Sala de prensa del Parlamento de Canarias

 30 de enero de 2026

LA SALUD MENTAL, EMERGENCIA INVISIBLE EN CANARIAS

Presentación de Informe Evaluativo

Intervienen:

Cati Darias Delgado, Federación de Salud de Intersindical Canaria.

Guillermo de La Barreda López, Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública.

Francisco Rodríguez Pulido, Profesor de Psiquiatría de la Universidad de La Laguna.

La salud mental en el archipiélago canario se encuentra en una situación de emergencia invisible, de crisis estructural, definida por una carga de enfermedad que supera los promedios nacionales en indicadores de extrema gravedad. Se estima que el 20% de la población canaria padece algún tipo de trastorno mental, habiéndose registrado un incremento del 25-30% en la demanda asistencial en los últimos cinco años, con especial incidencia en cuadros de ansiedad y depresión. Esta realidad presenta una clara brecha de género, donde las mujeres canarias presentan tasas de prevalencia casi el doble de altas en trastornos comunes como la ansiedad y la depresión, factores estrechamente vinculados a la precariedad laboral femenina, la brecha salarial y la sobrecarga estructural de los cuidados familiares.

De acuerdo con los últimos Informes Anuales del Sistema Nacional de Salud publicados por el Ministerio de Sanidad (2023-2025), Canarias presenta una de las mayores prevalencias de «malestar psicológico» de todo el Estado, pero con una particularidad técnica alarmante: la tasa de cronicidad. Mientras que en otras regiones los episodios de ansiedad suelen ser reactivos y temporales, en Canarias los datos ministeriales apuntan a una crónificacion del trastorno debido a la falta de intervención psicoterapéutica temprana en la red pública. El Ministerio destaca que en contextos de alto desempleo estructural y baja renta per cápita, como el canario, la probabilidad de que un trastorno mental común derive en una patología grave se multiplica por tres, lo que convierte a la salud mental en las islas en un problema de salud pública indisoluble de su realidad socioeconómica.

A esta compleja situación se suman las conclusiones del estudio de Valcárcel sobre los barrios de Las Palmas, que establece una correlación directa entre el código postal y la salud emocional, señalando que la «patología de la pobreza» y la exclusión social actúan como motores de la enfermedad mental ante la falta de recursos comunitarios. Además, existe una alarmante sobre representación de patología mental grave y del consumo de sustancias  en la población sin hogarimos  de las islas, que queda excluida de un seguimiento continuado debido a la falta de cooperacion y coordinación entre los servicios sociales y la red de salud mental y de drogodependencias y las instituciones locales e insulares, recibiendo atención únicamente en situaciones de crisis aguda, Reclamamos mayores miras de cooperacion interinstitucional desde modelos comunitarios no Coercitivos y de cercania con esta poblacion de multiples vulnerabilidades. Datos de 2025 elevan la tasa de exclusión social entre personas con diagnóstico mental en Canarias al 43,3%, evidenciando que el trastorno mental es, en sí mismo, un factor de empobrecimiento extremo en las islas. Y la tasa de riesgo de exclusión social  infantil llega al 40% (1 de cada 4), y de pobreza extrema 12%. La mayoría de los trastornos mentales tienen su debut antes de los 24 años de edad.

Esta realidad se manifiesta de forma trágica en la tasa de mortalidad por suicidio, que en las islas oscila entre 8,5 y 9 muertes por cada 100.000 habitantes (en el 2021 se llegó a 10,58 por cada 100.000 habitantes, lo que supone unas 230 al año que toman esa dramática decisión, y en 2024, 211 muertes con una tasa 9.50, cifras que aunque han descendido – como en el conjunto del estado- superan sistemáticamente desde hace años la media nacional de 8.1, con impacto en la población infanto juvenil. Estudios recientes realizados en las unidades de salud mental de Las Palmas han constatado conclusiones alarmantes sobre los contactos de las personas que finalmente consuman el acto: un alto porcentaje de estos pacientes mantuvo contacto con los servicios de salud mental en los meses previos, lo que evidencia fallos críticos en la detección del riesgo, la continuidad de los cuidados y la capacidad de respuesta de un sistema saturado que no logra realizar un seguimiento preventivo eficaz.

          Son más que insuficiente las campañas de prevención del suicidio pues su impacto en las tasas es mínimo. El PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN CANARIAS ha sido un instrumento ineficaz. No existen aún resultados sólidos publicados que indiquen una reducción clara y sostenida de las tasas de suicidio atribuible directamente al plan.

Organizaciones sindicales, docentes y familias en Canarias han criticado públicamente el Protocolo de Prevención e Intervención ante el Riesgo Suicida en centros educativos, argumentando que sobrecarga a los docentes con tareas propias de profesionales de salud mental (psicólogos/psiquiatras) para las que no están formados ni cuentan con recursos adecuados. Esto evidencia un problema de implementación: sin suficientes recursos especializados, se corre el riesgo de que la prevención recaiga en profesiones mal equipadas para ello. Reclamamos que Educación detecta → Sanidad asume seguimiento. Y, los menores con ideación pasan a circuito clínico prioritario. No compartimos crear equipos ad hoc (EGIS: Equipo de Gestión de la Intervención y Seguimiento) en lugar de equipos especializados estables.

Tabla  Comparación directa de Canarias con otras comunidades Autónomas en la atención de la infancia y adolescencia con riesgo de suicidio.

Aunque existen iniciativas de recopilación de datos y campañas de prevención, no hay un sistema de vigilancia epidemiológica plenamente robusto para monitorear ideación, intentos y suicidios de manera homogénea y coordinada, cuestión que también ha sido criticada como un punto débil que afecta la evaluación de las políticas de esta Consejería.

 No hay datos oficiales públicos accesibles que indiquen cuántos casos atendidos por el teléfono de prevención de suicidio (especialmente la Línea 024) han sido derivados específicamente a Salud Mental en Canarias, ni ésta los publica. Sin datos fiables y comparables a lo largo del tiempo, es difícil medir mejoras o debilidades concretas de las estrategias. Reclamamos la Necesidad de evaluaciones independientes y datos de impacto.

Esta incapacidad del sistema se sostiene sobre una Infrafinanciacion histórica y una preocupante falta de inversión real. Canarias destina apenas el 5% de su presupuesto sanitario total a la salud mental, una cifra que representa solo la mitad del 10% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como presupuesto deseable para garantizar una atención comunitaria y preventiva de calidad. 

En estos años es cuando la comunidad canaria ha tenido más disposición presupuestaria para la salud mental procedente del Ministerio y del propio gobierno autónomo, pero debido a la ausencia de transparencia presupuestaria, es dificil señalar las cuantías exactas destinadas al área de la salud mental, y saber en qué se han gastado, aunque parece ser que mayormente en infraestructuras y en menor medida en recursos humanos. 

A pesar del triunfalismo de la Consejería, con estas cifras de sufrimiento psíquico, ésta olvida los déficits que se arrastran en materia de recursos humanos y de inversión desde la crisis económica del 2008, de cuya responsabilidad los diferentes gobiernos de la comunidad autónoma no pueden mirar para otro lado. Exigimos transparencia en la inversión y gastos en materia de salud mental por islas y conocer su procedencia financiera, sea del Plan de Salud Mental y las inversiones estatales en estos años, o las propias como consecuencia del volcán en materia de salud mental. Y un análisis de su impacto en la salud mental de la población. Cuanto más celebra la consejería las inversiones, más sufrimiento tiene la población canaria y más incrementan las policlínicas de Salud mental privadas en las islas, basta con solo preguntar en Google. A esta pregunta no responde la Consejería. Seguramente porque gestores actuales no aplican las políticas públicas adecuadas a las necesidades, Para ilustrar la magnitud de esta carencia, la siguiente tabla muestra la brecha entre los recursos reales (Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, datos de 2024) y los ratios óptimos recomendados:

Tabla 1: Comparativa de Ratios Profesionales (por 100.000 habitantes)

Fuentes: Portal de Transparencia del SCS (2024), SIAP y estándares OMS/EFPA.

La eficacia de esta atención comunitaria depende de la accesibilidad de las Unidades de Salud Mental (USM), cuya red se encuentra desbordada por una población que excede con creces el censo oficial. La presión asistencial debe entenderse analizando la población de hecho, que incluye el impacto del turismo y la población extranjera residente, factores que tensionan los servicios de urgencias y las consultas especializadas, generando una sobrecarga estructural no financiada.

Tabla 2: Cobertura de USM y Presión Demográfica Real (Datos 2024)

Fuentes: Mapa de recursos SCS e ISTAC (2024).

La lectura crítica de estos datos revela una falsa cobertura en las islas orientales, especialmente en Fuerteventura, donde la dotación de estas unidades sigue siendo deficitaria. La Zona Sur, a pesar de tener unidad propia, suele compartir especialistas con la Norte mediante desplazamientos semanales, lo que limita la frecuencia de las citas de seguimiento. O  a una gestión de crisis o enlace o estabilización. Esta saturación genera un malestar ciudadano profundo que queda reflejado en el sistema de quejas y reclamaciones del Servicio Canario de la Salud:

Tabla 3: Análisis de Quejas y Reclamaciones en Salud Mental (Ejercicio 2024)

Fuente: Oficina de Defensa del Paciente y Memorias del Servicio Canario de la Salud (2024).

En cuanto a la atención infarto juvenil Canarias no dispone de una red infanto-juvenil completa por islas, sino de: Dos nodos especializados saturados (Tenerife y Gran Canaria). Cinco islas con atención parcial o testimonial. Alta dependencia de derivaciones interinsulares. Ausencia de equipos multidisciplinares completos: (Trabajadores Sociales, Terapeutas Ocupacionales), dependencia del lugar de residencia. Esto explica directamente la  fragilidad del seguimiento de menores con ideación suicida La sobrecarga del sistema educativo (EGIS), y la desigualdad territorial en salud mental infantil.

En cuanto a la coordinación sociosanitaria, el último Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos (publicado en el BOC en junio de 2024) evidencia una distribución desigual de plazas especializadas para trastornos mentales graves, concentrando el 80% de los recursos en las islas capitalinas y forzando el desarraigo de los pacientes de las islas no capitalinas.

Tabla 4: Distribución de Plazas Sociosanitarias Especializadas (2024-25)

No obstante, es necesario que el SCS aumentó el número de profesionales y equipos de atención en el domicilio propio para las personas con trastornos mentales graves, para que sean atendidos en sus propios hogares, y frenar el crecimiento de plazas sociosanitarias de forma indeterminada por parte de los Cabildos Insulares. Hacer una mejor gestión de los domicilios de los ciudadanos para sus cuidados de Salud.

Este déficit asistencial se agrava al analizar la falta de integración efectiva de las redes de salud mental y drogodependencias. A pesar de que el plan canario sobre drogas y el plan de salud mental de canarias establecen la unificación de ambas redes para el abordaje de la patología dual, la realidad es de una fragmentación administrativa que obliga al paciente a ser atendido en circuitos separados, con fichas financieras distintas y sin una coordinación clínica real que garantice la continuidad de los cuidados.

Al contrastar esta situación con los marcos internacionales, se observa una divergencia preocupante entre la dirección política canaria y las recomendaciones de los organismos globales. El último informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental subraya que los sistemas deben alejarse urgentemente del modelo biomédico predominante para centrarse en los determinantes sociales.

El Relator de la ONU critica específicamente el uso excesivo de la medicalización como respuesta a problemas que tienen su raíz en la desigualdad, el desempleo y la falta de vivienda, elementos que en Canarias son precisamente los motores de la crisis de salud mental. Mientras la ONU exige un enfoque basado en derechos humanos y autonomía, Canarias mantiene un modelo de gestión de síntomas. En la misma línea, la Comisión Europea, a través de su Comunicación sobre un enfoque integral de la salud mental (2023), establece como pilares la promoción de la salud mental en todas las políticas, el acceso equitativo y la lucha contra el estigma mediante la integración comunitaria. La comparación es desfavorable para el archipiélago: mientras la UE y la ONU abogan por servicios descentralizados y cercanos al entorno del paciente, el modelo canario centraliza los recursos sociosanitarios en las islas capitalinas y mantiene ratios de profesionales que no alcanza las ratios óptimas, que son un tercio de la media europea. La dirección política en las islas no sigue la senda de la integración sistémica recomendada; por el contrario, la parálisis de los órganos asesores y la externalización de servicios para evitar el refuerzo de la red pública contradicen el Pilar Europeo de Derechos Sociales que exige servicios de salud mental asequibles y de alta calidad para todos. La brecha de implementación en Canarias no es solo presupuestaria, sino filosófica, al no haber transitado hacia el modelo de recuperación comunitaria y justicia social que la ONU y la UE definen como el único camino viable para la salud mental en el siglo XXI.

A esto se suma el impacto de la crisis habitacional analizado por el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN, 2025), donde se confirma que por cada euro que aumenta el precio del alquiler, se incrementan los diagnósticos de ansiedad, saturando las unidades de salud mental. La ratio de camas de hospitalización de agudos es de las más bajas del país, provocando el fenómeno de puerta giratoria con rehospitalizaciones frecuentes por falta de seguimiento post-alta en la red comunitaria. La planificación se ve además tensionada por una presión demográfica del 3 al 4 por ciento que no ha sido acompañada de una ampliación de plantillas, a lo que se une el burnout de los profesionales y el rechazo sindical al protocolo de suicidio escolar por la carga clínica que impone a los docentes sin formación específica. La investigación de Febles Sánchez et al. (2021) en BMC Psychiatry refuerza esta tesis al destacar que el modelo canario prioriza la estabilización biológica sobre la recuperación social, incumpliendo las directrices internacionales de autonomía del paciente. Finalmente, la parálisis institucional de la Comisión Asesora Regional de Salud Mental desde 2017 para impidir cualquier evaluación legal del plan de salud mental, dejando la gestión sin la transparencia ni la participación ciudadana exigidas por la Ley 11/1994 y por los estándares democráticos de la Unión Europea.

Como conclusión técnica y política final de este análisis, se constata que Canarias se halla en una situación de anomia institucional en salud mental, donde la divergencia entre los planes escritos y la ejecución real ha generado un sistema de doble velocidad que castiga a los ciudadanos de las islas no capitalinas y a las poblaciones más vulnerables con fragmentación de los servcios sanitarios.

La persistencia en un modelo fragmentado, que ignora la  cooperacion entre los servicios de atención primaria y los servicios de atención especializada en Salud mental no respeta ni sus propios protocolos y es más se añade la figura del psicologo generalista, que permanecen en un nicho de atención sin conexión y que según el tribunal de navarra es ilegal  la contratación de Psicólogos sin especialidad en ata en ion  primaria al vulnerar las  leyes vigentes , anulando la resolución que abrió estas listas de contratación en el Servicio Navarro de Salud (Sentencia 241/2023). Se reconoce en la propia sentencia aunque la motivación sea buena, no puede ser que se haga saltándose la legislación y que esta atención se lleve a cabo por personal sin la formación necesaria.

Así mismo, la unificación de la red de adicciones y salud mental y se desentiende de los determinantes sociales como la vivienda, sitúa a la administración canaria en una posición de incumplimiento no solo de su propia normativa regional, sino de los compromisos adquiridos en el marco del Pilar Europeo de Salud Mental y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y salud. La dirección política actual, caracterizada por la parálisis de los órganos asesores y la medicalización sistemática del malestar social, constituye una respuesta obsoleta e insuficiente que no solo fracasa en la contención de la tasa de suicidios y la cronicidad, sino que profundiza la desigualdad estructural en las islas. Resulta imperativo un giro hacia una política de salud mental que recupere la soberanía de la atención comunitaria, dote de recursos humanos reales a las unidades de salud mental periféricas y asuma de una vez por todas que la salud emocional de los canarios es el resultado directo de sus condiciones de vida y de la capacidad del sistema público para protegerlas sin soluciones externas y parciales.

Referencias Bibliográficas Completas

• Benach, J., et al. (2023). Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas. Sinopsis del Informe PRESMEPAPELES de relaciones ecosociales y cambio global Nº 161 2023, pp. 127-142
• Lopez de Lámela M. et al. Suicidio consumado en Gran Canaria en el periodo 2017-2022 y su relación con antecedentes de trastorno mental, Revista de Medicina Legal y Forense  Volume 50, Issue 1, January–March 2024, Pages 14-21
• BOC (2024). Convenios de Cooperación Sociosanitaria GobCan-Cabildos.
• Comisión Europea (2023). Comunicación de la Comisión sobre un enfoque integral de la salud mental. Bruselas.Directorate-General for Health and Food Safety
• Febles-Sánchez, C., et al. (2021). ESQ in a community mental health sample. BMC Psychiatry, 21(1), 346.
• ISTAC / SCS (2024-2025). Estadísticas de población de hecho y recursos sanitarios.
• Ministerio de Sanidad (2023-2024). Informes Anuales del Sistema Nacional de Salud. Publicado en Diviembre 2004 y 2025.
• Naciones Unidas. A/75/163: Informe final del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Pūras .Publicado 16 de julio de 2020
• ODESOCAN (2025). Informe sobre Vivienda y Salud Mental en Canarias.
• Rodríguez Pulido, F. (2017). De la reforma inconclusa a la contrarreforma en Salud Mental en Canarias. Norte de salud mental.
• SCS (2024). Memorias y Portal de Transparencia de la Red de Salud Mental y Drogodependencias.
• Sentencia 241/2023. Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Navarra.
• Glez López Varcarcel, B.  Estudio sobre la situación de salud y sus determinantes económicos y sociales en los barrios de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Grupo de investigación en Economía de la Salud (ECOSALUD) de la ULPGC. 18 marzo 2025.