Las mutuas y servicios médicos de empresas privadas se ofrecen a vacunar y el Gobierno de Canarias lo acepta dejando que ocupen esta competencia de la Sanidad Pública, ignorando además a las muchas voluntarias y voluntarios pertenecientes al personal de enfermería de la Sanidad Pública que se han ofrecido para hacer dicha tarea de modo añadido a su trabajo habitual.

El Gobierno canario accede así al ofrecimiento, sin dudas interesado, de la patronal que sigue escalando peldaños, ahora a través de las CCAA, en su objetivo de la llamada “colaboración pública-privada” con los fondos europeos para la recuperación económica y del empleo que es lo que está detrás de la llamada iniciativa “Sumamos Salud y Economía” que apadrina la Fundación CEOE presidida por la ex ministra de Rajoy Fátima Báñez.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias consideramos que esta privatización de la vacunación produce graves perjuicios  a la misma porque además de continuar relegando la potenciación de la Sanidad Pública mediante los necesarios recursos humanos y materiales a efectos de cumplir con la función que le asigna democráticamente nuestra sociedad, deja el campo abonado para que con el protagonismo privado en la gestión de la vacunación la exponga a la arbitrariedad, favoritismos y otras formas de corrupción.

Esta nueva privatización se añade a la que denunciamos en mayo del año pasado siendo entonces 33, y ahora 127, los laboratorios y clínicas privadas ajenas al Servicio Canario de la Salud autorizadas a realizar pruebas para la detección de la Covid-19, el “mercado” manda con nuevos “nichos de negocio” basados en los requerimientos de las empresas para sus trabajadores y en las solicitudes de particulares asintomáticos que se pueden costear las pruebas y que se llegan a facturar hasta por unos 200 euros cada diagnóstico del coronavirus.

En Canarias, y en el conjunto del Estado, lo que se debe hacer es por un lado exigir la universalización de las vacunas como se exige en la Iniciativa Ciudadana Europea (noprofitonpandemic.eu/es/) para que la Unión Europea declare Licencias Obligatorias para las mismas, lo que permitiría fabricarlas a todos los países a precios asequibles y justos. Además la Unión Europea, por motivos geoestratégicos e ideológicos solo ha comprado vacunas investigadas en Europa o USA, ignorando las vacunas de países como Rusia, China o Cuba. Este monopolio favorece unas condiciones de distribución y unos precios totalmente inaceptables.

Insistimos en que estamos ante una iniciativa que no es altruista dado que supone una penetración, a través de ese caballo de troya llamado “colaboración pública-privada”, en las competencias de la Sanidad Pública como vía de ampliación del acceso privado a los fondos públicos. La verdadera apuesta por la Salud y la Sanidad Pública pasa por garantizar vacunas suficientes para todas y todos y una Sanidad Pública debidamente dotada de recursos para cumplir con el objetivo de administrarlas.

En Canarias a 22 de marzo de 2021

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Finalmente será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que tramite la demanda presentada en julio de 2020 por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias contra la Consejería de Sanidad del Gobierno de  Canarias.

La demanda en lo contencioso-administrativo en relación con la adjudicación de los Acuerdos Marco para la contratación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud se plantea para que se acuerde la suspensión y/o en su caso revocación, de la adjudicación de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia con relación a las plazas de los centros que no cumplan los requisitos de homologación y en su caso, para que se proceda a la revisión de oficio desde su inicio y en todas sus fases del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de hospitalización de media estancia afectados de nulidad de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Se da el caso de que en esos momentos el titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias era  José Manuel Baltar en situación de manifiesta incompatibilidad, en los términos que constan en el escrito, pues tan solo un año antes, desempeñaba el puesto de Director de Operaciones de la Entidad Hospitales San Roque, así como el de Director/Gerente del Hospital San Roque de Las Palmas, y otros puestos directivos en varias asociaciones de clínicas privadas con intereses evidentes en el Acuerdo Marco de Contratación objeto del presentado Contencioso Administrativo. El señor Baltar había dictado durante el concurso para los nuevos contratos de Acuerdo Marco la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas, que como Hospitales San Roque, se habían presentado al nuevo concurso de Acuerdo Marco.

Así mismo un día antes de que finalizara el plazo de suspensión para exigir los requisitos establecidos en la citada Orden de 28 de noviembre de 2006 a las clínicas privadas, nuevamente atentando contra las normas más básicas del procedimiento administrativo, mediante una carta/oficio que lleva por título “Medidas urgentes necesidad camas hospitalarias” firmada el 5 de abril de 2019 por el Director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, se comunica a las entidades adjudicatarias de los Acuerdos Marco de los servicios asistenciales de hospitalización de media estancia, de forma arbitraria, mediante una actuación sin legitimación del Director del Servicio Canario de Salud, que se prolonga durante otro año más (hasta el 5 de abril del año 2020) la suspensión de los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006. Al amparo de la misiva remitida por el responsable del SCS que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente para alterar la Orden de la Consejería de Sanidad de 27 de marzo de 2018, los Centros Sanitarios Privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente. Todo ello generando perjuicios a los usuarios del sistema público de salud.

Con el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en el que admite la citada demanda, continúan las acciones judiciales de distinta índole que, ya en curso, ha puesto en marcha la ADSPC conforme al compromiso adquirido con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que se organizó con dicha finalidad.

En Canarias a 2 de marzo de 2021

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias considera que, como auténticos vendedores de crecepelos, los máximos responsables de la Consejería de Sanidad acaban de anunciar un “nuevo plan” para abordar las listas de espera, con una particular expresión en la de más de seis meses de demora que ha aumentado algo más de un 10%, y de nuevo se plantean hacerlo recurriendo a la sanidad concertada y a lo que ahora llaman “autoconcertación” que no es ni más ni menos que una reedición de la fórmula de triste recuerdo conocida entre el personal sanitario como “peonadas”.

Al hablar de la sanidad concertada, que no olvidemos son empresas privadas con ánimo de lucro, mencionan que se recurrirá a ella una vez activado el 100% de la sanidad pública, cosa que se recoge en el artículo 90 de la Ley General de Sanidad (y también como condición básica en la Ley estatal que rige los conciertos entre sistema público y entidades privadas). Es evidente que no es lo mismo “utilizar una sanidad pública débilmente dotada al 100%” que “utilizar una sanidad pública fuertemente dotada al 100%”, Canarias se sitúa en el primero de los casos y encima no se realizan las concertaciones cumpliendo dicho requisito legal. Resulta muy difícil fiarse de un Director del SCS que en las dos legislaturas en las que ha estado ejerciendo ha incumplido el mandato de la Ley.

Ha sido evidente la mala utilización del citado artículo 90 para potenciar a las empresas privadas, por eso estamos defendiendo que mejor será derogar dicho artículo de modo que la Sanidad Pública sea autosuficiente lo antes posible. También, con la Ley 15/97 cuya derogación también defendemos, se les dio a las susodichas empresas privadas todo tipo de facultades para controlar cada vez más la gestión sanitaria en el Estado español.

La concertación con la sanidad privada ha supuesto una congelación de recursos humanos e infraestructuras en los hospitales públicos y un suculento negocio para los centros privados, que adquirían antes la alta tecnología e influían para retrasar la compra de equipamiento en los centros públicos. El conflicto de intereses existente, al captar a los jefes de servicio más significativos de los hospitales del SNS, les permitía controlar la situación. Los médicos de los hospitales públicos son especialistas de Área y por lo tanto responsables de la asistencia sanitaria de toda la población del Área de referencia del hospital al que pertenecen; debido a esto, ningún profesional debería atender en una consulta privada o en un centro sanitario privado a ningún paciente al que tiene la obligación de atender en el sistema público, es decir que de ejercer la sanidad privada deberían hacerlo en otra Área sanitaria. De esta forma, la Ley de Incompatibilidades se ha incumplido y se incumple sistemáticamente.

Ahora, desde la Consejería pomposamente hablan de distrito único, idea irrealizable dado que los cuatro grandes Hospitales Públicos de Canarias tienen unas listas de espera tan grandes que hacen inviable que se aumenten con pacientes de otras áreas. ¿No será que pretenden que los pacientes soliciten su traslado a Hospìtales Privados, que de concertados y “de utilización pública” según la normativa son para el Consejero “parte de la Sanidad Pública”, haciendo ver que no es el SCS quien los envía y así favorecer al sector privado?

Por otro lado, aunque la “autoconcertación” es preferible al concierto con la sanidad privada y puede ser una herramienta de gestión que permite el control puntual de las listas de espera, debe cumplir una serie de condiciones, de lo contrario se convierte en un instrumento perverso: – Los jefes de servicio, responsables de gestionar las listas de espera, no deben realizar autoconcertación. – Si la actividad de un servicio es inferior a la media, no debe autorizarse ningún programa de autoconcertación a sus profesionales. – Si un servicio realiza actividad muy por encima de los indicadores admitidos, debe someterse a una auditoría que descarte la existencia de inadecuación (realización de pruebas no indicadas o de indicación dudosa). –Los programas de autoconcertación deben ser públicos y transparentes para evitar los tratos de favor que ocurren en determinados casos. – La autoconcertación continuada debe sustituirse por contratos (creación de nuevas plazas). – Parece urgente la negociación de este tema en mesa sectorial, contando con los profesionales, con el objetivo de conseguir un funcionamiento adecuado de los hospitales en jornada de tarde y fines de semana, con una gestión eficiente y de calidad, teniendo en cuenta que no hay mayor eficiencia que evitar lo innecesario.

La guinda del plan la ponen los 200 millones de euros y la contratación de personal, cabe decir que de entrada la financiación es insuficiente y que por otro lado buscan no completar las plantillas pero si contratar más personal temporal, pues el tipo de contrato seria por un periodo que abarcara el tiempo que dure el programa o sea más eventualidad con contratos a tiempo parcial y ¿dónde van a encontrar especialistas con esas condiciones laborales? lo que será otra razón para derivación a la privada en la que los especialistas ganaran más por las intervenciones que lo que presumiblemente cobrarían por las “peonadas”.

También cabe señalar que en el plan de Trujillo y Conrado no aparece debidamente el eslabón básico del sistema sanitario y de salud que es la Atención Primaria cuya potenciación atendería a la prevención de la enfermedad, así como a la promoción de salud, evitando la ampliación de las listas de espera. Lo mismo ocurre con Salud Pública cuya partida presupuestaria del 1,19% no llega al mínimo imprescindible (2,5%) y con más necesidad aún en medio de una pandemia.

Mientras tanto, a ciudadanía y profesionales nos cabe la movilización desde los centros de trabajo y desde la calle para exigir las derogaciones legales propuestas y aquellos cambios en el modelo de atención sanitaria y de salud que respondan a otro orden de prioridades. Por eso saldremos a la calle el próximo 27 de febrero, en Tenerife en la Plaza de La Candelaria a las 12:00 h. y en Gran Canaria a las 11:00 h. en el Parque de San Telmo.

En Canarias a 22 de febrero de 2021

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Un amplio conjunto de colectivos y organizaciones promueven una convocatoria estatal de la Coordinadora Anti privatizaciones de la Sanidad para que se deroguen las leyes privatizadoras (15/97 y artículo 90 de la LGS) y se rescate lo privatizado.

Como se recoge en el Manifiesto de los colectivos y organizaciones canarias participantes, el 9.3% del presupuesto público de Canarias para sanidad se destina a concertaciones con centros privados mientras padecemos un escaso desarrollo de los servicios sanitarios públicos, tanto en Atención Primaria, limitando la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; como en la Atención Especializada donde la falta de recursos humanos y materiales condiciona el colapso de los Servicios de Urgencias y las insufribles Lista de Espera, factores que convierten al Servicio Canario de Salud en uno de los peores del Estado español.

También los índices de salud de la población canaria se sitúan a la cola de las CCAA, la población canaria es la más enferma del conjunto del Estado español, principalmente de aquellas patologías consideradas prevenibles por su relación con el alto porcentaje de pobreza (más de un 30% de la población).

Hay que actuar sobre las causas de raíz y abrir un debate en todo el Estado, y en Canarias en particular, sobre el modelo sanitario que queremos, que debe empezar por garantizar la asistencia sanitaria de calidad para todas las personas, democratizando el sistema y centrándolo en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad.

Ahora anuncian 8.000 millones de euros de los fondos de la UE, dicen que «para reforzar los servicios públicos», cuando lo previsto es que se destinen a la «colaboración público-privada». Ese eufemismo, que ya conocemos bien, significa que, si no lo evitamos, la sanidad pública seguirá agonizando, mientras que las grandes corporaciones y empresas privadas serán las principales beneficiarias del fondo europeo de recuperación económica.

La única forma de recuperar el sistema sanitario público es obligar a todos los partidos a blindar la sanidad contra el ánimo de lucro, y potenciar la Atención Primaria y la Salud Pública. Para ello se promueve esta movilización que tendrá lugar en un buen número de localidades del Estado y también en las distintas islas de nuestro archipiélago.

De momento, ya se pueden anunciar los datos de la convocatoria de Tenerife que consistirá en una concentración en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz a las 12:00 h. del día 27 de febrero.

17 de febrero de 2021

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Hace meses denunciábamos la presión del empresariado que trajo la precipitación en la desescalada en el conjunto del Estado y particularmente en Canarias por parte de la patronal hotelera y turística. Desde el Gobierno de Canarias no se ha actuado debidamente ni en lo que se refiere a las normas de seguridad sanitaria como tampoco respecto de las ratios de “rastreadores”. No se ha fortalecido a la Atención Primaria dotándola de los muchísimos recursos que precisa para cumplir con la enorme tarea asignada de ser el eje central en la fase actual de la pandemia. En cuanto al control de las residencias de mayores, resulta inconcebible a estas alturas la nula capacidad demostrada por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

Como consecuencia de todo ello estamos en la segunda oleada y adentrándonos en lo que va a ser la tercera (post navideña) en el mes de enero. El empeoramiento de la situación de salud y la amenaza de colapso sanitario vuelven a estar muy presentes en varias CCAA, en Canarias es ahora en la isla de Tenerife, donde a diferencia de los brotes centralizados en Las Palmas, que llegó a acumular cerca del 75% de los casos, están generalizados por toda la isla, con Santa Cruz y La Laguna como municipios más afectados, habiéndose desarrollado de modo paulatino y sostenido como expresión del fracaso de las medidas, tímidas y tardías, de un Gobierno canario que por otro lado ha venido insistiendo en responsabilizar a la ciudadanía al mismo tiempo que se demanda del Gobierno central la posibilidad de rebajar el control mediante PCR a los turistas para fomentar la movilidad hacia nuestras islas.

A raíz del cierre perimetral de Tenerife recién decretado, en una comunicación emitida desde Presidencia del Gobierno de Canarias, se hacía alusión a la “excepcionalidad adicional en la entrada y salida de turistas nacionales e internacionales” pretendiendo que el flujo de turistas a la isla quede asegurado a lo largo de las próximas semanas, coincidiendo con las vacaciones navideñas y las fiestas de Fin de Año. Nos preguntamos si los turistas británicos, u otros, traerán consigo la nueva cepa del coronavirus.

El llamamiento a la ciudadanía para que cumpla con las normas de distanciamiento social, higiene, ventilación y uso de mascarilla y a su vez supeditar la salud a la economía por mor del negocio turístico, no hace sino fomentar la desobediencia de las normas y el desprecio de las recomendaciones y al final, queriendo “salvar el turismo y la navidad” no se salvan ni uno ni la otra y, lo que es mucho peor, tampoco las vidas correspondientes si se las hubiera priorizado por encima de cualquier otra consideración.

Si analizamos la situación de este fracaso utilizando símiles futbolísticos, vemos que comienza la epidemia (la Liga), llega el primer partido se toman medidas, confinamiento en un hotel y otras y antes de ver los resultados se produce  el despido del entrenador (la Consejera Cruz) y de sus técnicos, según parece por no anteponer la economía a la salud, se nombra nuevo entrenador y para sorpresa nuestra, aunque no tanta, se nombran unos nuevos técnicos que son los mismos que con sus ideas y procedimientos habían llevado a la Sanidad Canaria al último puesto en el ranking estatal en los últimos años. Siguiendo con el símil futbolístico, ahora que se ha fracasado, ¿qué se hace?, pues responsabilizar a los jugadores (ciudadanía).

Responsabilizan de su inacción e incapacidad a una ciudadanía que acumula el cansancio de tantos meses y fundamentalmente confundida por la labor “infantilizadora” del Gobierno para la comprensión de la pandemia, al decirle lo que quiere oír, y no haber sabido encauzarla respecto a las recomendaciones y normas. Ahora cuando la situación se ha descontrolado tratan de actuar con dureza, lo que debió hacerse cuando comenzó el ascenso de los contagios, de los ingresos hospitalarios y de las muertes, aunque ahora también se filtra la irresponsabilidad política del que busca votos, ¿por qué mientras todos los países ponen el toque de queda los días 24 y 31 por ser los días de mayor riesgo, en Canarias se aplica una ampliación de horario?. ¿Será que quieren compensar de su fracaso de gestión a la ciudadanía?

Desde Atención Primaria también cabe decir que un día sí y otro también hay cambios de protocolo, motivados por la incertidumbre y por las dudas sobre los métodos diagnósticos y por tanto  a su vez con contradicciones frente a las dudas de la población. Entre marzo y agosto se dejaron de practicar muchísimas operaciones quirúrgicas, un dramático descenso de actividad de consecuencias todavía indeterminadas. Por el contrario, Atención Primaria ha multiplicado su actividad, por ejemplo, en un centro de salud urbano de tamaño medio (14.000 habitantes asignados) se resolvieron en los dos meses de marzo y abril 174.000 consultas telefónicas o se incrementó la actividad registrada en un 15 %.

En esta segunda ola de la pandemia nos encontramos con la promoción machacona de las vacunas como si todas fueran adecuadas, todas buenas. La urgencia por disponer de una vacuna lo antes posible se está convirtiendo en una carrera contra reloj de apariencia esperpéntica y restando seriedad al rigor que el procedimiento de su elaboración requiere, saltándose en algunos casos los pasos necesarios de seguridad, biodisponibilidad, pruebas intermedias, etc. motivado todo ello por estrategias comerciales o por la ansiedad de los políticos, como si la estrategia decidida de vacunar a toda costa a todo el mundo (occidental) silenciara el eco de las dudas.

Siendo Atención Primaria la que va a vacunar, si se quiere que prospere la campaña de vacunación, las autoridades sanitarias deben explicarle cómo se van a concretar las promesas hasta ahora incumplidas, cómo y cuánto será ese refuerzo que tanto se prometió durante la primera ola pandémica y que nunca llegó y cuáles serán las ayudas para emprender una campaña de vacunación masiva con los equipos de atención primaria diezmados por las bajas y hastiados por la carga laboral y una anómala forma de trabajar sin que todavía se vea la luz al final del túnel. Estamos a pocos días de comenzar las vacunaciones y mientras en otras CCAA han empezado desde hace días a formar al personal, a preparar la logística etc., aquí todo está como vulgarmente se dice en pañales y además con una huelga médica, ahora de momento en suspenso, por la nefasta gestión de personal que desde hace décadas han llevado los diferentes Gobiernos de Canarias.

Nos esperan días y semanas muy duras, solo podemos esperar que la salud pública prevalezca, así como la ética, el sentido común, la cordura y la decencia. Como se dice por Canarias “Dios nos guarde y nos coja confesados” como esto no cambie.

En Canarias a 21 de diciembre de 2020

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias