva Consejera de Sanidad que ya sabe que el concierto específico  de Atención Especializada  de Rehabilitación  no hace sino retroalimentar las LE por la incompleta resolución de las patologías y además que se hace adrede, para seguir justificando dicho concierto y el sustancioso desvío de fondos públicos a lo que es un auténtico “negocio” inmoral.

De todo lo dicho se deducen las soluciones que en sus aspectos fundamentales pueden ser de aplicación inmediata, eso sí potenciando el papel de los profesionales en la Sanidad Pública y acabando con el nefasto concierto. Así mismo el papel de los profesionales debe ser completo en cuanto a la identificación de los problemas, la determinación de prioridades de actuación, así como en la asignación de recursos. Repetimos, no caben medias tintas ni marear la perdiz con fórmulas burocráticas y esa participación la defendemos también para los pacientes a los que hoy por hoy no se les deja otra opción que ir al juzgado de guardia.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias exigimos una vez más la activación de los Consejos de participación previstos en la legislación, incluso mejorarlos, como elemento fundamental para superar la herencia de caos dejada por Coalición Canaria.

En Canarias a 25 de Noviembre de 2019

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Ante la nueva legislatura parece que por fin empezamos a tener más elementos de juicio para ir situando la acción política del Gobierno de Canarias, particularmente en el terreno del que nos ocupamos como Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC).

En concreto, tenemos datos sobre el último corte de las listas de espera que corresponde a la gestión del equipo de Baltar, la referencia del Informe 2019 de los Servicios Sanitarios de las CCAA y por último la información de la que disponemos sobre la conformación del nuevo equipo directivo de la Consejería de Sanidad y del SCS.

Listas de Espera

Que expresan la realidad de que casi 25.000 personas están en espera de una intervención quirúrgica, cerca de 130.000 esperan una consulta del especialista y unas 6.000 aguardan a una prueba diagnóstica. Al respecto cabe señalar que:

1-    Se trata de cifras escalofriantes que no son de recibo para la ciudadanía.

2-   Con amaños, de todos conocidos, se puede conseguir que bajen algo las listas quirúrgicas, pero el hecho de que las listas de consultas y de pruebas diagnósticas hayan subido se traduce en pacientes que no han sido diagnosticados y a los que no se les ha prescrito tratamiento, hechos gravísimos que además han evitado que muchos fueran incluidos en las listas quirúrgicas.

3-  Por otro lado, a las demoras inaceptables en los tres apartados citados hay que añadir las que ya se están dando en Atención Primaria.

Cabe añadir, ante lo manifestado en medios de comunicación afines de ambas provincias ensalzando al Sr. Baltar al comentar la  disminución de la espera quirúrgica de más de 6 meses desde 2016, que eso es una media verdad como las muchas que se dijeron en la anterior legislatura. En la espera de más de 6 meses, además del esfuerzo hecho para reducirla, los pacientes causan baja en las Listas de Espera por razones que no están relacionadas con su atención efectiva, como pueden ser su fallecimiento (no necesariamente por causa de la atención pendiente), no localización después de tantos meses, por haber sido tratados en el sector privado (quien puede), bajas voluntarias y también por mejoría de sus patologías.

Por otra parte, queremos llamar la atención sobre el hecho alarmante de que un tercio de las listas de espera tienen relación directa con la lamentable situación del Hospital Universitario de Canarias y por tanto de la atención especializada prestada a la zona norte de Tenerife y a la isla de La Palma, con lo que además supone del sometimiento de este hospital a los intereses y manipulaciones del sector privado que hace del mismo su patio trasero. El HUC merece una actuación especial para salvarlo del hundimiento definitivo.

Informe 2019 de los Servicios Sanitarios de las CCAA

El Informe de la FADSP, que no gusta a los que han perdido el control de la Consejería, privatizadores y especuladores privados, sigue siendo un documento de referencia y nos coloca desde hace 10 años en la cola de la Sanidad del conjunto del Estado español. Usando un símil futbolístico, ¡¡la Sanidad Canaria está desde hace 10 años en los puestos de descenso de la primera regional!!  y, siguiendo con el símil, podemos decir que: a) no se invierte, b) se traspasan fondos y personal al sector privado, como con los jugadores, c) no hay buenos entrenadores léase Consejeros y d) no hay una buena gestión.

De dicho informe podemos sacar también una conclusión estimulante, un ejemplo para la Sanidad Canaria. La Comunidad Valenciana que durante estos últimos 10 años nos ha disputado el último lugar, que nosotros hemos ganado los últimos  3 años, ha salido en una legislatura del puesto de descenso de primera regional y ha subido a segunda B, con menor presupuesto per cápita, menor número de camas y menos personal sanitario por habitante, pero sin embargo con mayor número de intervenciones quirúrgicas, mayor número de urgencias asistidas, menor gasto farmacéutico, etc., en resumen con una mejor gestión y poniéndole la guinda al pastel con un hecho importantísimo, la lucha contra las privatizaciones.

El nuevo equipo directivo de la Consejería de Sanidad

Que se ha encontrado una administración en quiebra, tanto financiera como de gestión, y el reto que tienen es importante, con una reducción de presupuestos por  la deuda recibida en herencia a la que no pueden renunciar, siendo los próximos 6 meses cruciales para, con creatividad y capacidad de gestión, intentar mejorar la Sanidad Canaria.

Con una nueva política de generación de recursos derivados de un ahorro en conciertos privados de hasta el 20% será posible la mejora de la atención primaria con el aumento de herramientas diagnósticas para sus profesionales y la coordinación de la atención primaria con la especializada y sociosanitaria. El ajuste de los conciertos a la legalidad y a determinadas necesidades, dada la precariedad en infraestructuras y personal del Sistema Público, la potenciación pública de la atención de media estancia y de la sociosanitaria, así como la cirugía de cupos concertados y las urgencias, son medidas que aparte de servir de ahorro van a descongestionar los hospitales y además financiar la dedicación de los profesionales para que entre otras cosas un hospital no sea una empresa de 8 a 15 horas sino que sea un elemento vivo de la sanidad y así se pueda aplicar éticamente y en justicia el decreto de incompatibilidades sanitarias para que los profesionales trabajen plenamente en el sector público con una remuneración acorde con su categoría y trabajo.

De momento el nuevo equipo tiene por delante 6 meses duros, debido a la pasada legislatura perdida, plazo que consideramos el del margen para demostrar su capacidad de gestión y que valoraremos a fondo en cuanto se cumpla, aunque contribuiremos desde la organización y la movilización ciudadana y profesional al necesario esfuerzo conjunto por salir de una situación que a todos y todas pasa factura.

Por último, queremos señalar que es fundamental poner en marcha la Ley de Salud y Sanidad de Canarias, que ponga el acento en la prevención y salud pública ante la evidencia de los pésimos indicadores de salud de la población canaria y además que blinde la Sanidad Pública frente a la deriva de recortes, desmantelamiento y privatización.

Canarias a 23 de septiembre de 2019

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias