Me dirijo de nuevo a usted en relación con la queja EQ-0839/2011 y el escrito, firmado por el entonces titular de esa institución, de fecha de 17 de octubre de 2011. En primer lugar, adjunto al presente escrito presento copia, sellada por la Consejería de Presidencia, del acta de la asamblea en que se me eligió como secretario de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (con Número de Identificación Fiscal Definitivo G38995569). En segundo lugar, paso a la aportación concreta de datos en relación al incumplimiento de las condiciones previstas en la normativa que hace referencia a los conciertos con centros sanitarios privados en Canarias.
A pesar de lo ya citado en nuestra queja, referente al texto de la Constitución Española y de la Ley General de Sanidad, así como de lo que dice el artículo 96 de la Ley 11/94, de Ordenación Sanitaria de Canarias «Sobre Hospitales concertados incluidos en la Red», entre otros apartados, en los dos primeros: 1.Los centros y establecimientos hospitalarios de entidades privadas podrán incluirse en la Red siempre que por sus características técnicas sean homologables, cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas del sector público lo permiten y 2. La inclusión en la Red se realizará mediante convenios singulares (o conciertos).
En el apartado D próximo figuran los 209.114.255 millones consignados en 2011 y la cantidad prevista en el Proyecto de Presupuestos 2012 para la concertación con la sanidad privada que asciende a 206.718.697 millones de euros, suficientemente expresivas en relación a como están las disponibilidades económicas del sector público en estos momentos, para que la institución del Diputado del Común, creemos que de oficio, se dirija con una actitud exigente y reprobatoria a la Consejería de Sanidad por no respetar la normativa citada.
Las consecuencias de ello se reflejan en los siguientes documentos, que por la profesionalidad de los que los han elaborado abundan en una base suficiente para proceder por parte de la institución del Diputado del Común sin más necesidad de recabar de la Consejería de Sanidad la documentación administrativa correspondiente y que, sin lugar a dudas, a dicha institución se le facilitará si la pidiera, cosa que con respecto a nuestra asociación no ocurre:
A) Publicado por la Federación de Salud de la Intersindical Canaria en octubre de 2009 en http://www.intersindicalsalud.com/modules.php?mod=portal&file=ver_noticias&id=46
«El pasado año fueron desviados a la sanidad privada concertada sólo para intervenciones quirúrgicas más de 43.200 pacientes, con un costo de 214 millones de euros.
La Sanidad Privada en Canarias factura al año 1000 millones de euros, lo que supone el 4 por ciento de la facturación total del sector en España, propiciado por una legislación favorable a su potenciación infrautilizando los recursos públicos como los Quirófanos, los Servicios de Radiología, Lavandería y mantenimiento. Por otra parte esa tendencia privatizadora, se refuerza cada vez más concertando servicios sanitario con entidades privadas. Cabe resaltar que la media española de camas en la sanidad privada es de 6,88 por 10.000 habitantes, en Canarias es de 14,30 camas, más del doble, debido al crecimiento desorbitado de los conciertos. Cada vez más el sector sanitario privado se convierte en elemento parasitador del sistema público, ya que realiza casi todo su negocio a través de los conciertos con el Sistema Público de Salud, siendo los clientes privados un 10 por ciento aproximadamente. Lo mismo ocurre con las Mutuas y Aseguradoras privadas que logran un 60 por ciento de su negocio al ser subvencionadas por el sector público.
Cabe destacar que el sector privado controla más del 30 por ciento de las camas de agudos de la red de utilización pública, e ingresa más del 31,7 por ciento de los procesos agudos financiados por el Servicio Canario de Salud, de tal manera que realiza más de la tercera parte de la intervenciones quirúrgicas, desde 1999 hasta ahora el S.C.S. ha gastado 1.119 millones de euros sólo en intervenciones quirúrgicas derivadas a entidades privadas (comenzando en 1999 con 121 millones de euros y terminando el 2008 con 433 millones de euros).
Haciendo una breve reseña histórica, cabe señalar que en 1.994 la comunidad Autónoma de Canarias asume las competencias en materia de Sanidad y se crea el Servicio Canario de Salud como organismo encargado de la prestación de la asistencia sanitaria por aplicación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias.
En su articulado, esta Ley, sustenta la concertación con servicios y hospitales que no pertenezcan a la Red Hospitalaria de Utilización Pública, con carácter de complementariedad; y cuando esta no sea suficiente para la atención a enfermos agudos de cobertura pública, a este artículo se le ha dado la vuelta y es ahora la Sanidad Pública la complementaria de la privada, ya que la actual Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias le ha restado competencias a los/as Gerentes de las Instituciones Sanitarias y se les ha aumentado las facultades a los Directores de cada Área de Salud, nombrados por el Partido Popular y convertidos en una especie de comisarios políticos, en los cuales se delega cada vez más, competencias de contratación directas con la sanidad privada concertada, desde la prestación de los servicios de pruebas diagnósticas de ecografía simple y ecografía de más de una localización o la privatización de los programas de salud Buco-Dental que se venían desarrollando en la sanidad pública.
Igualmente se destinan 36 millones de euros para contratar Resonancias Magnéticas a la sanidad privada concertada, estas son ejemplos de privatizaciones acometidas en el pasado mes de Marzo/09. En el pasado mes de Abril/09 se destinan 390.000 euros para la privatización del servicio de mantenimiento, conducción y manejo de la central térmica del Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote, cargándose así la categoría profesional de Calefactor. O la publicado en el BOC del mártes 13 de octubre de 2009, donde la Consejera de Sanidad delega en la Directora del Área de Salud de La Palma, el ejercicio de las facultades para actuar como órgano de contratación mediante concierto con la sanidad privada, de los siguientes servicios : Realización de pruebas diagnósticas: mamografías, ecografía y ecodoppler, endoscopias, electromiografía, Holter y densitometría ósea. Consultas ginecológica: atención por procesos, revisión de la mujer sana (detección precoz del cáncer de cervix, cáncer de endometrio, diagnóstico precoz de cáncer de mama. Consultas de neurología. Consultas de neumología. Consultas de cardiología. Procedimientos quirúrgicos menores de Cirugía Maxilofacial. Tratamiento rehabilitador de Logopedia.
Lo grave de toda esta situación es que se dan dos diferentes formas de servicios sanitarios: uno con más tecnología y recursos, con más medios humanos y experiencia; el público y otro el privado con menos recursos y parasitario de lo público. Es tal el grado de fraude que, los centros privados-concertados, a los pacientes derivados una vez realizado el tratamiento son dados de alta y casi nunca son controlados y seguidos por estos centros privados. No olvidemos, que tras intervenir a los pacientes derivados donde los centros concertados que han realizado un acto médico que se complica, al no ser rentables económicamente, se les envía nuevamente al sector público para que sea tratado.
Desde la administración pública no se ponen los controles necesarios y precisos para garantizar una oferta similar que logre una equidad, calidad y seguridad en los servicios recibidos por el paciente. No existe una acreditación mantenida de los servicios concertados.
Lo que nos demuestra la práctica es que la participación privada en el sistema sanitario disminuye la calidad asistencial. El intento de la privatización del sistema público introduciendo empresas con claro ánimo de lucro, dado que ese es su cometido al fin y al cabo, descapitalizan y van en detrimento de éste rompiendo sus estructuras y financiación, obteniendo presupuestos inmensos procedentes de los recursos económicos que se dedican a la salud. Esta penetración del sector privado en la sanidad terminan trasladando a los usuarios los gastos del sistema, promoviendo las aseguradoras privadas y extendiendo el uso de los recursos privados. Porque no olvidemos que estos grupos financieros empresariales que invierten en sanidad, reciben una buena parte de los grandes fondos públicos asignados a la salud intentando el máximo beneficio y los mejores clientes, buscándolos entre los más rentables económicamente y rechazando a los menos sanos puesto que requieren tratamientos más prolongados y costosos.»
B) Publicado en Diario de Avisos el 25-6-2011 por la periodista NATALIA TORRES:
http://www.diariodeavisos.com/2011/06/24/tenerife/el-40-de-las-camas-hospitaliarias-de-tenerife-son-de-orden-privado
Sobre las dimensiones del sector privado adquiridas a base de la parasitación de fondos públicos mediante la política de conciertos o convenios singulares:
«La isla de Tenerife cuenta con un total de 3.350 camas hospitalarias, repartidas entre 15 hospitales. De ellas, 2.007 son de carácter público y 1.342 privadas. Esto supone que el número de camas privadas representa el 40% del total de camas disponibles en la Isla. Estos datos se extraen del Catálogo Nacional de Hospitales elaborado por el Ministerio de Sanidad a fecha 31 de diciembre de 2010. Según este informe, el número de camas con respecto a otros años apenas ha sufrido cambios, sólo se ha aumentado en seis las plazas hospitalarias en la isla con respecto a 2009.
La clasificación hecha por el Ministerio de Sanidad divide las camas en generales, de traumatología y/o rehabilitación y de geriatría y/o larga estancia. Siguiendo esa clasificación Tenerife cuenta con 2.919 camas de carácter general, de las que 1.278 están en hospitales privados y 1.641 lo están en los públicos. Concretamente esta última cifra responde a la suma de las camas del Hospital Universitario de Canarias (HUC) (737) y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) (904). Con respecto a diciembre de 2009, el HUC ha aumentado en 23 las camas del centro. La Candelaria permanece con el mismo número de plazas hospitalarias según recoge el Ministerio de Sanidad.»
C) Artículo en DA del 25 de Septiembre 2011 publicado por la periodista Verónica Martín:
http://www.diariodeavisos.com/2011/09/25/actualidad/derivaciones-historicas-y-sin-concurso
«Los servicios esenciales de la Sanidad Pública canaria no se entenderían, en la actualidad, sin la colaboración con las empresas privadas a través de los conciertos y las derivaciones tanto de las intervenciones quirúrgicas como de consultas de especialistas o de asistencia crónica. Todos los expertos en economía relacionada con la gestión en materia de salud insisten en que, hoy en día, los servicios sanitarios públicos «necesitan» de los privados. Algo que reconocen desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pese a que ningún portavoz oficial quiera responder abiertamente a este asunto. Fuentes del Servicio Canario de Salud (SCS) explican que «casi uno de cada tres procesos que tratamos en la sanidad pública se resuelven en la privada, por lo que no se entendería en estos momentos una asistencia sin la colaboración de ellos».
Lo que ha ocurrido en los últimos meses, y seguirá ocurriendo al menos hasta final de año, es una orden más o menos oficial de ralentizar el ritmo de derivaciones. La explicación está en que, según cuenta el nuevo equipo del departamento de Brígida Mendoza, «hay una deuda importante con los proveedores sanitarios de entre 10 y 20 millones de euros y no queremos que se convierta en mayor». Con toda probabilidad, este montante se trasladará al próximo ejercicio y la ralentización de las derivaciones hará que «la deuda no se nos dispare porque hay que tener en cuenta la reducción del 10% en los presupuestos», comentan.
Con todo, la relación entre la sanidad pública y la privada siempre ha sido, al menos, polémica. Por un lado, hay quienes piensan que es un boyante negocio propiciado por la Administración sin justificar y, por otro, hay quienes explican que son mucho más rentables económica y organizativamente las derivaciones para reducir las listas de espera que otros sistemas como las llamadas peonadas de tarde en los hospitales públicos que pueden hasta duplicar el coste de una misma intervención en horario habitual.
El sistema de derivaciones actual está ya desfasado. Es algo que se comenta -aunque aún en voz baja- en los despachos de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de Canarias. Se debe a la herencia de las transferencias sanitarias del Insalud a la Comunidad Autónoma de Canarias a mediados de los 90. En ese momento, las clínicas concertadas en Tenerife eran Hospiten, La Colina (ahora USP), Capote (recientemente desaparecida) y el Hospital San Juan de Dios. Y así se quedó. Los precios se regulan por una orden anual donde se establecen los máximos por intervención o patología y punto. Sin concurso público.
En el interior de la Consejería de Sanidad ya hay muchos técnicos que insisten en que esta situación se debe regular, tanto para los que están concertados actualmente como para dar oportunidad a los que no lo están. Es muy probable que, en 2012, la Consejería de Sanidad ponga en marcha un concurso público de estas características.
Desde la Administración, se reconoce que «las derivaciones actuales se hacen con un alto nivel de eficacia ya que los hospitales privados cada vez tienen más calidad y las reclamaciones que se realizan en ellos son casi las mismas que para los públicos». Ya todos han ido adaptándose a las normativas internacionales y presumen de diversas certificaciones de calidad. Por ello, es muy poco probable que pasaran sin problemas el filtro del concurso público que regularía una situación que no es, en absoluto ilegal, pero que no se corresponde con los nuevos tiempos, con el necesario control del gasto y la previsión de ingresos de las privadas.
Con respecto a los beneficios de la relación entre sanidad pública y privada, la gerente de USP La Colina, Marta Belén González, asegura que «lo público y lo privado tienen que coexistir. La sanidad pública no puede dar respuesta a todas las necesidades de la población. Debido al aumento de la esperanza de vida y el crecimiento demográfico, los requerimientos de servicios sanitarios cada vez son mayores. Por ello, mientras no crezcan las infraestructuras públicas, el apoyo de los hospitales privados seguirá siendo imprescindible».
Precisamente, este último argumento ha servido de coartada permanente para justificar la política de conciertos y lo que ha impedido que el dinero público sirviera para dotarnos de las infraestructuras de calidad necesarias en vez de para el florecimiento de un formidable emporio sanitario lucrativo privado.
D) Información de la periodista Gabriela Maestre sobre las declaraciones de la Consejera de Sanidad Doña Brígida Mendoza en el periódico El Día del 14/11/2011:
En ella se expone sin ambages el peso, no acorde con la normativa ni con la ética de la asistencia sanitaria pública, de la política de conciertos con la sanidad lucrativa privada:
http://www.eldia.es/2011-11-14/CANARIAS/4-Sanidad-deja-intacta-partida-presupuestaria-derivaciones-privada.htm
«Sanidad deja intacta la partida presupuestaria para derivaciones a la privada.
Los fondos para la concertación de servicios descenderán un 1,1% respecto a este ejercicio, alcanzando los 206 millones de euros, pero, al igual que este año, estas derivaciones supondrán el 13% de la partida para Asistencia Especializada.
El presupuesto para el próximo año presentado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias esta semana contempla que los fondos para las derivaciones a servicios sanitarios privados serán prácticamente iguales a los del presente ejercicio, puesto que solo experimentan una reducción del 1,1%, es decir, que de los 209.114.255 millones consignados en 2011 se pasará a 206.718.697 del próximo. No obstante, y pese a que el presupuesto general de la Consejería de Sanidad aumentará un 2,70% -situándose en los 2.471.171.061 millones de euros, frente a los 2.406.110.093 de este ejercicio-, el peso de este tipo de concertaciones será a todos los efectos exactamente igual que este año.
La propia consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, confirmaba que «no habrá apenas diferencias», en la rueda de prensa que ofreció para dar a conocer las cuenta del área que dirige previstas para 2012.
Así, las partidas denominadas asistencia sanitaria con medios ajenos, supondrán el 12,7% de la financiación total del programa de Atención Especializada, cuyo presupuesto total para el próximo año se incrementará en algo más de 65 millones de euros hasta alcanzar los 2.586.938.011 millones de euros.
En 2011 también fue un 12,7% del total de esta partida el que se destinó a derivaciones a la sanidad privada.
Respecto al Servicio Canario de Salud -cuyo presupuesto está previsto que ascienda el próximo año a 2.586.938.011- la concertación con las clínicas privadas requerirá el 7,9% del total de los fondos disponibles, algo menos que este año, cuando ascendió al 8,2%.
Dentro de este capítulo de atención especializada con medios ajenos, el presupuesto contempla fondos tanto para las áreas de salud de las diferentes islas, como para los centros hospitalarios, puesto que entre los recursos privados que se sufragan con fondos públicos están los servicios de hemodiálisis, la oxigenoterapia en domicilio, las resonancias magnéticas y la medicina nuclear, entre otros.
Como dato llamativo, destaca el hecho de que, si bien en todas las islas hay presupuesto para esta asistencia sanitaria con medios ajenos, solo la de Tenerife acapara el 43,07% de los fondos, es decir, que de los algo más de 206 millones de disponibles en los presupuestos para derivar servicios a las clínicas privadas, 89.039.182 son para las necesidades de la isla de Tenerife, una cifra que se aleja muy poco de los 90.395.109 de este año.
Es precisamente este dato, junto a otros relacionados con el capítulo de personal, el que ha hecho que diferentes fuerzas sindicales denuncien que el Gobierno de Canarias no cuenta con poner en marcha el hospital del Norte de Tenerife durante 2012 , puesto que, de ser así, la concertación sanitaria en la isla de Tenerife debería de ser notablemente inferior a la de años anteriores.
Con todo el presupuesto de la Consejería de Sanidad seguirá siendo el de mayor peso dentro del Ejecutivo canario, puesto que representará el 38,89% del presupuesto global de la Comunidad Autónoma, lo que, según explicó la consejera «implica que el Gobierno de Canarias, de cada 100 euros, destina 67 a servicios básicos para todos los canarios», antes de añadir que con el incremento del 2,70 del presupuesto de la Consejería que preside » el Gobierno de Canarias apuesta por la sostenibilidad del sistema sanitario en el Archipiélago desde las premisas de la eficacia y la eficiencia».
En este mismo sentido, Mendoza aseguró que con las nuevas cuentas «se mantendrá la cartera de servicios de la que se beneficia toda la población garantizando, así que quienes se ven más afectados por la actual crisis cuenten con todos los servicios sanitarios», además de garantizar la prestación farmacéutica para todos los canarios independientemente de su lugar de residencia».
Por todo ello reiteramos nuestra solicitud al Diputado del Común:
1) Que estudie la posible incompatibilidad del cierre de camas y de actividades en los hospitales de titularidad pública, a consecuencia de los recortes presupuestarios, con la generalización de la figura del concierto sanitario con centros sanitarios privados y, por lo tanto, con la obligación de mantener la Sanidad como Servicio Público, tal y como contempla la Constitución.
2) Que promueva en su caso recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la generalización de la figura del concierto con centros privados en las Áreas Sanitarias dependientes del Servicio Canario de la Salud, mientras continúe la tendencia de recortes en los hospitales de titularidad pública pertenecientes al Servicio Canario de la Salud.
3) Que solicite de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la paralización de dichos conciertos y dedique la reducción del presupuesto de conciertos con centros privados a la puesta en marcha de las camas y actividades de los hospitales que configuran la red de asistencia hospitalaria de titularidad pública del SCS.
En Santa Cruz de Tenerife a 28 de noviembre de 2011
Fdo. Arturo Borges Álamo
Secretario de la ADSPC
