El Gobierno de Canarias, ¿de perjudicador a perjudicado?

Sí, eso pretende con el mayor de los cinismos al personarse en la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el llamado “caso canario de las mascarillas”. Increíble pero cierto.

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La Sanidad Canaria en pleno naufragio

Con la querella de la Fiscalía Anticorrupción, por el llamado caso canario de las mascarillas, contra el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, y el responsable de la empresa RR7 United Limited S.L., Rayco Rubén González Sánchez, se abre la vía judicial, frente a las posibles responsabilidades penales, que el Gobierno de Canarias ha omitido a nuestro juicio de modo escandaloso. Por otra parte, debe imponerse la exigencia de cese inmediato de los responsables políticos: el director del Servicio Canario de la Salud, el Consejero de Sanidad y el Presidente del Gobierno de Canarias.

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La ADSPC apoya al personal y a un ICHH 100% público

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), apoyamos la reivindicación de estabilidad en el empleo del personal del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), así como las necesarias medidas legislativas para convertir al ICHH en una auténtica institución del sistema público de salud, es decir, 100% pública.

Por tanto, si además la tendencia que se impulsa desde el Gobierno de Canarias es la contraria, es decir hacia la privatización, desde la ADSPC tenemos que oponernos resueltamente a ella en alianza con quienes lo hacen, su personal, así como con quien también debería hacerlo, la ciudadanía en general.

Ante los peligros privatizadores debemos decir que cuestionan la necesidad de la donación como acto voluntario, anónimo, altruista y no remunerado, y la prohibición de cualquier comercio con la sangre o sus derivados, tanto la remuneración al donante como la venta de la sangre, es decir, que no se pague la donación ni se cobre al paciente la sangre que recibe. Sin embargo el mercantilismo que todo lo domina impide que las cosas sean realmente así.

En su momento, fuimos informados por profesionales del ICHH y profundizando en esta cuestión, nos encontramos con una situación francamente irregular. Desde luego no puede ser que este instituto solo tenga un 5% de dotación económica proveniente de los presupuestos públicos y que el 95 % restante provenga de la cuenta comercial, es decir, de la facturación de los hemoderivados sobre todo a los hospitales públicos pero también a los privados. Tal cosa requiere medidas legislativas para convertir al ICHH en una auténtica institución del sistema público de salud y por tanto 100% pública, dotada económicamente de modo total por los presupuestos de la sanidad pública, del Servicio Canario de la Salud, acabando con la figura de la facturación comercial de los hemoderivados. Este estatuto ya se contempla en otras CCAA.

Asumiendo lo difícil que es conseguir que no haya lucro con la salud y la enfermedad en medio de un sistema que consagra el lucro con todo lo que tenga a mano, está claro que globalmente la mejor forma de conseguir nuestro declarado propósito habrá de ser alcanzar un potente desarrollo de la Sanidad Pública de modo que no sea necesario recurrir a la privatización.

Opinamos que en estos términos, junto con campañas de información y fidelización, puede darse una plena coincidencia entre profesionales y la ciudadanía para solventar la situación de la hemodonación en Canarias.

En Canarias a 17 de junio de 2022

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

La pésima gestión sanitaria del Gobierno de Canarias

Con el informe sobre los Servicios Sanitarios de las CCAA de la FADSP, se demuestra una vez más la falta de compromiso de los diferentes Gobiernos de Canarias con la Sanidad y la Salud Publica, confirmando, también una vez más, la falta de una buena gestión, de una financiación suficiente y su clara apuesta por la privatización, lo cual nos hace seguir pensando en que o existen supuestos oscuros intereses o una clara ineptitud producto de evidente analfabetismo sanitario.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), consideramos que ya está bien de falsedades declarando que la Sanidad Canaria es magnífica y que va por buen camino. Con el nuevo Gobierno “PROGRESISTA” se levantaron las esperanzas perdidas durante muchísimos años, pero en una legislatura que está dando los últimos coletazos la desilusión por el fracaso total es una realidad y no es de extrañar, pues se ha escogido para dirigirla a los mismos elementos humanos que han llevado, desde hace años, a la Sanidad Canaria a estar en la cola de todas las CCAA.

Analizando algunos datos del Informe nos encontramos que a nivel global hemos bajado un puesto y somos la 3ª comunidad autónoma por la cola, desde 2009 estamos abonados a los últimos puestos y la mayoría de los años en último o penúltimo lugr:

Si hablamos de FINANCIACION Y RECURSOS, tenemos unos presupuestos per cápita insuficientes, en el puesto 12 de 17, en camas públicas la 13 de 17, en quirófanos 13 de 17, en médicos especialistas 11 de 17, en médicos de AP 15 de 17, en enfermería de AP 13 de 17.

En GASTO FARMACEUTICO, en el Hospitalario estamos siendo los 3º de mayor gasto y somos los7os que más lo hemos aumentado.

En OPINION CIUDADANA, SOMOS LOS ULTIMOS EN SATISFACION DE SERVICIOS RECIBIDOS Y DE FUNCIONAMIENTO Y LOS PENULTIMOS EN SATISFACCION GLOBAL.

En LISTAS DE ESPERA, en AP los 12 de 17, en demoras quirúrgicas esperamos una media de 144 días, somos los 6osº que más esperamos y en consultas para un especialista esperamos una media de 118 días, los que más espera tienen de todas las CCAA.

En cuanto a las PRIVATIZACIONES, somos la 3ª CCAA más privatizada.

Estos son alguno de los datos más relevantes, para completar información los remitimos al informe anual de la FADSP (Informe servicios sanitarios de las CCAA 2022 – FADSP) publicado el pasado mes de mayo. De todo lo dicho podemos sacar en conclusión que hay un déficit terrible de gestión, de financiación y si hacemos un recorrido histórica una falta de voluntad política de solucionar los problemas de la Sanidad y Salud Pública de Canarias. Así mismo, podemos concluir que el problema se ha hecho estructural por la desidia política de más de 10 años.

Así que de “PROGRESISTA” nada y más si como se ha conocido en los últimos días han disminuido los presupuestos de Dependencia en más de un 24%  que se traduce en una reducción de más de 40 millones de euros.

Así nos va con una Administración para la que el ciudadano de a pie no existe, solo existe, por lo visto, el empresariado y el negocio de las concertaciones y contrataciones que de “PROGRESISMO” no tiene nada. Con ese término ya podrán intentar engañar a personas muy despistadas, a la ADSPC no, desde luego, y como se indica en el Informe de la FADSP tampoco a la ciudadanía canaria, para la que nuestra sanidad es la última en el indicador de valoración ciudadana.

Ahora se acerca el momento de escuchar sus nuevas promesas y las falsas verdades ya que estamos a las puertas de unas nuevas elecciones, han perdido la credibilidad, como se refleja en otra encuesta de valoración ciudadana, la del CIS.

Tranquilos, ya viene El Carnaval y es tiempo de disfraces y máscaras, pero no cuela la de “PROGRESISMO”, de eso nada, sí la de “CONTINUISMO”, de eso mucho.

En Canarias a 6 de junio de 2022

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

“Caso mascarillas”, asumir responsabilidades y tomar medidas ya

La ADSPC exige al Gobierno de Canarias la destitución inmediata de los responsables políticos y que coadyuve a la vía judicial frente a las posibles responsabilidades penales.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), ante este caso encontramos que una vez más, el Servicio Canario de la Salud, la Consejería de Sanidad y por ende el Gobierno de Canarias, han hecho gala de falta de transparencia y de información completa y veraz, en la estela de otros como los “casos hemodiálisis y oncología radioterápica del Hospital Dr.Negrín”, enterándonos 2 años después de que se produjera esta presunta estafa, de 4 millones de euros por el pago de unas mascarillas que nunca llegaron, gracias a la denuncia de un particular y por la magnifica labor de investigación de medios de comunicación, El Cierre Digital, Canarias 7 y Canarias Ahora, cuya lectura recomendamos dada su completísima información. 

Los hechos son en opinión de la ADSPC de una gravedad extrema, al haberse producido durante la crisis del covid-19, cuando la población y los profesionales sanitarios estaban sufriendo los estragos de la pandemia. La Asociación considera aberrante e inmoral que en esos momentos tan aciagos hubiera personas queriendo aprovecharse de la situación para buscar su lucro personal, realizando sospechosas operaciones de compraventa de material sanitario de dudosa legalidad que fueron amparadas, cuando no facilitadas, desde la administración pública y a una ciudadanía con el mayor índice de pobreza, la cesta de la compra más cara y una Sanidad y Salud Pública a la cola de España siendo además de las más privatizadas. 

Resulta inaceptable la pérdida de tal cantidad de dinero público, que podría haber sido empleado para cubrir muchas de las necesidades que sigue padeciendo la ciudadanía canaria. Todo ello ha llevado a que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lo investigue desde el pasado 8 de abril y a que la Fiscalía Europea pida también una investigación que llega hasta el Presidente del Gobierno de Canarias y no solo por las mascarillas sino que también por los test diagnósticos y otras lindezas.  

Estamos ante unos hechos que solo se explican por presunta corrupción, por dolo o por negligencia e ineptitud e independientemente de que la Justicia intervenga, la sola pérdida de ese dinero, justifica la exigencia de “responsabilidades políticas” que deben recaer con carácter inmediato, en el Director del Servicio Canario de la Salud, el Consejero de Sanidad y el Presidente del Gobierno de Canarias. 

Además, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública reclama al Gobierno de Canarias que se transparenten todas las compras y contrataciones realizadas durante la pandemia, que quedan ahora bajo sospecha. Y pide que se esclarezcan todas las cuestiones aún pendientes de responder sobre el “caso mascarillas”. Entre ellas, por qué se realizaron los pagos cuando el Servicio Canario de la Salud ya conocía el fiasco, por qué se pagaron por adelantado unas mascarillas en octubre de 2020, cuando ya no había problemas de suministro ni estado de alarma que justificara contrataciones sin rigor. 

Más aún, por qué el Servicio Canario de la Salud continuó encargando material a RR7, la empresa intermediaria, después de haber incumplido el contrato. Por qué no se verificó la solvencia de la empresa, tal y como obligaba el procedimiento establecido para la contratación durante aquellas circunstancias excepcionales, por qué no se comprobó que RR7 no presentaba los mínimos requisitos de solvencia y por qué nadie se percató de que su objeto social nada tenía que ver con el sector sanitario, sino con la comercialización de coches. 

La ADSPC también pregunta los motivos por los que el Director del Servicio Canario de la Salud no denunció la estafa ante la Justicia, teniendo que enterarse la ciudadanía a través de la denuncia de un particular y por los medios de información y no por la acción del Gobierno. Cuestiona además el motivo de las dimisiones producidas en el área económica del Servicio Canario de la Salud. ¿Conocía el SCS el riesgo la operación de compra de las mascarillas? ¿Decidió realizar el pago pese a haber sido advertido por los técnicos? Y profundizando: ¿Qué y quién estaba detrás de todo esto?; ¿Qué tratos y acuerdos previos explican todo esto?. Hay muchas preguntas más que nos tendremos que hacer a medida que se vayan esclareciendo los hechos, si alguna vez se consigue. 

Sabemos que estamos a unos meses de unas elecciones y por eso desde la ADSPC exigimos transparencia en la rendición de cuentas, honradez en la adopción de medidas políticas sobre los responsables políticos de los hechos denunciados y justicia para el castigo de los presuntos culpables de hechos delictivos. Sin esos requisitos lo único que se fomenta es el descrédito de las instituciones políticas y judiciales. 

En Canarias a 23 de mayo de 2022

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