El Gobierno de Canarias se equivoca por completo cuando en plena emergencia de Salud Pública en vez de dotar de solidez al equipo directivo de la Sanidad Pública nombra para dirigirla a la directiva de la patronal sanitaria privada, no hay sino que ver lo que hay detrás de los pomposos currículums de los elegidos, y no se trata de un episodio de demencia transitoria del Presidente Torres sino de una impresentable actuación colectiva.

Creíamos que lo habíamos visto todo en cuanto al sometimiento a intereses bastardos por parte del sistema político institucional de nuestras islas pero el asalto que acaba de ocurrir ante nuestras narices por parte del régimen eterno de las oligarquías insularistas empresariales que, como siempre, se autogenera para seguir controlando el poder político y de modo innovador nada más y nada menos que desde las mismísimas entrañas de lo que esas oligarquías han venido calificando como “gobierno de comunistas” y encima en medio de una grave crisis de salud pública, supera la mayor de las capacidades de imaginación.

De resultas de tal ejercicio de funambulismo tenemos a los intereses de la llamada sanidad privada, en realidad la única que reconocemos digna de ese nombre es la pública porque lo otro son actividades empresariales que por definición buscan el máximo beneficio con la mínima inversión posible, ahora controlando de nuevo nuestra Sanidad Pública a través del cuadro de mando de la Consejería de Sanidad, del Servicio Canario de la Salud y del Comité para la emergencia sanitaria del Covid-19.

Todo eso se traduce en continuismo respecto a la gestión sanitaria de los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria. Ya lo han conseguido, con complicidades como la de algunas cúpulas sindicales y la responsabilidad por acción u omisión de las fuerzas políticas del llamado “Gobierno de las flores” que a estas alturas ya están más que marchitas, porque unas flores que se marchitan en primavera son solo flores de un día, pensamos que más que Gobierno de las flores se debían llamar “Gobierno de Carnaval” puesto que al fin se han quitado la careta. También por los errores que en su momento le criticamos a la Consejera Teresa Cruz y que han sido utilizados para desgastarla y finalmente destituirla al sumarle además a conveniencia la difícil situación creada por la emergencia del coronavirus que creemos es la propia del marco de las dificultades generales que afectan al conjunto de las CCAA siendo la situación en Canarias de las menos alarmantes. Consideramos que la desprotección del personal sanitario se ha dado de modo generalizado y no de modo particular en Canarias pudiéndose deber la mayor proporción de positivos al Covid-19 en sanitarios de Canarias a una proporción también mayor en la utilización de la prueba diagnóstica entre los mismos siendo menor entre la población.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública hace años que viene denunciando los graves riesgos, para pacientes, sistema sanitario, trabajadores y arcas públicas, de la privatización y nos hemos enfrentado a los grupos de presión que la promueven que han visto en la sanidad un enorme negocio, dados los importantes recursos públicos que precisa la sanidad, y de cuya apropiación las consecuencias se están pagando en estos momentos, con la vida de los pacientes, por la epidemia de Covid-19.

En la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias lo tenemos claro y aunque seguiremos arrimando el hombro en estos duros momentos de emergencia por el coronavirus declaramos que proseguiremos con la lucha frontal contra las tramas que se desarrollan e involucran a empresas y responsables políticos, como  ha ocurrido desgraciadamente también en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias donde ahora tenemos un gobierno que declarándose progresista va a continuar con las políticas neoliberales que han demostrado mundialmente su fracaso al llevarnos a la situación que padecemos (la más extrema Madrid) y que durante lustros han conseguido que Canarias esté en la cola de la atención en Sanidad, Salud, Dependencia, Educación y con el mayor índice de pobreza.

En Canarias a 30 de marzo de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En su comparecencia pública de ayer el Sr. Presidente Ángel Víctor Torres afirmó con rotundidad la disponibilidad de camas de UCI tanto públicas como privadas para atender a los pacientes afectados por coronavirus. Se sabe que la capacidad de ingreso en UCI define el riesgo de saturación del sistema sanitario y ante el dato manejado por el Sr. Presidente nos preguntamos hasta qué punto el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias que él encabeza ha evaluado correctamente la situación real de esas camas en la privada ya que no es la misma que en el papel.

El pasado viernes comenzó a funcionar dicho Comité y ese mismo día se reunió con las empresas privadas del ámbito sanitario. Se comunicó que el objetivo de este encuentro era “coordinar la atención sanitaria en Canarias para combatir conjuntamente la propagación del Covid-19” y habiendo acordado trasladar enfermos crónicos a centros privados, eso sí “antes se les harán pruebas que demuestren que están libres del virus y no suponen una amenaza de contagio en su nuevo destino”, los portavoces de la patronal privada afirmaron que “la estrategia es concentrar los casos de coronavirus en la pública.”

Esto último nada tiene que ver con lo afirmado por el Sr. Presidente ni con lo estipulado en el Decreto del Estado de Alarma cuando dice “el Gobierno pone a las órdenes de todos los consejeros de las comunidades autónomas todas las instalaciones de la sanidad privada para las necesidades que requiera la crisis del coronavirus” y si habiendo esperado hasta ahora que la Consejera actuara en consecuencia nos ha venido a generar también dudas la participación en el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de Conrado Domínguez y de José Julián Istúriz personajes claramente comprometidos con los intereses de las empresas privadas del sector sanitario, este último sustituyó a José Manuel Baltar como Vicepresidente de ASPE, alianza de la patronal española, cuando Baltar asumió la Consejería de Sanidad junto a Conrado Domínguez .

Si ya nos desesperaba la timidez de Teresa Cruz para ejercer las competencias que le delegaba el Decreto del Estado de Alarma lo que ahora nos indigna sobremanera es la desfachatez de la patronal y la presencia de los denominados “técnicos” citados que, mucho nos tememos, en vez de disponer de las infraestructuras y el personal de la sanidad privada para atender pacientes contagiados por el coronavirus se aprestan a lo que llaman “colaboración pública-privada” en el marco habitual de acuerdos y conciertos bajo condiciones que les convengan a las empresas privadas. Con la correspondiente selección de riesgos y además que presenten, como es el caso del Grupo San Roque, ERTES que pueden suponer que tampoco estén ni se les pueda esperar para ayudar en estos graves momentos.

Sr. Presidente desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias exigimos que ante un servicio de urgencias saturado en un hospital público, se proceda a derivar a centros privados solventes y con capacidad para ello a los pacientes urgentes que vayan llegando. Exigimos que ante una falta de camas en un hospital público por la cantidad de pacientes ingresados por el contagio del coronavirus, se deriven pacientes a un hospital privado con la obligación ineludible por parte de éste de atenderlo con todos los medios necesarios.

Solo de esa manera entenderemos la participación de las empresas privadas ante la dramática crisis sanitaria actual y desde luego consideramos que se lo deben a una población que ha visto muy gravemente dañado el escudo protector que debía constituir su Sanidad Pública, Universal, Gratuita y de Calidad por la ingente cantidad de dinero público que desde hace muchos años le ha sido sustraída de sus recursos para que dichas empresas se convirtieran en boyantes negocios para enriquecer a sus propietarios y condicionar las políticas de los sucesivos gobiernos de Canarias.

En Canarias a 23 de marzo de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Esto puede apreciarse en el Informe Evolución  de la esperanza de vida y la mortalidad en las Comunidades Autónomas, desde la crisis hasta la actualidad de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sobre la situación de salud en las diferentes comunidades autónomas (CCAA) desde el año 2010 hasta el 2017/2018, comparando los años 2010, 2014, 2016 y 2018, viendo como han afectado los años de crisis y recortes a la salud en el Estado español lo que se correlaciona claramente con los indicadores del sistema sanitario como es el caso de las Listas de Espera (LE).

Los principales indicadores abordados han sido: Esperanza de vida al nacer, Tasa de mortalidad, Mortalidad infantil, Mortalidad por accidentes de trafico, Mortalidad por enfermedad de Alzheimer, Mortalidad por cáncer, Mortalidad por diabetes, Mortalidad por enfermedad cerebrovascular, Mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Mortalidad por neumonía e influenza.

Se confirma en este estudio la mala situación de salud de la población canaria, es la segunda CCAA peor posicionada en 2017/2018 (el último año del que hay datos) en el caso de la esperanza de vida con 82,26 años en Canarias y 81,86 en Andalucía. Solo tienen peor resultado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por sexos, tanto en el caso de las mujeres como de los hombres con la segunda esperanza de vida más baja.

.En cuanto a mortalidad por cáncer Canarias aparece situada por encima de la media y por sexos en el apartado de las mujeres estamos en tercer lugar. En la mortalidad por diabetes, en 4ª posición las mujeres y en 6ª los hombres, muy por encima de la media. En mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica las mujeres canarias aparecen en 2º lugar y en computo global en 7ª posición muy por encima de la media. En mortalidad por neumonía e influenza, sin contar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla somos la 2ª  Comunidad Autónoma detrás de Extremadura. En el resto de indicadores de mortalidad nos encontramos igual o por encima de la media, pero en ninguno de estos apartados estamos en las mejores posiciones ni cerca de ellas.

De este estudio se pueden sacar muchísimas conclusiones, pero pensamos que lo más importante es deducir que la esperanza de vida puede aumentar cada año, consecuencia de las mejoras sanitarias y mejoras en la alimentación y situación social de la población. Depende del sexo, de las condiciones sanitarias, de las medidas de prevención, del nivel económico, de la atención a la salud como política de estado. La tasa de mortalidad más baja y la esperanza de vida mayor coinciden con los mejores datos de salud y las comunidades más empobrecidas tiene peores datos. Por otro lado, en las tasas de mortalidad es determinante el envejecimiento poblacional y la consiguiente adecuación de la financiación y gestión de la sanidad pública.

De todo lo señalado se puede deducir el fracaso en políticas de Salud en nuestra comunidad y la necesidad de que el Gobierno de Canarias corrija el rumbo tanto en la prevención como en la puesta a punto de la asistencia sanitaria pública que se merece la ciudadanía canaria. Y el reto no es solo para la Consejería de Sanidad sino que abarca también a las políticas no sanitarias aunque también de salud, es decir de servicios sociales, de pensiones, de salarios, educativas, de empleo, de salud laboral, alimentarias, de vivienda, de igualdad, medioambientales, de consumo, culturales, etc., en suma del Gobierno de Canarias en pleno con su Presidente a la cabeza.

De lo que el llamado “gobierno de las flores” se ocupe y preocupe dependerá que no sea uno más de los diferentes gobiernos habidos que han marginado a la ciudadanía y deben empezar por reconocer humildemente los fallos que señalamos los distintos colectivos sociales actuando de una vez por todas a favor de la salud y el bienestar que demanda la población canaria.

En Canarias a 17 de febrero de 2020

Esa es la conclusión a la que estamos llegando a estas alturas del año 2020 sobre todo tras su última comparecencia en el Parlamento de Canarias. Y reconocemos que empezó usted el desempeño de su responsabilidad con mucho ánimo de escuchar y se lo agradecimos en su momento, pero según va pasando el tiempo vemos que  los problemas se van estancando y no hay avances claros en lo que se refiere al freno del deterioro de la Atención Primaria, de los Servicios de Urgencias, de las LE (Listas de Espera) tanto para pruebas diagnósticas como de consultas, tanto médicas como quirúrgicas, dándose un aumento significativo en la lista de espera para cirugía de más de 6 meses y un incremento notable para rehabilitación, continúa la carencia de una Planificación para la Prevención y la Salud Pública, para evitar la medicalización y sobreconsumo farmacéutico y de tecnologías sanitarias, para revertir la privatización vía conciertos sanitarios, etc. y las consecuencias de todo ello para la Sanidad, la población y las arcas públicas.

Tampoco en cuanto a cuestiones más especificas que le hemos demandado como son los casos de la Rehabilitación así como de la Oftalmología, Dermatologia, Traumatologia, ORL y Urologia, particularmente del Hospital Universitario de Canarias (HUC), ya que un tercio de las listas de espera actuales de toda Canarias tienen que ver de modo directo con la situación del HUC que presenta la relación personal/población atendida más baja de los 4 grandes hospitales de Canarias.

En cuanto a la Rehabilitacion el 80% de los pacientes ingresados por un proceso agudo con rehabilitación hospitalaria son dados de alta sin que lleguen si quiera a ser incluidos en la LE para tratamiento lo que puede conllevar una recuperación con secuelas en algunos casos irreversibles o entrada finalmente en LE para tratar de revertir algunas secuelas. También es lamentable la constatación de múltiples casos que son abandonados en unas LE extraordinariamente mal gestionadas durante meses y meses, viendo el deterioro progresivo de su estado ante la impotencia material de sus familias para abordar una solución en solitario. Es una auténtica situación de emergencia que vive nuestra población más vulnerable que por su edad o patología se encuentra abocada a engrosar ese cúmulo de personas dependientes sin expectativas de ayudas. Además de la incesante sangría de dinero público empleado en concertar estos servicios de rehabilitación de forma privada dicho concierto específico  de Atención Especializada  de Rehabilitación  no hace sino retroalimentar las LE por la incompleta resolución de las patologías, llegándose a atender en cadena a varios pacientes sin atención directa individual, lo que se hace adrede para seguir justificando el sustancioso desvío de fondos públicos a lo que es un auténtico “negocio” inmoral.

En lo que se refiere al HUC se da un problema muy serio de falta de especialistas que ha llevado incluso al cierre de consultas. En su plantilla a 10/12/2019 habían 1560 empleos fijos y por el contrario 3911 temporales. El HUC es el único hospital de Canarias en el que no hay Unidad de Cuidados Paliativos, ni camas ni facultativos de paliativos, lo que se traduce también en que Canarias esté a la cola en estos cuidados en el conjunto del Estado.Tampoco se ha desarrollado el cribado poblacional de cáncer colo-rectal en el área de influencia del HUC y se han dado problemas de incumplimientos de plazos en el cribado del cáncer de mama. En el Servicio de Urgencias hay saturación y colapso con la fase epidémica gripal por la “selección de pacientes” que practican los centros concertados al dejar estancados en ese servicio a pacientes supuestamente “no derivables” por considerar que no son “rentables”. En otro orden de cosas cabe señalar que las infraestructuras del HUC (instalaciones eléctricas, laboratorios, farmacia, cocina, aislamiento térmico y acústico, etc.) siguen pendientes de adecuación6 y que presenta una mayor obsolescencia de aparataje y equipos que los otros hospitales. Es necesario conseguir que el HUC deje de ser un instrumento en manos de intereses privados, cuya cuenta corriente crece en paralelo a la lista de espera, y que la población de su área de actuación sea debidamente atendida.Volvemos a insistir en la necesidad, ya señalada en ocasiones anteriores, de aplicar la Ley de Incompatibilidades sanitarias para que los profesionales trabajen plenamente en el sector público y con una remuneración acorde con su categoría y trabajo. A todo ello quieren contribuir las mociones municipales sobre el HUC promovidas por la Marea Blanca y que también el PSOE,  junto a otros partidos, está apoyando en los ayuntamientos de Buenavista, Tegueste, La Laguna, Puerto de la Cruz,……..

Sra. Consejera sabemos que una cosa son las palabras y otra los hechos, la situación actual es resultado, además de la nefasta gestión anterior de Coalicion Canaria, del recorte hecho por su gobierno los últimos meses de 2019 y de un presupuesto para 2020 no acorde con la necesidades reales de la Sanidad Canaria, en el que se sigue desviando mucho dinero público a empresarios privados que siguen haciendo de la sanidad un enorme negocio, ocurriendo además que se dedican muchos millones de euros públicos generados en Canarias al inútil puerto de Granadilla y otras bagatelas.

Por mucho que queramos participar en la búsqueda de soluciones a través del diálogo directo o vía Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias que tampoco se ha concretado, los hechos relatados lo ponen difícil aunque

seguimos pensando que hay alternativas a las distintas problemáticas que usted y su equipo no están siendo capaces de solventar. Fuera de los muros de su Consejería hay muchos profesionales que la pueden ayudar, pero no basta con dialogar por dialogar, ha de hacerles caso, asumir las criticas y actuar en consecuencia.

Desde luego, si usted sigue haciendo oídos sordos la situación la abordaremos conforme a lo que puede considerarse falta de voluntad política por su parte ya que no hay peor sorda que la que no quiere oír la fuerza de la razón y también actuaremos en consecuencia.

Parece que los sectores sanitarios del “Compromiso con Baltar” damnificados por la derrota de Coalición Canaria, léase patronal privada y cúpulas de sindicatos y asociaciones del “régimen”, que de momento no están pudiendo manejar en su propio beneficio a la Consejera de Sanidad de Canarias, están lanzando una ofensiva encaminada a retomar los resortes de poder que han perdido, para ello pretenden la destitución de la actual Consejera y su sustitución por la “buena pieza” que para sus intereses ha sido siempre el señor Conrado Domínguez, director de SCS con Baltar y actual Secretario General Técnico en la Consejería de Obras Públicas (debe ser por su capacidad para “flotar”) del que aún no sabemos por qué sigue en un gobierno que se autodenomina progresista.

Precisamente desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública celebramos que la instrucción que firmó a principios de abril el anterior director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, para facilitar un incremento de las derivaciones hacia las clínicas privadas haya sido declarada “nula de pleno derecho”, en un dictamen de los servicios jurídicos de la Secretaría General Técnica del SCS, que han dado indicaciones a las direcciones de área para impedir que los hospitales concertados puedan ocupar tres camas por habitación y saltarse así la limitación de los dos pacientes por estancia, un requisito que figura en la orden de homologación que regula las condiciones de contratación con la administración pública.

Eso fue lo que en el año 2019 exigimos desde la ADSPC al anterior Gobierno de Canarias mediante una solicitud por escrito en su Registro  y que el mismo ignoró. Es una buena noticia que se produzca este freno al afán de lucro de las clínicas privadas concertadas y tan sabiamente “representadas” en sus intereses por la gestión del señor Domínguez.

Estos intereses son los que están realmente detrás de esta campaña contra las, para la ADSPC, aún tímidas actuaciones de la Consejera de Sanidad y su equipo. La posible afección a los mismos desencadena la actuación mancomunada del sector lucrativo privado, al que tan bien le fue con Baltar  y Domínguez al haberle hincado el diente a la Sanidad Publica, así como de toda la cofradía de estómagos agradecidos integrados en aquel bochornoso “Compromiso con Baltar”.

Por todo ello, animamos a la Consejera a que profundice en desmontar los chiringuitos de los distintos grupos de presión que han venido “campando a sus anchas” en nuestra Sanidad Pública Canaria.

En Canarias a 20 de Enero de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias