Casi 440 organizaciones exigen al Colegio de Médicos de Granada el archivo de la denuncia formulada contra el médico. Entre ellas figura la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias.
Han expresado públicamente su respaldo unánime a un médico de familia y especialista en bioética de Granada que ha ejercido su derecho a la objeción ética respecto a medicamentos producidos por la empresa Teva Pharmaceutical Industries, señalada por vulneraciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.
Los apoyos, recibidos a través de una carta impulsada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), reflejan la amplia legitimidad social y profesional de una práctica ética habitual en el ámbito sanitario internacional: negarse a colaborar, aun indirectamente, con estructuras económicas vinculadas a graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Además, tal negativa está respaldada por la legislación sanitaria que ampara el derecho a la libre prescripción por parte de los facultativos.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), señala además en nota de prensa que “Lejos de tratarse de un caso aislado, las entidades firmantes recuerdan que diversos organismos públicos en España y en Europa están revisando sus relaciones contractuales con compañías señaladas por vulnerar derechos humanos. El respaldo masivo evidencia una preocupación compartida por garantizar que el ejercicio de la medicina permanezca alineado con los principios éticos internacionales como la no maleficencia, la responsabilidad social y la obligación de promover la salud global.
Ante este amplio consenso profesional y social, las entidades han solicitado formalmente a través de una carta al Colegio Oficial de Médicos de Granada que actúe con plena responsabilidad institucional y proteja el derecho a la libertad de conciencia, garantice la integridad, honor y autonomía profesional del médico afectado y se abstenga de ceder ante campañas de presión ideológica que pretenden desvirtuar un ejercicio ético legítimo y reconocido internacionalmente.
Las organizaciones firmantes también alertan de que la denuncia presentada por la llamada “Comisión Sanitaria contra el Antisemitismo” forma parte de una estrategia destinada a condicionar la libertad de prescripción y el criterio clínico del profesional, sustituyendo la autonomía médica por un marco de vigilancia ideológica ajeno a la práctica sanitaria. La acusación pretende trasladar al ámbito clínico un conflicto geopolítico y presionar al Colegio de Médicos para sancionar una actuación que se fundamenta precisamente en principios éticos y deontológicos. Esta tentativa de fiscalización ideológica del ejercicio clínico supone un grave precedente y amenaza directamente la independencia profesional que el propio Código de Deontología Médica obliga a proteger”.
